Sombras tras la publicidad en vía pública: irregularidades en La Reina y Lo Barnechea con Global Media y JC Decaux

La reciente aparición de un empresario del sector, Carlos Frings, en el caso que se investiga a Karol Cariola y donde este aparece como el “amigo” que supuestamente la “apoyó en su campaña del 2013, nos llevó a indagar sobre las compañías que comercializan los carteles que vemos a diario cuando transitamos por la ciudad.

Basta levantar la vista y ver que hay muchos y en todas partes, especialmente en carreteras, grandes avenidas y en las comunas del sector oriente de Santiago.

Si bien Frings y su empresa Power Graphics es una de las importantes del sector y, como ya informara La Tercera y Ciper, presenta algunos problemas administrativos, son otras las que aparecen recibiendo mayores “beneficios” de las municipalidades, especialmente en La Reina y Lo Barnechea, como mostraremos más adelante. Pero de ellas hoy, poco y nada se dice.

Empresas como Global Media (que adquirió recientemente Clear Channel) y JC Decaux, esta última de capitales extranjeros, han sido señaladas en informes de la Contraloría o judiciales, por beneficiarse de procedimientos administrativos cuestionables, que afectarían el patrimonio municipal y, en algunos casos, la legalidad de la explotación publicitaria en la vía pública.

Basta, para comenzar a reconocer este sector, recordar el paso “agresivo” por el país del grupo argentino Sarmiento, que tras 5 años de explotación de paletas, gigantografías y otras plataformas publicitarias novedosas, se fue entre gallos y medianoche generando graves problemas financieros a diversas comunas.

Concentrado en el Santiago de Joaquín Lavín, con presencia en La Reina, Las Condes y Vitacura, entre otras comunas, el grupo Sarmiento captó el 30 por ciento del mercado y contratos por 9 millones de dólares, como informó en su momento el gerente general de la empresa, Federico Diez Copelli, hoy con el mismo cargo en Global Media SA. Pero, a fines del 2003,  Sarmiento no pagó los cánones acordados al municipio de Santiago y tampoco las multas que se le aplicaron. La crisis fue en cascada y ocurrió lo mismo en todos los lugares donde ganó las licitaciones ofertando hasta el doble que la competencia.

Concesiones bajo sospecha

Federico Diez Copelli, también argentino y a diferencia de la familia Terranova controladora de Sarmiento, decidió quedarse en Chile y aventurarse en el sector con otros empresas y hoy manda en Global Media SA, compañía presente con pantallas led, gigantografías y paraderos en diversas comunas del país, especialmente en el sector oriente.

Junto a JC Decaux y Power Graphics, su empresa aparece como una de las más importantes del sector, especialmente tras adquirir o fusionarse con Clear Channel, otra gigante de la publicidad callejera.

Su emprendimiento, al igual que el de Carlos Frings, no ha estado exento de conflictos en un rubro que debe manejar muchos aspectos, contratos, ordenanzas y problemas de diversas índole.

Si bien ha sorteado con éxito los conflictos y obtenido espacios donde la ley no es clara que se permita su utilización, algunas veces prohibiéndolo expresamente, sus estructuras se mantienen.

En 2019, por ejemplo, se adjudicó con otras empresas del rubro, la propia JC Decaux, Clear Channel y Grupo Digital SA, la licitación ID 2699-27-LQ18 de la Municipalidad de La Reina, dirigida por el UDI, José Manuel Palacios, quien antes de rebarajar el naipe del mobiliario urbano con publicidad, se encargó de “sacar” todos los carteles existentes aunque tuvieran acuerdos con sus antecesores.

“Suele ocurrir que cuando hay cambio de autoridad en un municipio, tanto en el tema de la basura como en el de la publicidad, el edil nuevo quiera poner a las empresas más cercanas a su partido o a él mismo”, señala una fuente del sector que, por trabajar en el mismo, pidió reserva de su nombre.

De hecho el mismo alcalde Palacio reconoció en el reportaje aludido de La Tercera sobre Frings, que había desmontado las estructuras de Power Graphics y que aún las tenía retenidas en una bodega municipal a pesar de que la empresa había solicitado la devolución de estas.

Pero el tema no concluye ahí. Informes posteriores a la licitación de 2018 han revelado que la mayoría de las nuevas estructuras instaladas en la comuna de La Reina no cuentan -despues de tantos años y al día de hoy- con los permisos de obra menor requeridos por la Dirección de Obras Municipales (DOM) y que fueron negados en su momento, dejando en la ilegalidad estás construcciones publicitarias.

Esto, a juicio de los consultados para este reportaje, pone en entredicho la legalidad de los contratos y la responsabilidad del alcalde José Manuel Palacios, quien hizo vista gorda en la fiscalización, no velando por el cumplimiento fiel de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que exige autorización expresa del Plan Regulador Comunal para instalar carteles en espacios públicos.

La documentación revisada por El Periodista a instancia de algunos vecinos indica que, en la mayoría de los casos, no se obtuvieron los permisos, lo que convierte al edil Palacios en responsable de la instalación la aceptación ilegal de estas estructuras publicitarias.

Estas irregularidades detectadas llevaron a la Contraloría General de la República en 2020, ante una denuncia de los diputados Tomás Hirsch y Gabriel Silber, a iniciar una investigación especial en la Municipalidad de La Reina que concluyó que el municipio no realizó acciones de fiscalización en esta materia. Además, curiosamente, no cobró y cuando lo hizo perdonó el pago de derechos de publicidad y propaganda que algunas empresas, como Global Media y JC Decaux, tenían con el municipio antes de la realización de la licitación.

Esta conclusión de la Contraloría, además, se ve agravada porque el director de SECPLAN de la época, ante el Concejo Municipal, señaló que tanto JC Decaux como Global y Grupo Digital, habían resuelto sus problemas con el municipio, desconociendo los juicios pendientes entre la Municipalidad y la empresa GLOBAL MEDIA S.A. Basta ver el sitio web judicial para certificar que en ese mismo periodo, el 7 de enero de 2019, le fue notificada la demanda, el mandamiento de ejecución y embargo a José Federico Diez Copelli en su calidad de representante legal de la empresa referida. Sí, el mismo gerente general de Sarmiento, hoy jefe máximo de Global Media.

La Contraloría, entonces, en su informe de diciembre de 2020, otorgó un plazo de 10 días al municipio para que subsanara todas estas irregularidades, “invalidando todos los actos contrarios a derecho” y ordenando «el retiro de las estructuras publicitarias emplazadas en contravención a la normativa vigente”. Sin embargo, no se cumplió el dictamen del ente contralor y el alcalde Palacios aún no toma las medidas para el retiro de estos letreros.

Ante estos hallazgos, diversas organizaciones ciudadanas y concejales han exigido que se tomen medidas legales para revertir las concesiones irregulares y sancionar a los responsables dentro del municipio.

«A nuestro juicio, la municipalidad ha actuado de manera poco diligente, ejerciendo tímidamente las acciones judiciales que corresponden, muchas de ellas presentadas fuera de los plazos legales», decía entonces el diputado DC, Gabriel Silber.

Qué dejó de cobrar La Reina?

En la comuna de José Manuel Palacios, Global Media S.A. mantenía un litigio con la municipalidad por una deuda de $233.572.992, más intereses y reajustes. Pese a que la empresa no presentó una defensa en el proceso, lo que favorecía a la municipalidad para cobrar ejecutivamente, Palacio optó por desistirse de la demanda sin explicación pública ni aprobación del Concejo Municipal. Este acto, que dejó sin efecto la posibilidad de cobrar la deuda, fue posteriormente rechazado por el tribunal, aunque la municipalidad no tomó nuevas acciones para recuperar el dinero.

JC Decaux, por su parte, debía más de $219 millones en derechos municipales por la explotación de publicidad en la vía pública. Sin embargo, tampoco se hicieron esfuerzos por parte del municipio para exigir el pago de estas sumas, lo que en el sector y para los entonces diputados acusadores (Hirsch y Silber) levanta sospechas sobre una posible connivencia entre la administración municipal y las empresas beneficiadas. Finalmente, el tribunal declaró abandonado el procedimiento contra JC Decaux debido a la inactividad de la municipalidad, lo que implicó la pérdida definitiva de la millonaria cifra.

Ambas decisiones de Palacios afectaron gravemente el patrimonio municipal.

Otro aspecto que se vulneró en La Reina, según la Contraloría, fue que ninguna de las disposiciones del Plan Regulador comunal permite expresamente ubicar soportes publicitarios en el espacio de uso público destinado a vialidad. Entonces, en su licitación y que favoreció a estas empresas, la propia municipalidad infringió la legalidad otorgando permisos de obra menor para instalarlos en los espacios adjudicados. Tal aseveración es refrendada por el mismo Director de Obras, Carlos Lineros Echeverría, quien reconoció esta anómala situación y, además, señaló ante el ente contralor que las empresas solicitantes no habían subsanado las observaciones por lo que se les rechazó el permiso de obra menor solicitado por la empresa Clear Channel.

En esa oportunidad se sostuvo que de los 18 espacios licitados, 17 se encontraban en la misma situación ilegal. La instalación de esos elementos publicitarios era irregular o clandestina, obligando a la Municipalidad a dictar los decretos de demolición respectivos.

Pero nada ocurrió. Y JC Decaux, Global Media, Clear Channel y Grupo Digital SA mantuvieron sus pantallas y carteles en la comuna que comanda el alcalde José Manuel Palacios.

Lo Barnechea: otra vez Global Media

La Municipalidad de Lo Barnechea, durante la administración del exalcalde Felipe Guevara (RN), otorgó de manera ilegal un permiso precario a la empresa Global Media S.A. para la ocupación de 70 puntos de bien nacional de uso público, según determinó la Justicia.

En 2021, el diario La Tercera informó que el entonces alcalde de la comuna, Cristóbal Lira (UDI), presentó una denuncia ante la Fiscalía por la explotación comercial de un letrero publicitario –un Unipole ubicado en la calle Raúl Labbé– a cargo de Global Media.

Según se reveló, entre 2017 y 2020 el municipio no percibió el pago correspondiente por dicho servicio, acumulándose una deuda de mil 109 millones de pesos. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo por la suma de apenas $80 millones.

La polémica se originó en un proceso que comenzó cuando la Municipalidad, en 2013, otorgó un permiso precario al Club Deportivo Prodeportes para explotar espacios publicitarios.

Tras terminar este convenio en 2016 y celebrar uno nuevo por 104 puntos de publicidad, el 22 de junio de 2017 el entonces alcalde Guevara dictó el Decreto N° 1858 que autorizaba a Global Media S.A. para ocupar 70 puntos de bien nacional. Resulta relevante destacar que la propuesta de Global Media se presentó el 16 de junio de 2017, un día después de la propuesta de la empresa JC Decaux, la cual luego interpuso un reclamo de ilegalidad ante la municipalidad. La firma sostuvo que el decreto se emitió sin cumplir los elementos objetivos, formales y causales exigidos por la ley y la jurisprudencia.

La controversia no se limitó a cuestiones administrativas. JC Decaux Chile S.A. argumentó que la delegación de competencias para otorgar el permiso precario se realizó de manera irregular, causando perjuicios a la empresa, que fue privada de un procedimiento justo y de beneficios económicos que, según sus cálculos, ascendían a cerca de 50 millones de pesos anuales.

Aunque la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad de JC Decaux el 23 de julio de 2020, la Corte Suprema revirtió esa decisión, declarando que el acto administrativo de otorgar el permiso a Global Media S.A. fue expedido de manera ilegal.

Otros juicios

Así como en la comuna de Santiago a inicios de los 2000, el alcalde Joaquín Lavín tuvo que dar explicaciones y enfrentar millonarios juicios por renegociar con la fallida Sarmiento y no cobrarle las boletas de garantía (la empresa Publietapa demandó al edil por 7 mil millones de pesos), en La Reina, José Manuel Palacios tendrá que responderle a los vecinos por qué, tras iniciar una millonaria cobranza a JC Decaux en la justicia, abandonó la instancia en los tribunales, generando un cuantioso “perdonazo” a la empresa francesa.

JC Decaux, según el municipio, entre mayo de 2018 y junio de 2019 dejó de pagar 1.926.378.967 pesos por los derechos en los espacios que La Reina le había concedido.

La Municipalidad pretendía el embargo y acción directa sobre JC Decaux para que cancelara la millonaria cifra -más reajuste, intereses e interés penal del 1,5 por ciento mensual-, pero la Justicia terminó rechazando el cobro porque el municipio de Palacios, durante la pandemia, abandonó la instancia judicial y JC Decaux quedó exenta de la deuda.

En Vitacura, una situación similar vivió Global Media SA, a cuyo representante legal Federico Diez Copelli, se le cobró por “concepto de explotación de elementos publicitarios alrededor de 22 millones de pesos, correspondientes a los meses de enero y julio de 2021.

Para ello presentó en 2023 una demanda ejecutiva, con mandamiento de ejecución y embargo.

Global Media, al igual que Sarmiento en Santiago, alegó que desconocía de dónde provenían los cobros y que Vitacura, entre otras cosas, no acreditó la deuda.

Pero la justicia lo sentenció a hacerse cargo de la morosidad que, al 21 de marzo, alcanza los 28 millones 230 mil pesos y que aún no se cancela.

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