La prensa dominante restringe la libre expresión

Con motivo de las indebidas filtraciones de las conversaciones privadas por WhatsApp, entre la diputada Karol Cariola y la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, ambas del PC, el columnista Carlos Peña manifestó su particular e interesado punto de vista en publicación «La profesión indiscreta» en el diario El Mercurio, expresando que carece de todo sentido quejarse porque los periodistas las han divulgado, pues así ellos estaban cumpliendo con sus deberes profesionales.

Los soplones fueron el lenguaraz fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, y algunos miembros de la Policía de Investigaciones (PDI), delicado asunto que tiene una justificada causa penal.

Estaríamos totalmente de acuerdo con Peña, si tales filtraciones estuvieran directamente relacionadas con la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público, pero es discutible que, en nuestro sistema democrático, se pueda manifestar lo que se desee, sin importar sus motivaciones y consecuencias, aunque sí consideramos lícito que algunos actores privados usen la pluma para atacar a los adversarios políticos, que es lo que ha hecho el abogado Peña en su columna de opinión, al igual que otros tantos de similar ideología. Como vemos, en este incidente estamos ante una imposición de relatos.

En el ámbito del interés público, los medios de prensa de derecha y los considerados independientes, pero capturados por los poderes económicos, que son los que efectivamente mandan, de acuerdo a la experiencia, sistemáticamente se niegan a difundir las prácticas comerciales indebidas cometidas por sus regalones avisadores y financistas, lo cual es hasta entendible, si comprendemos que la libertad de expresión se entiende como una forma discrecional para tratar los hechos noticiosos. Esos medios, conforme a sus roles en la sociedad, son asaz calculadores antes de publicar las noticias, ya que no pueden incomodar a la casta que representa el 1% de la población del país.

En todo caso no podemos perder de vista que las fake news, vulgares falsedades que persiguen la distorsión de los hechos, existen permanentemente de forma vulgar en las redes sociales y con lenguajes comedidos muy bien redactados en los medios escritos y con sumo esmero comentados en los canales de televisión y radios, controladas por poderosas sociedades por acciones y a veces por fondos de inversión extranjera, para que así se pueda influir en quienes los leen, ven y escuchan. Es más, este fenómeno existe en la gran mayoría de los países del mundo, pues el negocio de mentir es necesario para que se mantenga el desigual sistema económico, debido a que las elites, que conforman la estructura financiera, exigen seguir disfrutando de sus privilegios y prebendas otorgadas por los sumisos gobiernos de turno.

Nos gustaría que Peña y los otros cabilderos que cautelan los intereses de sus superiores, como igualmente la prensa tradicional, emitieran sus doctas opiniones respecto del otorgamiento de unos 80 permisos de edificación, con los cuales se construyeron los llamados guetos verticales en la comuna de Estación Central, mientras Rodrigo Delgado, distinguido político UDI, ejercía el cargo de alcalde. La Contraloría General de la República los declaró ilegales, lo que fue confirmado en distintos juicios por la Corte Suprema y hasta por el Tribunal Constitucional (TC). Estamos hablando de inversiones del orden de los 2 mil millones de dólares y todas las torres habitacionales ya están recibidas oficialmente por ese municipio.

Este columnista, con los arquitectos Miguel Lawner, Miguel Prieto, Jonás Figueroa y con el vecino Alejandro Verdugo, interpusimos hace unos 4 años, en el 6° Juzgado de Garantía, una querella criminal por el delito de prevaricación administrativa, sin que a la fecha se conozca el resultado de las averiguaciones efectuadas por los distintos fiscales asignados. Por este motivo, sería razonable que la prensa que le gusta arremeter en contra de aquellos que considera adversarios, investigara cual será el acomodaticio pretexto que tiene la Fiscalía y la Justicia para no dar a conocer el resultado de tal acción en los tribunales.

Y hablando de una materia de actualidad, qué parecer tendrá esa prensa dominante con el «error» (sic) cometido por los abogados de la municipalidad de Las Condes en los juicios relacionados con un negocio inmobiliario de 2 altas torres, acogido a la figura de Conjunto Armónico para obtener ciertos beneficios constructivos, en circunstancias de que, por la insuficiente cantidad de m2 que tiene el terreno, el proyecto no calificaba como tal. Solo la prensa efectivamente independiente ha publicado que la funcionaria municipal que debió invalidar el permiso mal otorgado, desobedeció la instrucción emanada de la Seremi Minvu y por ello el alcalde Joaquín Lavín, sin tener atribuciones para ello, procedió a firmar la invalidación, con lo cual la Corte Suprema, como era su deber, falló a favor de la inmobiliaria que aducía que tal alcalde se había excedido en sus facultades.

Este desacierto le significa al municipio pagarle a la inmobiliaria más de 10 millones de dólares, por concepto de indemnización, empresa que además está atesorando las mayores utilidades conseguidas al aceptarse el embuste de que su proyecto era Conjunto Armónico. Debido a que Lavín, ni su sucesora, también UDI, Daniela Peñaloza, no le solicitaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que interviniera cautelando el interés fiscal comprometido, esperamos que la actual alcaldesa, ex Evópoli, Catalina San Martín, aunque sea tardíamente, proceda en consecuencia, para que el asunto se resuelva correctamente, ya que esa indemnización es improcedente.

En conclusión, dado que ni Peña ni sus seguidores se han tomado la molestia de opinar reprochando las conductas de los involucrados en estos 2 casos de corrupción, estamos convencidos que la libertad de expresión es solo una buena aspiración, ya que siempre en el tratamiento de las noticias, primarán los intereses de los aventajados, quienes invariablemente son asistidos por los comentaristas de moda.