Luego del histórico fallo del Tribunal Constitucional (TC) que destituyó a la senadora Isabel Allende (PS) por mantener vínculos contractuales con el Estado durante su mandato, nuevos antecedentes revelados por The Clinic encendieron las alarmas en el Congreso.
Uno de los casos más sensibles es el de la diputada Ximena Ossandón (RN), quien figura como socia en una empresa que firmó un contrato con el Sistema de Empresas Públicas (SEP) cuando ya ocupaba su escaño en la Cámara Baja.
De acuerdo a la investigación periodística, Ossandón posee el 50% de la sociedad Asesorías Paul y Compañía Limitada, constituida junto a su esposo, Luis Hernán Paul Fresno, en 2010. Fue esta empresa la que, en diciembre de 2018, diez meses después de que Ossandón asumiera como diputada, firmó un contrato con el SEP para brindar asesoría en el funcionamiento de su directorio. La remuneración fue de 320 UF, lo que equivale a cerca de $9 millones de la época.
El contrato fue ejecutado por el propio Paul Fresno, quien además fue nombrado ese mismo año como director del Fondo de Infraestructura S.A., cargo que mantuvo durante todo el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
La Constitución chilena, en su artículo 60, prohíbe explícitamente a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado, ya sea de manera directa o a través de terceros. El fallo reciente del TC que destituyó a Allende aplicó una interpretación amplia de esta norma, lo que ha generado inquietud sobre el futuro de otros legisladores que podrían estar en situación similar.
Ossandón también aparece vinculada a otra sociedad, Paul y Compañía Limitada, creada en 1989, en la que ella y su esposo incluyeron posteriormente a sus nueve hijos. A través de esta sociedad, Ossandón participa como accionista minoritaria en Cumplo Chile, una plataforma de financiamiento colaborativo que ha canalizado más de $28 mil millones en pagos provenientes del Estado a pymes.
Desde Cumplo Chile aseguran que no mantienen contratos directos con el Estado, y que solo actúan como intermediarios en la gestión de cobros a nombre de las pymes.
Consultada por The Clinic, la diputada Ossandón confirmó el contrato con el SEP, destacando que su esposo realizó la asesoría en materia de gobiernos corporativos, área en la que tiene vasta experiencia.
Mientras tanto, en el Congreso y en el TC se sigue evaluando la información con atención. Desde el Partido Socialista, algunos diputados ya anunciaron que presentarán nuevos requerimientos para destituir a parlamentarios que hayan incurrido en faltas similares.
