Jorge Cantallopts, sobre 2025: “El desafío será asegurar un marco regulatorio predecible que fomente la inversión”

Entre el 7 y 11 de abril se llevará a cabo una nueva versión de la CESCO Week, ocasión en la que se harán presentes en Santiago los principales ejecutivos de la minería del cobre a nivel global para analizar y discutir las principales tendencias en cuanto a esta industria. Al respecto, Jorge Cantallopts, director del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (la entidad organizadora), plantea que “durante 2025, la minería chilena estará marcada por la consolidación de la transición energética y la creciente demanda de minerales críticos. Se espera un enfoque cada vez mayor en la sostenibilidad, la eficiencia en el uso del agua y la energía, y la adopción de tecnologías innovadoras. Entre ellas, la inteligencia artificial (IA) que, será esencial para mejorar la eficiencia y rentabilidad en la industria minera. Por otro lado, herramientas que permitirán optimizar procesos operativos y ambientales, contribuyendo a una mayor sostenibilidad”.

“Este año, la conferencia estará centrada en la cooperación minera como un pilar esencial para el desarrollo sostenible del sector, la innovación tecnológica aplicada a la eficiencia operativa y la sostenibilidad en un entorno de creciente demanda de minerales críticos. Este tema resulta muy relevante en el escenario geopolítico actual donde al parecer están predominando las miradas menos colaborativas. En este sentido, la agenda del evento abordará temas como la evolución del mercado del cobre y otros minerales estratégicos, el impacto de la transición energética en la minería, las tendencias en exploración y financiamiento de proyectos, y los desafíos en materia de regulación y permisos”, añade.

Asimismo, Cantallopts, reitera “el necesario impulso en inversiones y de desarrollo de proyectos, con una cartera de inversión minera de más de US$83 mil millones, que buscan mantener la posición de liderazgo de Chile en la producción de cobre y litio a nivel mundial, pero se enfrentan cada vez a más complejidades en materia de permisos y obtención de licencia ambiental”.

¿Cómo se está percibiendo a Chile por la minería internacional actualmente?

Chile es visto como un país con una institucionalidad sólida. En el reciente PDAC (convención realizada en Canadá) la imagen de Chile sin duda quedó robustecida, pero también existe un cierto consenso en que esa misma solidez genera burocracias que lo hacen más lento. No obstante, en general se percibe que efectivamente los grandes temas como las transformaciones constitucionales o tributarias en gran medida se han zanjado de forma racional y en los marcos institucionales.

Por otra parte, también tenemos un tema con los costos ya que los nuevos distritos, ya sea por mejores leyes, menor regulación, acceso a agua, costos laborales y energéticos menores son más competitivos. Dado esto es que debemos seguir trabajando por potenciar nuestras fortalezas como la experiencia, infraestructura y validación de la actividad, con mecanismos más colaborativos y definitivamente trabajar para convertir la solidez y eficiencia institucional como uno de nuestros activos claves en la atracción de inversiones.

2025 es un año electoral, ¿qué puede esperar la minería?

Un año electoral siempre genera incertidumbre en los mercados, pero la minería espera estabilidad tras la reciente definición del Royalty Minero y otros debates clave. Sin embargo, seguirán en el centro de la discusión temas como la seguridad jurídica, la agilización de permisos, la sostenibilidad y la competitividad del sector en un contexto de transición energética y demanda de minerales críticos.

El desafío será asegurar un marco regulatorio predecible que fomente la inversión, promueva la innovación y fortalezca la relación con comunidades. Además, la evolución de reformas en el Congreso, como los cambios al SEIA y la permisología, marcará el panorama para el desarrollo de nuevos proyectos y la posición de Chile en la industria minera global.

No obstante, pareciera ser que más relevante de lo que pueda estar pasando en nuestro país, las miradas están en el escenario global que puede tener implicancias distintas. Para nosotros lo relevante es avanzar en la eficiencia institucional y regulatoria, que nos dejará siempre mejor posicionados en un contexto altamente competitivo.

Inversiones y permisología: cómo mover la aguja

Recientemente el ministro de Hacienda, Mario Marcel, visitó las operaciones de Minera Escondida para conocer en terrenos su plan de inversiones por US10.300 millones, el mayor de su historia. “Con mucha frecuencia se habla de la importancia de la inversión para el crecimiento de la economía chilena, pero muchas veces nuestra atención se dirige hacia inversiones que, si bien son importantes en sus respectivos sectores por su magnitud, no marcan tanto la aguja a nivel agregado. Este es un caso en que sí mueve la aguja”, declaró.

El tema también es motivo de análisis para CESCO, considerando que la Comisión Chilena del Cobre publicó el informe “Inversión en la Minería Chilena: Cartera de proyectos 2024-2033” por US$83.181 millones, la cifra más alta en la última década. Consultado sobre cuánto de esta cartera realmente se realizará, Jorge Cantallopts explica que “es difícil aseverar cuantos proyectos se materializarán o no de la cartera, sin embargo, Cochilco define claramente características que dan cierta condicionalidad a los proyectos, donde es posible determinar que aquellos proyectos base y probables tienen una alta probabilidad de materializarse en los tiempos esperados por las empresas, lo que corresponde a un 58% de la cartera de proyectos de Cochilco”.

¿Qué trabas permanecen en el país para agilizar las inversiones y los proyectos?

La obtención de permisos sigue siendo un desafío importante. La burocracia en la tramitación de permisos sectoriales, los procesos de evaluación ambiental prolongados y la incertidumbre en la relación con las comunidades generan demoras en los proyectos. Además, la falta de infraestructura y la competencia por recursos como el agua y la energía son factores determinantes al momento de impulsar el desarrollo de la industria.

Recientemente se ha cumplido un año desde que el Gobierno presentó su paquete de reformas a la llamada permisología. ¿Cuál es su evaluación?

Se han observado avances y desafíos en su implementación. Sin embargo, lo más complejo ha sido la lentitud de su tramitación legislativa. El Gobierno inicialmente aspiraba a finalizar la discusión legislativa a fines de 2024, cosa que no ha sucedido hasta ahora. Incluso muchos representantes del sector privado han manifestado que, si bien las reformas son un paso en la dirección correcta, no son suficientes por sí solas para solucionar los problemas estructurales en la tramitación de permisos.

¿Cómo está quedando el proyecto de permisos sectoriales, actualmente en el Senado?

Hemos observado una cierta aceleración en la tramitación de esta ley, lo que se refleja en que el 7 de enero recién pasado, la Comisión de Economía del Senado aprobó por unanimidad el proyecto en general. Este paso legislativo permitiría avanzar en la construcción de una ley moderna que permita estandarizar y agilizar los procedimientos de permisos y autorizaciones sectoriales. Sumado a esto, la indicación ingresada por el Ejecutivo sobre la tramitación paralela de autorizaciones sectoriales, permitiría agilizar aún más los procesos y reducir los tiempos de espera.

El proyecto de reforma al SEIA también está en el Senado, se espera que pronto termine su trámite y pase a la Cámara. ¿Por qué se ha dicho que este proyecto es más complejo? ¿Qué dificultades presenta?

Este no es un proyecto sencillo, entendiendo que, entre otras cosas, implica cambios significativos en la institucionalidad ambiental del país, afectando múltiples aspectos legales, técnicos y administrativos. Sumado a esto, el SEIA es un sistema que involucra a una amplia gama de actores, cada uno con intereses y preocupaciones particulares, lo que complica la generación de consensos y puede ralentizar el proceso legislativo. Finalmente es importante comprender que cualquier cambio que pueda percibirse como una flexibilización de los estándares ambientales es objeto de escrutinio público y puede generar oposición por parte de la sociedad civil y grupos ambientalistas.

Alertas en SMA y Consejo de Monumentos Nacionales

La reforma a la Superintendencia de Medio Ambiente ha levantado alertas entre algunos especialistas, se ha dicho que otorga demasiadas atribuciones y discrecionalidad a la SMA. ¿Cuál es su análisis?

Es fundamental que la SMA tenga herramientas para fiscalizar y hacer cumplir la normativa ambiental, pero también es importante que haya criterios claros y un marco que garantice transparencia y certeza jurídica. La preocupación de algunos sectores radica en que una discrecionalidad excesiva podría generar incertidumbre para los inversionistas y afectar la competitividad del país.

Otro tema de la permisología son los problemas relacionados con el Consejo de Monumentos Nacionales. En octubre el Ejecutivo anunció indicaciones, pero a la fecha no hay avances. ¿Cuáles son los problemas pendientes para solucionar del CMN?

La problemática respecto a la interacción entre las empresas que realizan proyectos mineros y el CMN ocurre cuando existen hallazgos arqueológicos o paleontológicos en etapas más avanzadas del proyecto, lo que ha llevado a que el desarrollo y construcción de estos pueda demorar hasta un año más de lo previsto inicialmente.

El CMN tiene a cargo autorizaciones relacionadas al desarrollo de proyectos de inversión, que son requisitos de acceso al terreno para iniciar la fase de construcción de un proyecto, es decir, permisos que son parte de la ruta crítica de la planificación de un proyecto minero de gran envergadura.

Por ende, el tema del patrimonio cultural es crucial, la minería puede ser un socio estratégico para poner en valor ese patrimonio, pero se requiere de un servicio a la altura de ese objetivo, y hoy vemos que parte importante del problema está en la capacidad del servicio en recibir y resguardar este material rescatado de proyectos, refiriéndonos con ello al importante déficit de dotación de profesionales particularmente, retrasando su análisis y posterior avance de los permisos sectoriales de las iniciativas en etapas avanzadas.

Esto es lo que se denomina “puesta en valor” del material rescatado, que conlleva la conservación de este y la posterior entrega a los museos, los que ya se encuentran colapsados y es ahí donde falta esa mirada más estratégica.