Amnistía Internacional acusa uso de fuerza excesiva con intención de dañar y castigar durante manifestaciones

El movimiento global que investiga injusticias y abusos en el mundo señaló que las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera – principalmente el Ejército y Carabineros – están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta.

“Estos ataques han dejado hasta el momento un saldo de cinco muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas”, señaló la organización.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional se refirió al actuar de las fuerzas de seguridad chilenas y acusó que su intención es clara: “lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”.

“En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, agregó.

“La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”, continuó.

Graves agresiones a los derechos Humanos

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al menos cinco personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2,300 han resultado lesionadas, de las cuales más de 1,400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo.

Por su parte, la Fiscalía ha registrado más de 1,100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos.

Según cifras de Carabineros, ningún funcionario de la institución ha muerto y hay alrededor de 1,600 heridos, 105 de ellos con lesiones graves.

Es por esto que Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad “no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros”.

En esta misma línea, la organización considera que “el grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión”.

Es por esto que consideran que todo hecho de violencia y violación a los DD.HH debe ser dilucidado por una autoridad judicial independiente e imparcial.

Estado de emergencia

Amnistía Internacional manifestó que al decisión de sacar al Ejército a las calles tras el estado de emergencia trajo consecuencias catastróficas. «Tanto el mando que decidió utilizar al Ejército para el control de manifestaciones con uso de armamento letal, como aquellos oficiales que dispararon contra las personas que se manifestaban y que les causaron la muerte o hirieron de gravedad».

Frente a esto proponen la necesidad de ser investigados y, de hallarse pruebas suficientes en su contra, ser juzgados por un tribunal independiente e imparcial.

Por otra parte, la organización remarcó que durante y después del estado de emergencia, el mando de Carabineros, así como los subsiguientes mandos superiores, «lejos de ejercer un control efectivo con el fin de prevenir o reprimir la comisión de actos violentos por parte de sus subordinados, han permitido que éstos sigan actuando de la misma forma, haciendo que el volumen de denuncias de maltrato, tortura, y lesiones oculares irreparables contra manifestantes sea constante».

«La no prevención de este tipo de actos, cuando se tiene el deber de hacerlo, es una causal de responsabilidad penal individual según el derecho internacional», agregaron.

Crímenes de derecho internacional

Amnistía Internacional señaló que ha podido documentar cinco muertes por agentes de seguridad durante el estado de emergencia constitucional que activó el presidente Piñera el 19 de octubre: cuatro a manos de funcionarios del Ejército y una a manos de carabineros. Dos de ellas fueron con armamento militar.

En esta misma línea, evidencian violaciones a los DDHH con «uso letal de la fuerza», «torturas y malos tratos», «lesiones graves y armas potencialmente letales» y acusan la existencia de limitación del trabajo de personas defensoras de derechos humanos.

Recomendaciones

En base a esta investigación, Amnistía Internacional recomienda que las autoridades deben cesar la represión de manera urgente, «dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la máxima restricción en el uso de la fuerza que solo debe ser aplicada de manera progresiva, proporcional y diferenciada, en línea con los estándares internacionales que rigen la materia.»

Además sugieren que los órganos de justicia deben investigar la responsabilidad del mando en las violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos durante el último mes.

Proponen también que las autoridades deben asegurar que las legítimas demandas de la población son atendidas

Finalmente aseguran que las autoridades «deben emprender una reforma seria y profunda de la policía. Esto incluye revisar su marco normativo con miras a transformar la institución para que garantice que todas sus actuaciones se realizan apegadas a los derechos humanos y que la institución cuenta con mecanismos estrictos de control y rendición de cuentas.