Bukele declara que podría liberar al deportado por Washington por error
La Administración norteamericana considera que Abrego, afincado en Maryland y padre de familia, pertenece a la Mara Salvatrucha (MS-13), una organización criminal centroamericana, pero sus abogados lo niegan.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha reconocido que tiene competencias para facilitar la puesta en libertad del ciudadano salvadoreño Kilmar Abrego García, deportado por Estados Unidos tras lo que las propias autoridades estadounidenses reconocen como un «error administrativo», pero ha alegado que no puede enviarlo de vuelta al país norteamericano.
«¿Cómo podría yo devolverlo a Estados Unidos? ¿Fui yo quien lo introdujo ilegalmente en Estados Unidos?», ha planteado Bukele durante un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.
Bukele ha subrayado que no tiene la «competencia» para llevar a Abrego a Estados Unidos, pero también ha descartado que salga de la cárcel de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). «No me gusta mucho liberar a terroristas» en el país, ha argüido.
«¿Quieren que volvamos a la liberación de criminales y que volvamos a ser la capital mundial del asesinato? Eso no va a pasar», ha recalcado Bukele.
La Administración norteamericana considera que Abrego, afincado en Maryland y padre de familia, pertenece a la Mara Salvatrucha (MS-13), una organización criminal centroamericana, pero sus abogados lo niegan.
Abrego fue deportado a mediados del mes de marzo pese a que un juez le otorgó en 2019 el estatus de protección temporal tras huir de El Salvador por la violencia de las pandillas. La Administración reconoció haberlo deportado por error, pero argumentó que carece de jurisdicción para repatriarle.
En este contexto, la jueza federal Paula Xinis ordenó la repatriación de Abrego, si bien la Administración Trump recurrió al Supremo para que bloqueara la orden. El Supremo ha respondido que la Administración debe «facilitar» el regreso de Abrego, pero no ha ordenado ninguna acción concreta al respecto.
Organizaciones de derechos civiles han cuestionado la falta de garantías o directamente la legalidad de estas deportaciones, especialmente después de que un juez federal ordenara su paralización por considerar inadecuada la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de finales del siglo XVIII que otorga poderes especiales al presidente y fue concebida para tiempos de guerra.
