Las falsas autopsias de la Dictadura (versión completa)

¿Qué tienen en común casos como el de Salvador Allende, Alice Meyer, Rodrigo Anfruns, Carmelo Soria o la copiapina Gloria Stockle, así como el presidente Eduardo Frei? Además que todos ellos murieron en extrañas circunstancias entre 1973 y 1990, durante el gobierno militar, las autopsias practicadas a sus cadáveres presentan errores injustificables que impidieron juzgar a los verdaderos culpables.

Gloria Stockle Poblete, joven nortina de 21 años, que nada se relacionaba con la política, es una de las pocas víctimas de la violencia de los años de la dictadura cuyo deceso se pudo certificar dentro un recinto militar.

Fue en el interior del casino de oficiales, año 1984, en el transcurso de una fiesta de capitanes y tenientes. Su cuerpo, agredido hasta el cansancio, apareció en las orillas del río Copiapó y la prensa de entonces informó que podía haber sido “atropellada por un camión”.

Con el correr de los días y el impacto que provocó su muerte, fueron apareciendo nuevos antecedentes que situaron a la joven en otro lugar, el recinto militar, pero los investigadores de entonces detuvieron a un supuesto pololo, el que había estado con ella 24 horas antes de su muerte, un día viernes en la noche.

El protocolo de autopsia realizado en Copiapó fue analizado en Santiago por los doctores Alberto Teke y José Belleti, quienes situaron la muerte de Gloria Stockle en la madrugada del sábado, lo que inculpó al joven y permitió a las autoridades de la época respirar con alivio por algunas horas.

Afortunadamente para el detenido, muchas personas la vieron el sábado en la tarde y otras tantas, luego, contaron con detalles su presencia en el casino de oficiales en la noche. Es decir, no pudo morir un viernes quien estaba viva el sábado.

Tal vez fue sólo un error tipográfico, se quiso escribir 29 y se apretó 28, pero en un documento de tal magnitud es un error imperdonable. No sólo eso, a diferencia del médico copiapino que realizó la autopsia, los mencionados Teke y Belleti sostuvieron que la probable causa de muerte era un golpe sobre “una superficie dura y lisa”.

Con el correr de los años, dos oficiales y un comerciante asiduo visitante del regimiento fueron procesados como autores del homicidio, pero el caso continúa sin resolverse porque, como dijo el detective que pesquisó el hecho, “la verdad huye”. Especialmente cuando los análisis forenses y sobre el sitio del suceso, que hablan del hecho, no se realizan con rigurosidad.

Una de las tesis que se utilizó en la causa era que Gloria había caído a la piscina que, curiosamente, se encontraba sin agua en febrero. El doctor local que hizo la autopsia, años más tarde diría que “hubo otro experto que hizo todo lo posible para determinar que la muerte era accidental, trató de tergiversar o rebajar el hecho”.

MEDICINA FORENSE

El hoy Servicio Médico Legal, dependiente del ministerio de Justicia y dirigido por Patricio Bustos Streeter, fue fundado en 1915 con la misión de “asesorar técnicamente a los Tribunales de Justicia del país”.

La actividad forense, según rememora la misma institución en su página web, se remontaba en el país a la primera mitad del siglo XIX “cuando al ser creada la Escuela de Medicina, consideró en su currículum un curso teórico de Medicina Legal, mientras desde el punto de vista práctico, los ‘médicos de ciudad’ de la capital se encargaban de la realización de las autopsias, en la Morgue situada en la calle Teatinos, a un costado de la Cárcel Pública”.

En la actualidad, con sucesivas reformas y modificaciones legales, el organismo se estructura a través de una sede central, ubicada en Santiago y por treinta y siete establecimientos regionales y provinciales, 13 de ellos instalados en las capitales regionales.

Para el experto forense Luis Ravanal, médico cirujano que trabajó 10 años en el Servicio, sin embargo, la historia de éste se ha ido “haciendo a pulso” y que cualquier análisis de su accionar debe considerar que como todas las entidades similares en América Latina partió como una rama más bien marginal.

“Nadie quiere vincularse con esto, porque por un lado es una actividad considerada desagradable, de ver lo que nadie quiere hacer: ver cadáveres o delitos de violaciones. Entonces, de por sí, no es atractiva, es algo antinatural. Por otro lado, es una actividad rechazada en general por los médicos, o sea vincularse también a participar en juicios, con todo lo que eso implica. Por lo tanto, esos son factores que mantuvieron un retraso en el desarrollo de esta disciplina”, dice el experto, máster en medicina forense.

Hasta hace unos años, sin una preparación especial en la materia, prácticamente los forenses se hacían en la entidad, se iban autoformando y, en general, eran peritos creados bajo una modalidad llamada “adiestramiento en práctica”, cuenta Ravanal. Y agrega: “Uno ingresaba, y a medida que iba ganando experiencia, después de un año, por lo menos acá en Santiago, empezaba a hacer autopsias, siempre supervisadas por algún perito de mayor experiencia”.

No fue raro, entonces, que se conformara un grupo con determinadas características y que, ya en los 70, fueran amos y señores en la medicina legal chilena y hoy, a través de la academia o la práctica forense, siguen marcando la pauta de lo que debe o no hacerse en la materia.

Pero, sin duda, la historia más negra del servicio comenzó en 1973, el 11 de septiembre, cuando por “temor o comodidad”, como señala la periodista Nancy Guzmán, los directivos de la entidad empezaron a mirar al techo, realizar autopsias superficiales, esconder cuerpos o enterrarlos como NN, rendirse ante las presiones del entonces coronel Manuel Contreras o responder a las directrices de llamado “delegado del Gobierno” en el otrora Instituto.

El CADAVER DE ALLENDE

El ginecólogo del Hospital Militar, José Luis Vásquez Fernández, fue quien firmó la autopsia del diplomático español Carmelo Soria. El documento planteó que su muerte, ocurrida en julio de 1976, se produjo por un accidente automovilístico a pesar de que luego se estableció que fue salvajemente torturado en la casa que la DINA tenía en Lo Curro y que ocupaba Michael Townley.

El cuerpo del diplomático presentaba, además, lesiones en el cuello que no eran concordantes con un accidente o, mejor dicho, las de accidente se superponen a las concordantes con maniobras de presión y/o compresión en torno al cuello. “¿Estrangulación?”, se pregunta Ravanal. Tanto es así que los querellantes del caso, en 1977, hablaron derechamente de “aspectos oscuros” en la pericia practicada sobre el cadáver de Soria.

Además, al doctor Vásquez, le tocó certificar la data de muerte de Rodrigo Anfruns, en 1978 y practicó la polémica autopsia al cadáver del ex presidente Salvador Allende en 1973.

Respecto al niño, cuyo secuestro y homicidio aún no se esclarece, tras 32 años de su ocurrencia, el médico dijo en una segunda autopsia que el menor murió el mismo día de su desaparición. Pero, las señales del cuerpo, interpretado el protocolo de autopsia por otros expertos, muestran que Anfruns habría fallecido apenas 24 horas antes del hallazgo del cuerpo. Tal situación, sin duda es importante, porque reforzaba la tesis de que el asesino había sido otro menor, en ese entonces conocido como P.P.V, quien nunca pudo tener secuestrado a Rodrigo por tantos días.

Para el abogado de esta causa, Roberto Celedón, por estar ligado al Ejército y que su versión obedece a la verdad que servía a los aparatos de seguridad con los que estaba vinculado, Vásquez no goza de la “credibilidad necesaria para formarse una convicción”.

En el caso de Allende, el mencionado Vásquez es el autor del informe número 2449/73 del Instituto Médico Legal, también firmado por Tomás Tobar Pinochet y supervisado por los jefes de Sanidad de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas.

Este informe asegura que la causa de muerte de Allende era “una herida de bala cérvico-buco-cráneo-encefálica, reciente, con salida de proyectil, producida por un disparo “de corta distancia en medicina legal” probablemente, “con el cañón del arma directamente apoyado sobre los tegumentos (tejidos)” y “que ha podido ser hecho por la propia persona”.

Al conocer estos resultados, sumado a los antecedentes de Vásquez en el caso Anfruns, los abogados Roberto Celedón y Matías Coll encargaron al médico forense ya citado, Luis Ravanal, que realizara un análisis médico legal de los documentos relacionados con la autopsia de Salvador Allende.

El experto utilizó un método de análisis que consistió en evaluar los elementos de la misma autopsia para determinar si las pericias se ajustaron al procedimiento científico y si las conclusiones médico legales tenían sustento en los hallazgos escritos del peritaje y del sitio del suceso.

El perito encontró “omisiones técnicas relevantes en el informe”, ya que el cadáver del ex mandatario no fue fotografiado, de acuerdo al reglamento (obligatorio desde 1943) y ésto, desde la perspectiva técnica “impide la confirmación diagnóstica de los hallazgos macroscópicos de las lesiones que se describen”.

También, agrega: “Pero en el presente caso, dado que el Informe de Autopsia omite, además, la descripción de varios segmentos corporales, como cuello, abdomen, genitales y extremidades, la falta de un registro fotográfico de esas zonas corporales, hace imposible verificar la existencia o ausencia de lesiones en esos segmentos”.

Además, la pericia se realizó en el pabellón de Otorrinolaringología de un recinto militar, lo cual no corresponde al reglamento vigente de esa época, que ordenan que las autopsias se deben efectuar en las sedes del Instituto Médico Legal.

Según Ravanal, ese hecho “no podía garantizar a los peritos la debida independencia y autonomía en el cumplimiento de su misión, más aún cuando de acuerdo al informe, la autopsia “fue presenciada por un reducido grupo de personalidades debidamente autorizadas por el señor Fiscal, instructor de la causa, los que no se identifican”.

Entre las conclusiones a las que llegó el médico legista al revisar estos documentos, es que las lesiones descritas en el informe de autopsia de Allende no son compatibles con un disparo de tipo suicida y dado que no se describen signos de vitalidad en la herida submentoniana, es posible dilucidar que se trata de una herida post-mortem. Otro elemento importante, que Ravanal destaca en su informe, es que “se constata la existencia de al menos dos impactos de bala ocasionados por armas de fuego diferentes”.

Ravanal, entonces, máster en medicina forense y experto en la materia, recomendó la realización de un segundo análisis de los restos “a fin de establecer con precisión la causa y naturaleza de la muerte” de Allende.

La familia de Allende, entre ellos su hija Isabel y el nieto Gonzalo Meza, rechazaron la conclusión de Ravanal y la primera, incluso, sostuvo que eran “absurda, e incapaz de resistir el (menor) análisis”.

Hasta la fecha, el cadáver de Allende nunca ha sido sometido a una autopsia que ratifique o rectifique la practicada el 11 de septiembre en el Hospital Militar, el mismo lugar que hoy es nuevamente cuestionado por sus prácticas y que, cómo señaló el actual director del Servicio Médico Legal, no cumplía en 1973 con las condiciones necesarias para realizar el peritaje y contravenía, además, el código sanitario.

EL SUICIDIO QUE NO FUE

El médico legisla Luis Ravanal, también realizó un análisis al protocolo de autopsia de José Tohá y descartó el suicidio, versión oficial que surgió apenas el ex ministro de Interior y Defensa de Salvador Allende dejó de existir en el Hospital Militar de Santiago, luego de un traumático paso como prisionero político en la Isla Dawson.

“La causa de muerte es la asfixia por estrangulamiento” y “no existen huellas de violencias atribuibles a terceras personas” concluye el informe del doctor Alfredo Vargas Baeza, entonces director de la morgue y que, según el libro “Un grito desde el silencio”, de la periodista Nancy Guzmán, le correspondió meses antes de esta autopsia sepultar como NN a los miristas Bautista van Schouwen y Patricio Munita por orden de la DINA convirtiéndose “por miedo o comodidad” en cómplice del organismo que dirigía Contreras.

Para Ravanal la muerte de Tohá se produjo por “asfixia por estrangulamiento manual de naturaleza homicida”.

Esta vez el experto, que trabajó conjuntamente con el abogado de Nelson Caucoto, no estuvo solo y además contó con el apoyo de la familia de la víctima. Y, además, su apreciación fue confirmada por otro perito. “Había huellas de estrangulamiento previas a la maniobra de haberlo colgado ahí, y aparentar un suicidio. Sobre eso se tomó fotos, del surco completo del cuello y esas fotos las hicieron desaparecer después los militares que estaban ahí, interviniendo la investigación”, señaló el médico Alfonso Chelén, especialista de la Brigada de Homicidios de la PDI en 1974 y que, señaló a radio Cooperativa, fue despedido al plantear que Tohá, no se suicidó, sino que fue asesinado.

El criminalista responsabilizó al equipo médico del Hospital Militar, liderado por Patricio Silva Garín, quien además está procesado por el homicidio del ex presidente Eduardo Frei Montalva, cuya autopsia no autorizada por la familia y practicada por los doctores Rosenberg y González del Hospital de la Universidad Católica, estuvo oculta durante más de 20 años para impedir una investigación a fondo sobre su muerte.

Frei Montalva murió el 22 de enero 1982, en la clínica Santa María. Según la versión de la época, la causa del deceso fue una infección generalizada que lo aquejó tras la operación de una hernia al hiato. Actualmente, según los abogados de la familia del ex mandatario, está establecido judicialmente que fue asesinado por envenenamiento mientras estuvo hospitalizado. La importancia de la autopsia, de cuya realización la familia se enteró en 2002 es que se usó, en realidad, para extraer sangre y órganos e inyectar formalina, con la finalidad de ocultar el envenenamiento y entorpecer una investigación futura.

En el caso, del ex ministro José Tohá, no sólo se manipuló la pericia al cadáver sino que se descartó la evidencia que arrojaba el sitio del suceso. Chelén afirmó a la prensa que Tohá “(estaba) acomodado de una manera, apoyado el brazo en una de las bandejas del ropero con su propia correa, que apenas tiene una pequeña vuelta que si se hubiera colgado de ella, seguramente esa correa se habría soltado”.

También agregó que la muerte del ex ministro de 1,92 metros de estatura fue perpetrada por terceros y que se intentó ocultar por medio de un montaje “absurdo y evidente”.

A raíz de estas pericias, a diferencia de lo ocurrido respecto al cuerpo de Allende, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la exhumación del cadáver del ex secretario de Estado y la reconstitución de su último día en el Hospital Militar, actividad que se realizó el miércoles 24.

NO SON ERRORES

A Ravanal, que ha sido una pesadilla para algunas pericias del SML y que además trabaja tanto para la fiscalía como la defensoría, lo primero que le llama la atención en los casos expuestos y otros emblemáticos ocurridos durante la dictadura, es que los nombres de los peritos son casi siempre los mismos.

“Hay un grupo específico, un círculo muy circunscrito de peritos, que se repiten en estos casos. Se altera el procedimiento rutinario, es decir, se interrumpe la secuencia de órdenes en el sistema de turnos, se saca o se adelanta la intervención de este perito en determinados casos. Se los lleva fuera de sus lugares de trabajo para hacer esas pericias, no las realizan los que estaban en el turno o los que deberían seguir la secuencia. Eso ya implica un elemento irregular. Por qué seleccionar a determinados individuos”, dice.

Pero no sólo es eso. Le llama la atención que en los casos que ha investigado, al ver los registros de autopsia, suele no existir material fotográfico. “En casos criminales comunes, accidentes o muertes naturales las hay. Y en éstos, tan importantes, como la autopsia del ex Presidente de la República o de Tohá, casos que por último han tenido connotación pública, no hay registro fotográfico”. Tampoco, en el caso Anfruns o en el proceso del asesinato Alice Meyer, donde solamente están las fotografías del sitio del suceso, que son realizadas por peritos de investigaciones, no por los médicos legistas del SML.

La doctora América González, por ejemplo, contratada en dictadura para ejercer funciones en el Servicio Médico Legal certificó como “muerte súbita” lo ocurrido a Carlos Godoy Etchegoyen, brutalmente torturado y al que se le aplicó electricidad en la comisaría de Quinteros en febrero de 1985. Según el Informe Rettig “sus antecedentes médicos previos y los protocolos de autopsia”, no dejan dudas de que su muerte “fue causada por las torturas que se le infligieron por parte de agentes estatales en violación de sus derechos humanos”. Carabineros, en ese entonces, señaló que su muerte se produjo por una afección cardiaca. También la experta forense.

En otra pericia, la doctora González, dijo que Cecilia Magni, la comandante Tamara del FPMR, se habría ahogado en el río Tinguiririca en 1988 y, si bien dio cuenta de las flagelaciones que tenía el cadáver, certificó que ellas (“recientes, vitales y coetáneas”) eran “posibles de explicar por el arrastre del cuerpo por las aguas y otras causas”. A la misma conclusión, respecto de Raúl Pellegrin, el comandante José Miguel, llegaron los doctores Raúl López Martínez y María V. San Martín Herrera.

“Uno ve una serie de situaciones que son un patrón que se repite, irregular, atípico y que va contra los protocolos estandarizados a nivel internacional de lo que debe ser un buen procedimiento, y no estoy hablando de uno sofisticado, me refiero a procedimientos básicos”, dice Ravanal.

Esto, para el experto, “no solo implica una impericia o un mal procedimiento, sino también invariablemente la voluntad del perito, del médico que interviene, para dejar afuera elementos que permiten a su vez corroborar o confirmar cuál ha sido su dictamen, su opinión técnica. Con eso también pone una barrera y sabe que lo hace, porque con eso se está imposibilitando un buen análisis”. Y sentencia: “no puede aceptarse racionalmente que sea un acto involuntario, considerando la importancia que tiene y lo primero que se enseña al perito, por muy elemental que sea, la importancia de sustentar técnicamente la causa de muerte”.

Según Ravanal, en dictadura, todo el sistema estatal que estaba bajo el control de las fuerzas armadas operó de esa forma. “El SML que tuvo sus jefaturas también a cargo de personal militar, se sumó a una serie de actuaciones, todo formaba parte de una cadena. Por lo tanto, era más fácil omitir o dejar de investigar, y por lo tanto, de alguna forma facilitar la destrucción o la pérdida de evidencia, sabiendo que el cuerpo humano es una estructura que requiere, para un diagnóstico certero, la más inmediata intervención”.

OTROS CASOS

La situación empeora cuando se piensa si se actuó de esta forma en casos gravitantes qué queda para otros, menos conocidos o que ocurrieron en los momentos más duros del régimen militar.

Numerosos cuerpos, en los primeros años, pasaron por el SML, algunos fueron identificados y otros no. Muchos errores de hoy, dicen, podría deberse a que en el pasado, ex profeso, se mezclaron restos o se armaron cuerpos con fragmentos de diversas personas.

“El sistema fue muy ‘efectivo’ para, de alguna forma, borrar incluso a personas”, reflexiona Ravanal. Y agrega: “lo triste es que sigue operando sin mayores modificaciones. Si uno ve el SML hoy en día se mantiene, respecto a lo que es Tanatología, igual como lo ha hecho los últimos 20 o 30 años. Los mismos personajes, algunos de ellos, que actuaron en los casos discutidos, hoy en día siguen ejerciendo, sin ningún cuestionamiento técnico, ni siquiera de la propia institución. No me cabe duda que las autoridades del SML saben perfectamente quienes son, y aún los que mantienen esos cargos siguen realizando autopsias”.

Mientras, como en el caso de José Tohá, los cuerpos seguirán hablando y con ello se podrá, al menos, reconstruir una verdad histórica e ineludible.