Gobierno argentino acusa a jueza que ordenó liberar a detenidos ser «cómplice» de la violencia
La jueza Karina Andrade justificaba en cambio en su dictamen que estaba "en juego" el derecho a la protesta y a la libertad de expresión y aludió a la especial vulnerabilidad de la población jubilada, protagonistas de la concentración ante la sede del poder legislativo.
El Gobierno de Argentina ha cargado este jueves contra la jueza de Buenos Aires que ordenó liberar a más de un centenar de personas detenidas durante las protestas en los alrededores del Congreso por la mejora de las pensiones. «Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices» de la violencia, ha dicho el portavoz Manuel Adorni.
El portavoz ha denunciado en su cuenta de la red social X que «la justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina» y ha señalado que los detenidos forman parte de quienes «destruyeron» el miércoles la capital y «atacaron a las fuerzas de seguridad».
La jueza Karina Andrade justificaba en cambio en su dictamen que estaba «en juego» el derecho a la protesta y a la libertad de expresión y aludió a la especial vulnerabilidad de la población jubilada, protagonistas de la concentración ante la sede del poder legislativo.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, llegó a decir que los detenidos «se enfrentan penas de hasta 20 años de prisión» gracias a la «nueva ley antimafia». «Se terminó el tiempo de los aprietes, la extorsión y el negocio del miedo. Vamos a desmantelar estas estructuras delictivas. En Argentina manda la ley, no los barras, ni la izquierda», proclamó en redes sociales.
En este sentido, el Gobierno ha acusado a los movimientos de izquierdas de agitar la violencia aprovechando la movilización sobre las pensiones. El Ministerio de Seguridad Nacional ha cifrado en 26 los agentes heridos, uno de ellos por arma de fuego, y en 20 los manifestantes hospitalizados, incluido el fotoperiodista independiente Pablo Grillo.
