Gobierno argentino denuncia a jueza que liberó a detenidos durante protestas
"No fue un error, fue complicidad. Violó la Ley de Reiterancia, intervino donde no debía y hasta liberó a todos por WhatsApp. Liberó a delincuentes con causas por robo, drogas y agresiones", ha alertado la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.
La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo del presidente Javier Milei ha presentado una denuncia contra la jueza Karina Andrade, la magistrada que ordenó liberar a más de un centenar de personas detenidas durante las protestas de la semana pasada para exigir la mejora de las pensiones.
«Denunciamos a la jueza Andrade», ha confirmado Bullrich en su perfil oficial en redes sociales, donde ha precisado que acusan a la magistrada de «prevaricación, incumplimiento de deberes y encubrimiento» por dejar en libertad «sin siquiera revisar antecedentes» a los «violentos de siempre», incluidos barras bravas (hinchas de fútbol), que «atacaron con palos, cuchillos y fuego» a los agentes de Policía que protegían el Congreso.
«No fue un error, fue complicidad. Violó la Ley de Reiterancia, intervino donde no debía y hasta liberó a todos por WhatsApp. Liberó a delincuentes con causas por robo, drogas y agresiones», ha alertado la ministra de Seguridad argentina, que asevera que el Ejecutivo no permitirá que «la justicia sea un chiste» ni que beneficie a los delincuentes.
Ya la semana pasada el Gobierno argentino cargó contra la jueza bonaerense y el propio portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, denunció que «la justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad» en el país. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo, acusó a los barra bravas de «delincuentes que cometieron delitos a la vista de toda la sociedad».
En cambio, la jueza Andrade justificó su dictamen en que estaba «en juego» el derecho a la protesta y a la libertad de expresión y aludió a la esencal vulnerabilidad de la población jubilada, protagonista de la concentración ante la sede del Legislativo, si bien es cierto que otros sectores más violentos secundaron la marcha.
Naciones Unidas ha instado a las autoridades argentinas a investigar «con diligencia» las protestas, recordándoles que «la existencia de actos de violencia no justifica la fuerza» en unas actuaciones policiales que la propia ministra Bullrich ha defendido en todo momento, a pesar de las críticas por excesiva violencia.
El Ministerio de Seguridad argentino ha cifrado en 26 los agentes heridos, uno de ellos por arma de fuego, y en 20 los manifestantes hospitalizados durante unas protestas convocadas por los jubilados y a las que se sumaron sindicatos, colectivos izquierdistas e hinchas de fútbol.
