Así fue la razzia UDI en la Universidad Católica tras el golpe de 1973

Por Equipo El Periodista

«Jorge Swett Madge fue nombrado Rector por Decreto Ley Nº112 el 14 de noviembre de 1973. Su primera actitud fue entrar a conocer, en el menor tiempo posible a los miembros de la Universidad (directivos, académicos, administrativos y dirigentes estudiantiles).

Los primeros años del nuevo rectorado fueron exitosos en muchos aspectos, ya que se alcanzó un alto nivel de planificación y coordinación en la vida universitaria, la consolidación y estímulo de diversos programas en el campo de la docencia, investigación y extensión, el desarrollo de una moderna administración financiera y presupuestaria, el perfeccionamiento de los servicios de bienestar a nivel estudiantil y de personal».

Así da cuenta la versión oficial de la Universidad Católica de la historia que comenzó a vivir esa casa de estudios cuando terminó abruptamente el rectorado del arquitecto DC Fernando Castillo Velasco y comenzó la llamada era militar dentro de la institución católica con el reinado del vicealmirante Jorge Swett Madge.

A diferencia de su antecesor, que impulsó la Reforma con nuevos académicos pero manteniendo a los antirreformistas, el marino inició las modificaciones purgando a la UC de marxistas y académicos DC, incluso independientes que no compartían las directrices del gobierno que se había entronizado el 11 de septiembre de 1973.

Swett, en su alto cargo, fue rodeado por aquellos que desde los 60 y de la mano de Jaime Guzmán Errázuriz, bajo el rótulo de gremialistas, hacían política dentro de los claustros universitarios y comprendieron que la llegada de los militares les abría una posibilidad de acceder al poder.

Según el sociólogo Carlos Huneuss los seguidores de Guzmán, que habían aprendido de la lucha universitaria la importancia de controlar la dirección de la casa de estudios para fortalecer su acción política, entraron a ocupar los principales cargos académicos y de administración cuando el régimen militar intervino.

El nuevo equipo de rectoría, con una fuerte influencia gremialista y de jóvenes que luego fundarían la Unión Demócrata Independiente, expulsó entre 1973 y 1976 a los académicos que se oponían a su proyecto y desplazó de los cargos de dirección a la gente de confianza del arzobispo de Santiago, cardenal Raúl Silva Henríquez, obligándolo a alejarse de la Universidad Católica.

Una verdadera razzia, apoyada por la Feuc -también en manos de futuros UDI- en un lugar que, durante años había generado un alto grado de convivencia y tolerancia académica. Los estudiantes, que habían ganado grandes de espacios de decisión y que habían obligado a que un laico como Castillo Velasco ocupara la rectoría, tuvieron que resignarse a que ni siquiera pudieran elegir al presidente de la Feuc.

Swett, luego de asumir, intervino la Federación y designó como presidente de esa entidad estudiantil a Arturo Fontaine Talavera, hombre clave dentro del Centro de Estudios Públicos y que fue sucedido en su cargo, en 1974, por el ahora ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet.

En 1975 la Feuc fue presidida por Miguel Allamand y luego, en 1976 y 1977, el cargo fue detentado por los actuales senadores de la UDI, Juan Antonio Coloma y Andrés Chadwick. Por su parte, otro senador de la UDI, Carlos Bombal, por esos años se desempeñó como secretario del rector-vicealmirante.

Más de 15 personas, entre estudiantes y profesores de la UC, pasaron en esos años a formar parte de la lista de personas detenidas desaparecidas. Uno de los casos más emblemáticos, sin duda, corresponde al del docente comunista Alejandro Juan Avalos Davidson, de treinta años, quien fue detenido por la DINA el 20 de noviembre de 1975 cuando se desempeñaba todavía como «profesor investigador de la Universidad Católica».

Según el proceso que se abrió por la desaparición de Avalos, donde está registrada la declaración del ex senador Bombal, éste -en calidad de jefe de gabinete de Swett- atendió el 3 de noviembre de 1975 a dos personas que se presentaron ante el rector y que dijeron ser de la DINA. Swett le habría indicado a Bombal que les entregara toda la información que tenían sobre el profesor buscado, cosa que Bombal hizo, sin alertar luego a su compañero de trabajo y a pesar de que los agentes le dijeron que tenían la orden de detener al profesor sin testigos. El que fuera en los 80 alcalde de Santiago, incluso, sostiene en su declaración que él era quien atendía «normalmente» a los funcionarios de la DINA que requerían información.

Swett confirmó la versión de Bombal y Francisco Julio Bulnes Ripamonti, secretario general de la UC, expuso en su declaración judicial que en cuanto a la detención del afectado, no la presenció, pero sí supo por Bombal que un funcionario de la DINA le había informado que Avalos había sido detenido por ese organismo.

Por esos días de 1975 otro profesor de la Católica, Jaime Ignacio Ossa Galdames, también fue arrestado y murió en Villa Grimaldi producto de las torturas a las que fue sometido.

Mientras tanto, nada se supo hasta que en marzo de 1990 su cuerpo apareció en un recinto que perteneció al Ejército junto a otros dos cadáveres de personas detenidas desaparecidas.

LA OBRA GRUESA

Según Huneuss los gremialistas, bajo el liderazgo de Jaime Guzmán, tuvieron por misión establecer la arquitectura jurídica de la democracia protegida y esa obra, sin duda, fue realizada conjuntamente entre economistas y dirigentes políticos, unos en el gobierno y otros en la Universidad Católica.

No es extraño, entonces, que desde Odeplan -lugar donde reinaba Miguel Kast- se hayan entregado recursos a la UC por más de 12 millones de dólares entre 1973 y 1985. Lo raro es que, por esos mismos años, la Universidad de Chile no logró convenio alguno con la oficina de planificación que lideraba Kast. Desde los 60 que Guzmán había hecho su nido en la UC y sus polluelos levantaron vuelo en los 70.

Si el líder gremialista fue presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho, al igual que Jovino Novoa y Miguel Kast -este último de Economía y posteriormente en la FEUC-, el personaje clave del gremialismo en la conducción universitaria, una vez que llegó Swett, fue el actual senador Hernán Larraín quien, entre otros cargos, fue presidente de la Federación de Estudiantes entre 1969 y 1970.

Desde 1971 hasta la fecha, Larraín desempeña labores docentes en la Facultad de Derecho de esta universidad, siendo nombrado Profesor Titular en 1984. También fue Director de Estudios y Planificación, entre 1974 y 1976, año en que asumió la vicerrectoría de Comunicaciones hasta Noviembre de 1979 cuando pasó a desempeñarse como vicerrector Académico, hasta abril de 1986.

Es decir, junto a Carlos Bombal, el senador por la VII región necesariamente tuvo que vivir y decidir la suerte de académicos y funcionarios -cerca de 300 según nuestros informes- que debieron dejar la Universidad Católica por razones de exilio, cárcel, exoneración o muerte.

A pesar de ello, cuando el Estado promulgó la ley que financiaba el regreso de aquellas personas que habían sido exoneradas durante el régimen de Pinochet, el rector Juan de Dios Vial Correa sostuvo que la UC no requería fondos, simplemente porque persona alguna había sido víctima de una situación tan injusta. ¿Ninguna?

LA LISTA DEL 71

Durante la Reforma universitaria de mediados de la década de los 60, al médico Juan de Dios Vial le cupo un papel no menor: se presentó a las elecciones para la rectoría de la Universidad Católica en representación de la facción gremialista. Su contendiente, ese año 1967, era el arquitecto Fernando Castillo Velasco.

El arquitecto demócrata cristiano superó en la votación al médico, dando comienzo a un proceso de cambios inéditos en la UC. Castillo Velasco era el primero, y sería el último rector elegido por la votación popular de los distintos estamentos universitarios -académicos, funcionarios y estudiantes.

Desde entonces, la pluralidad ideológica y la sostenida participación de toda la gama del espectro político, condujeron a la celebración de las elecciones de miembros del Claustro universitario en 1971. De esta instancia, multánime y multipartidista, serían elegidos un cierto número de representantes que deberían discutir las políticas de la universidad, para luego aprobar las que conformarían parte del programa de la rectoría.

Para esa elección se presentaron once listas de candidatos. El Frente Académico Progresista; el Frente Cristiano de la Reforma; el Movimiento Gremial UC; la Unidad Popular, junto a otras siete listas, contendieron en esa oportunidad.

Una de estas últimas, la del Frente de Trabajadores de Izquierda con la Reforma conformada por 27 personas, entraría tras el golpe a los anales de la historia de la infamia.

Ese futuro comenzó el 16 de enero de 1976, cuando el administrador general del Campus Apoquindo, Ignacio Reinales, concurrió a la oficina del remitente de la carta que lo dejaba sin trabajo. En el despacho se encontró con más de una docena de personas que estaba en su misma situación. A todas se les había despedido por razones «presupuestarias». Pero un detalle atrajo su atención: la mayoría de los que allí se encontraban había pertenecido al Frente de Trabajadores de Izquierda con la Reforma, la lista B, una de las que respaldaba la administración y gestión del rector Fernando Castillo Velasco.

Desde el 12 de septiembre del año 1973, recuerda Reinales, fueron cientos las personas que dejaron la UC, ya sea muertos, desaparecidos, torturados, despedidos, exonerados. «El rector, los vicerrectores; todos fueron despedidos. Son abolidos los sindicatos de los funcionarios administrativos, los de los auxiliares, los del hospital, las jefaturas administrativas…». Entraban las tropas a la Universidad. Y las delaciones, las intrigas soterradas y los silencios comenzaron a apoderarse del ánimo de los que quedaban.

El nuevo rector -designado- era el vicealmirante en retiro Jorge Swett Madge; quien regiría los destinos de la UC, desde el 73 al año 89.

No obstante, el comienzo de la dictadura en la UC no significó apremios directos e inmediatos. Reinales rememora su caso: «Tuve información de personas con los que tenía excelentes relaciones: `Mire, tenga cuidado, porque hay comentarios de que el cargo suyo tiene mucho poder y autoridad moral. Quieren retirarlo del cargo'». Como administrador general del Campus Apoquindo, Reinales representaba un nexo demasiado fuerte entre todos los estamentos.

Tal era la influencia del administrador, que el año 75, el decano de la facultad de Arquitectura le dijo, según recuerda: «Tenemos problemas presupuestarios. ¿No habría la posibilidad que usted hablara con el vicerrector de Asuntos Académicos para solucionarlo?».

Llevó la carta. A los pocos días el director general del Campus, Alberto Handerssen Bentjeres lo llama a su despacho y le dice: «Esta carta es un atrevimiento, porque usted, por su posición política y su condición de funcionario no tiene por qué tener representación». Handerssen, puesto allí por Swett, se desempeñó posteriormente en la empresa Adimark. En la década de los 80′ fue expulsado de su cargo en la UC, luego de que se supiera que la entidad financiera La Familia -de la que era socio junto a otros «ejecutivos» de la facultad de Economía de la UC-, había estafado a un gran número de personas; entre ellas al primer ganador de la Polla Gol, un carpintero de apellido Cárdenas.

EL ESTIGMA

«La estigmatización hacia nosotros fue enorme -señala Reinales- después del despido por razones `presupuestarias'». En las entrevistas personales, afirma, «al saber que éramos exonerados, aunque presentáramos los documentos que acreditaban que habíamos sido removidos por razones presupuestarias, se nos hacía a un lado: nadie podía creer que no hubieran echado por eso». En una empresa vitivinícola en la que estaba por colocarse, comenta, «una semana después de ser aceptado, me dijeron que uno de los socios, que era académico de la Escuela de Agronomía de la Católica había dicho que `no quería a ningún marxista ni revolucionario dentro de su empresa'». Reinales no es marxista, ni lo fue. Era y es simpatizante de la DC.

Los potenciales empleadores no sólo no creían eso de las «razones presupuestarias»: tampoco se daban el trabajo de imaginar que la razón esgrimida era un mero pretexto demostrable por el hecho de que «designaron a un administrador inmediatamente después de haberme echado», denuncia Reinales.

Miguel Medina no figuraba en la lista B, pero también recibió las cartas ese enero del 76: era sindicalista.

«Estábamos tensos, no sabíamos qué iba a pasar con nosotros», señala, recordando los días posteriores al Golpe de Estado. El año 1968 se había incorporado a la casa central de la UC como auxiliar del Departamento de Mantención. Después fue secretario de la repartición. En el año 1970 pasó al puesto de control de medidores: agua, teléfono y gas de toda la universidad. «Yo hacía los prorrateos de cada unidad», especifica.

«A mí me extrañó mucho que nos demoraran tres años; que no nos echaran al tiro», piensa. Tal vez los compromisos contraídos con antelación por la UC, y su experiencia en el trabajo, lo hacían imprescindible hasta ubicar a otra persona. Por eso supone que los motivos «presupuestarios» eran una farsa. Luego de ser exonerado, su plaza fue ocupada de inmediato.

Medina, no sólo trabajaba para la UC: también estudiaba dibujo técnico en la noche en sus aulas. «No alcancé a terminar», dice. Sus estudios incompletos y su condición de exonerado no le permitieron conseguir trabajo durante muchos años. Sus conocimientos, no obstante, le permitieron trabajar en dos empresas de diseño por algún tiempo.

Su mayores pecados fueron ser tesorero en su agrupación sindical, ser simpatizante socialista y su amistad con el diseñador gráfico Sergio Bravo, que trabajaba en la vicerrectoría de comunicaciones, quien fuera detenido poco después del golpe y enviado al Estadio Nacional.

A Carmen Barrales también le costó mucho encontrar trabajo. «Después de muchos años de vagar logré entrar al POJH (Plan Obrero para Jefes de Hogar) bañando perros para un departamento de higiene ambiental de una municipalidad».

Barrales ingresó en el año 49 a trabajar en la UC. Y vio a los obreros de la Católica «en condiciones miserables. Por eso me afané en organizar los sindicatos en la Universidad; para lograr una vida digna para esas personas de esfuerzo», confiesa para agregar: «Fundé el primer sindicato de trabajadores, docentes y administrativos. Después formamos el sindicato de empleados particulares».

Con ese sindicato, señala, «logramos la primera planta administrativa, el casino, equipos e instrumentos de trabajo, la fundación del DUOC para los obreros y los campesinos. Conseguimos unas hermosas cabañas de veraneo en las Rocas de Santo Domingo, y gracias a una gestión de Fernando Castillo Velasco unos terrenos para un plan habitacional en la Villa la Católica».

Los logros de la plana administrativa y obrera de la UC, se mantienen vivos en la memoria de Barrales, como así también la historia de la universidad previa a la dictadura: «La Católica preparó con mucha anticipación el Golpe. La Universidad fue primero invadida por el lumpen que trajo el sindicalista Guillermo Medina desde Rancagua y después por los de Vilarín, el dirigente del transporte».

La que fuera hasta el año 1976 secretaria del decano de la facultad de Ingeniería del campus San Joaquín, Karl Lüders -hermano de Rolf Lüders, biministro de Pinochet-, recuerda que poco antes del Golpe, en la casa central de la UC, los esbirros de Medina y Vilarín «andaban cargados con dinamita. Nos intimidaban mostrándonos pistolas. Les llegaban en camiones carnes, mariscos, whisky y prostitutas». Además, cuenta, les proporcionaban los diarios y el dinero para subsistir. «Era el apoyo del gremialismo a todas las acciones en contra de la Unidad Popular», afirma.

Después del 73 la cambiaron de sitio y actividades innumerables veces; hasta el 76. Su condición de representante ante el Consejo de Rectores hasta el año 73, el incuestionado desempeño como secretaria de Lüders, la figuración pública y sus reiteradas conversaciones con el gremialista Jaime Guzmán, tal vez protegieron a Barrales de correr una suerte más infausta.

Aún así, dice: «El 17 de enero del 76 yo quedé de brazos cruzados. Con mi madre con un cáncer terminal y mi padre accidentado y con una casa que tuve que vender; una casa que me había costado todos los años de servicio».

Otro de los exonerados es Manuel Ramírez, un mueblista que comenzó a trabajar en la UC como obrero el año 67 en el Departamento de Mantención. «Tuve el cargo de presupuestos de muebles y obras menores, hasta el año 74. Y ahí postulé a un cargo en la dirección general estudiantil como encargado de la administración de salas y aulas de la UC». Ramírez señala que éste era un trabajo «de mucha diplomacia, porque a veces personajes importantes llegaban y se tomaban las salas para hacer sus clases. Me tocó hablar muchas veces con el profesor de Derecho Jaime Guzmán y con Jorge Medina, cuando era profesor de la facultad de Teología».

Después del 73, relata, «comencé a echar de menos a muchos profesores y alumnos». Recuerda con especial recogimiento al profesor del Instituto de Letras, Ignacio Ossa Galdames, «al que mataron con torturas. Apareció muerto en la morgue. Nunca hubo pronunciamiento de la Universidad por ese caso», reprocha.

Fue secretario del sindicato de obreros entre el año 65 y el 67. «Y también representante ante el Consejo Superior, en reemplazo de Carmen Barrales. Ese fue mi prontuario». Un «prontuario» que sólo le permitió trabajar en el diario Fortín Mapocho como corrector de pruebas primero y en producción después, entre los años 1987 y 1991; debido a los cursos de sociología que empezara en la UC antes del Golpe. «Un amigo me llevó a la Sigdo Copers en los 80. Al saber eso de que era exonerado de la UC, me dijeron que no podía postular a ningún cargo en la empresa», se lamenta. Hasta hoy sólo realiza trabajos esporádicos.

LOS EXONERADOS DE VIAL

Por esas vueltas del destino, los hijos de Manuel Ramírez y Miguel Medina estudian en la Universidad que administrara hasta hace tres años,Juan de Dios Vial Correa; ex rector que a juicio de los entrevistados, «no hizo nada por asumir los derechos que nos corresponden», enjuicia Reinales

Según Reinales, Medina, Barrales y Ramírez, el rector asumió con la democracia, pero no con sus preceptos fundamentales. Al sustituir a Jorge Swett Madge en el cargo, durante los inicios del gobierno de Patricio Aylwin, De Dios Vial se negó sistemáticamente a concederles los derechos que reclamaban.

«En el año que asume -señala Reinales- Vial sabía que todas las universidades tradicionales estaban en el proceso de reincorporación; que para ese efecto el presidente Aylwin entregaba los recursos necesarios a través del ministerio de Educación».

Aun así el documento que consigna esto -rubricado por el en ese entonces asesor de la presidencia Marcelo Trivelli y por el jefe de gabinete de Aylwin, Carlos Bascuñán- no determina en Vial otra decisión que la de atenerse a las medidas de su antecesor Swett. El rector apela a que los despidos son legales; que se había actuado conforme la legalidad vigente». La situación no fue distinta con el rector Pedro Ross.

De nada sirvieron las cartas de la ministra Aylwin o del obispo Carlos Camus.

Sin embargo, la razón de los despidos por motivos presupuestarios no son, a juicio de los entrevistados, plausibles. Entre un cúmulo de documentos, Reinales, destaca el de una publicación del año 1994.

La edición del diario Las Ultimas Noticias del 28 de junio de ese año, consigna una entrevista con la ex ministra de Justicia y Educación de la dictadura, Mónica Madariaga. En ella, Madariaga explicaba que las universidades tradicionales de los primeros años de la década de los 70′ no tenían sino problemas de direcciones ideológicas, no presupuestarias: «Los generales que las regían pasaban por alto al ministerio de Educación y obtenían directa y sistemáticamente del Presidente de la República (…) sumas nunca inferiores a los mil millones de pesos que correspondían a los déficits habituales; no necesariamente anuales. Y qué se podía hacer, si el rector se entendía con el Presidente de la República».