Fiscal argentino pide levantar secreto bancario del presidente y su hermana por $Libra

Un fiscal federal argentino requirió el viernes que se ponga fin al secreto bancario del presidente de ese país, Javier Milei y de su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia, en el marco de una causa que los investiga por la estafa asociada a la criptomoneda $Libra que el mandatario promocionó y que generó pérdidas millonarias a miles de inversores.

«El fiscal federal Eduardo Taiano requirió levantar el secreto fiscal y bancario del presidente Javier Milei y de su hermana Karina en el marco de la investigación patrimonial del caso $Libra», informaron fuentes judiciales.

La medida solicitada por el fiscal Taiano a la jueza María Servini también abarca a Mauricio Gaspar Novelli y a Manuel Terrones Godoy, organizadores del foro tecnológico Tech Forum al que acudió en octubre el presidente junto con el estadounidense Hayden Mark Davis, creador de la criptomoneda a través de su empresa de consultoría Kalsier Ventures, que fue recibido por Milei el 30 de enero en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.

El pedido de Taiano también atañe a Sergio Daniel Morales, otro consultor asesor en la Comisión Nacional de Valores, que con Novelli y Terrones Godoy visitó la Casa Rosada en dos ocasiones en junio de 2024.

Parte de la información que necesita Taiano, que tiene delegada la investigación por parte de la jueza Servini, «se encuentra amparada por el secreto fiscal y bancario», según constató al formular su pedido a la titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 1.

Mientras tanto, uno de los abogados denunciantes, Gregorio Dalvón, solicitó que se exhorte de manera formal a las autoridades de EEUU a «que remitan toda la información vinculada a la estafa de la criptomoneda $Libra que se encuentre en poder de agencias gubernamentales».

El fiscal Taiano también recibió un pedido para «congelar los activos financieros que se encuentren radicados en ese país, cuya titularidad o control directo o indirecto corresponda a Javier Milei, Karina Milei, familiares directos o sociedades a ellos vinculadas».

«Resulta indispensable para prevenir el vaciamiento de activos cuya preservación es vital para garantizar la posibilidad de recuperación patrimonial en beneficio de los damnificados por la estafa investigada, así como para evitar el entorpecimiento de la presente pesquisa», planteó el letrado.

El abogado, que mantuvo reuniones en EEUU con autoridades del FBI (Buró Federal de Inteligencia) y con Timothy Treanon, exfiscal de Nueva York, requirió además que ordene el secreto de sumario en la causa «con el objeto de evitar la filtración de información sensible y garantizar el éxito de las diligencias internacionales requeridas».

El 14 de febrero, a las 19:01 hora local (22:01 GMT), el presidente Milei publicó en las redes sociales un posteo en el que recomendaba invertir en $Libra, una moneda digital sin respaldo creada tres minutos antes y que tenía el 82 por ciento de su circulante en manos de cinco billeteras digitales.

Su cotización, que subió de forma vertiginosa y pasó de 0,01 céntimos a 4,7 dólares, se desplomó horas después cuando sus principales tenedores retiraron casi 100 millones de dólares, lo que llevó al presidente a borrar su tuit en la madrugada del sábado bajo la justificación de que no estaba interiorizado con el proyecto.

Decenas de miles de personas que habían comprado el token a partir de la publicación de Milei vieron perder su dinero, varios millones de dólares en total.

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó esta semana la creación de una comisión investigadora para analizar las responsabilidades en torno a la estafa vinculada a la criptomoneda.

Numerosas denuncias se presentaron contra el mandatario argentino por esta estafa, tanto en Argentina como en EEUU, donde un estudio jurídico de Nueva York, Burwick Law, sumó centenares de clientes y estudia plantear una demanda colectiva.

Varias investigaciones judiciales analizan las responsabilidades derivadas de la criptomoneda en Argentina y EEUU, país en el que se presentó una demanda colectiva con más de 200 damnificados