
Fiscal Cooper en la mira: graves errores y filtraciones marcan denuncia de Karol Cariola ante la CIDH
“Se violaron derechos fundamentales”, sentencia el escrito presentado ante la CIDH, que acusa una falta total de perspectiva de género, proporcionalidad y respeto a la intimidad.
La diputada Karol Cariola (PC) presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que califica como una grave vulneración de sus derechos fundamentales durante un allanamiento judicial ocurrido el mismo día en que dio a luz, el pasado 3 de marzo de 2025. La acción fue ordenada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, y ha generado fuertes cuestionamientos tanto por su legalidad como por su ejecución.
El operativo, llevado a cabo por funcionarios de la PDI en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, incluyó la incautación de un iPhone y un computador portátil mientras Cariola se encontraba en plena etapa de apego postparto con su recién nacido. Según el escrito presentado por el abogado Juan Carlos Manríquez, la orden judicial llevaba una semana vigente, lo que descarta cualquier urgencia que justificara el procedimiento en ese contexto.
Pero el foco principal de la denuncia recae sobre el accionar del fiscal Cooper. El documento detalla una serie de errores graves en el Informe Policial N°487 que sustentó la diligencia: desde confusiones de identidad hasta la omisión de que la patente comercial en discusión había sido rechazada en 2022. “El traslado de evidencia fue inautorizado y carente de rigor científico”, señala el texto, cuestionando además la cadena de custodia y la legalidad del procedimiento.
La denuncia también responsabiliza directamente al fiscal por la filtración de conversaciones privadas de Cariola a la prensa, lo que derivó en una investigación judicial por violación de secretos. Según la resolución del 7° Juzgado de Garantía, Cooper tenía la obligación de custodiar los datos y garantizar su reserva. El tribunal terminó ordenando la segmentación de la información incautada y la eliminación del contenido no vinculado a la causa, como fotos y videos del parto.
“Se violaron derechos fundamentales”, sentencia el escrito presentado ante la CIDH, que acusa una falta total de perspectiva de género, proporcionalidad y respeto a la intimidad por parte del Ministerio Público y la policía. El operativo también incluyó el ingreso al domicilio de la familia, donde estaban presentes dos menores y la madre de Tomás De Rementería, pareja de Cariola.
Entre las solicitudes al organismo internacional, Cariola exige garantías de no repetición, disculpas públicas, indemnizaciones y reformas al sistema penal chileno que aseguren una actuación respetuosa de los derechos humanos por parte de fiscales, jueces y policías. La denuncia se apoya en resoluciones judiciales, certificados médicos y una encuesta CADEM que reveló que el 67% de los ciudadanos rechazó la forma en que se ejecutó el allanamiento.