La Comisión Especial Investigadora N°62 de la Cámara de Diputadas y Diputados emitió sus conclusiones sobre el escándalo que involucró al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
El documento, de más de 100 páginas, detalla graves falencias en el actuar del Ejecutivo y acusa al Gobierno de haber minimizado la denuncia de violación contra Monsalve, manteniéndolo en su cargo incluso después de que el Presidente Gabriel Boric y la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, conocieran los hechos.
El informe señala que la permanencia de Monsalve en su cargo por varios días, pese a la gravedad de la acusación, demuestra una falta de liderazgo y decisión política. «Duele constatar cómo, a pesar de estar el Presidente de la República y algunos de sus ministros al tanto de la denuncia de violación, Monsalve se mantenía en su cargo e incluso comparecía en nombre del mandatario en el Congreso», indica el documento.
Además, se detallan graves irregularidades en su gestión, incluyendo el uso indebido del Sistema de Inteligencia del Estado y la falta de protocolos de seguridad, que lo expusieron a riesgos innecesarios. También se critica el manejo de los gastos reservados en la Subsecretaría del Interior, apuntando a una falta de control sobre el destino de estos fondos.
Otro de los puntos clave del informe es la responsabilidad de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien, según la comisión, tuvo un rol reactivo y tardío en la protección de la víctima.
«El nivel de revictimización respecto de la denunciante es evidente», se señala en el documento, cuestionando la coherencia del Gobierno con su discurso feminista.
La comisión también denuncia el obstruccionismo del oficialismo y el Gobierno durante la investigación, detallando cómo se intentó ralentizar las sesiones y se negó información clave. Además, se cuestiona el rol del jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, por su manejo comunicacional de la crisis y por negarse a entregar antecedentes relevantes a la investigación parlamentaria.
Entre las propuestas del informe, se plantea la necesidad de modificar los protocolos de seguridad para altos funcionarios, reforzar los mecanismos de control de los gastos reservados y fortalecer la fiscalización sobre el uso del Sistema de Inteligencia del Estado.
Las conclusiones de la comisión podrían abrir la puerta a nuevas acciones legales y administrativas contra los involucrados, así como a una revisión profunda de los procedimientos en el Gobierno en casos de este tipo.
