(Por José M. Villalobos) Un simple programa de edición digital permite alterar cualquier tipo de certificado o documento rubricado con Firma Electrónica Avanzada.
El certificado de revisión técnica y algunos permisos de circulación son sólo dos de los documentos que pueden ser modificados. Un especialista podría decir que el archivo electrónico queda corrupto, pero en los controles de tránsito los carabineros revisan papeles y no documentos digitales.
Parece complicado, pero no lo es. Cada vez que una autoridad emite un certificado oficial junto con las características visibles del documento se generan códigos que permiten verificar y sellar ese archivo. En el mundo virtual es fácilmente verificable si el documento fue adulterado.
Pero existen documentos que transitan entre ambos realidades y que son conocidos habitualmente como “los papeles del auto” o los “documentos del vehículo”.
“Recientemente una carabinera me controló en la comuna de Pudahuel. Ella me solicitó los documentos, revisó si la patente correspondía a la descrita en los ‘papeles’ y me los devolvió. En ningún momento interactuó con su teléfono y los documentos”, recuerda un automovilista.
En otros casos, cuando los certificados se mantienen como documentos electrónicos los o las funcionarias sólo revisan la imagen para comprobar si existe una relación entre patente y documento.
“No entienden que la imagen o el documento impreso es una construcción visual o material del certificado electrónico” comenta el ingeniero Jaime Fuentes, especialista en seguridad de la Información. “La firma electrónica avanzada es una pieza de código que se escribe en el documento y que permite verificar la autenticidad del documento y si este fue alterado”, agrega.
Para comprobar la autenticidad de un documento electrónico es necesario ingresarlo en un computador con herramientas básicas. En la calle se podría leer el código con un teléfono inteligente, acceder al organismo certificador y validar. “Validar no se trata de mirar si existe o no el documento en ese sitio sino que es corroborar si cada uno de los datos corresponden (fecha de vencimiento, número de vin o motor) a lo descrito en el papel.
Cada una de las municipalidades chilenas tiene su propio sistema de verificación. En algunas sí existe una firma electrónica y en otras, aún cuando está declarado en el documento no hay una rúbrica digital con las características exigidas en la ley.
“Con cuatro pesos armo un sitio que simula un verificador y nadie se va a dar cuenta. El nombre puede ser cualquiera: verificagob.ai o ptr.cl, da lo mismo, con el poco tiempo que tienen para fiscalizar nadie se da cuenta”, afirma un especialista en el área informática. En efecto, la creación de códigos QR es muy fácil y se pueden enlazar con sitios fraudulentos.
Esa es una sola parte del problema. Cada organismo del Estado tiene su propio sistema de tramitación y verificación. Por ejemplo, para solicitar la aprobación de un proyecto de agua potable y aguas servidas se debe ir a una oficina en calle Bulnes o a las oficinas respectivas en la región.
Y para verificar los documentos cada municipalidad tiene su propio sistema. En esta multitud resulta fácil confundir a los fiscalizadores. “Falta entrenamiento y que la comunidad entienda lo poderosa que es la transformación digital para la certificación y el seguimiento de los actos administrativos”, agrega un especialista en modernización del Estado.
Parece necesario definir una única forma de generar certificados electrónicos y al mismo tiempo una ventanilla única para validar.
Caso SEC
En este mundo nuevo de documentos virtuales resulta básica la verificación de cada uno de los certificados. Le pasó a una vecina de la comuna de Pirque quien debía realizar los trámites de regularización de su casa. Contrató a un arquitecto para que hiciera el trámite de presentación de la carpeta con documentos. Para los que no saben se trata de una carpeta de cartón y no de una del computador.
Uno de los documentos que se deben adjuntar es el certificado de declaración de instalaciones eléctricas internas domiciliarias o TE1. Después de una cantidad de días, la vecina recibió el documento y por una azarosa casualidad decidió comprobar su autenticidad ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
La primera alerta fue que no podía hacer la habitual copia y pega de los datos del archivo pdf. Cuando lo intentaba hacer aparecían caracteres sin significado aparente. Así que escribió uno a uno los dígitos necesarios para validar.
No sólo descubrió que no existía en los archivos de la SEC, sino que “pesaba” casi 200kb más que un certificado original. Pensando en un error comenzó a investigar la metadata del archivo PDF y descubrió que mientras los datos de un certificado verdadero eran cuatro líneas, el documento adulterado tenía más de 25 y en algunas de ellas se leía “adobe illustrator”. Ese es el nombre de un popular programa de edición.
Con la ayuda de un amigo que “sabía más que yo”, dice la mujer que prefiere guardar su identidad “transformamos el archivo PDF en un archivo html. En ese documento se podía ver que había texto sobrepuesto y que se podía comprobar que había una clara adulteración y que había un segundo certificado TE1 con el mismo folio que el que me entregaron. Por supuesto que hice la denuncia ante la SEC y aún espero respuesta”.
“No me quiero imaginar qué habría pasado si hubiera presentado este documento falsificado ante la municipalidad. Supongo que todo dependía de la carga de trabajo”, dice la vecina.
El mundo de las municipalidades y sus servicios necesarios como la Dirección de Obras o anexos como el de los Juzgados de Policía Local, JPL, no tienen recursos para transformarse y asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Ley N° 21.180 de Transformación Digital del Estado.
Los JPL están en el limbo, por una parte, dependen del Poder Judicial, pero los recursos los asigna el alcalde. El sistema de tramitación de causas de los juzgados CIVILES es completamente virtual, pero en las oficinas comunales de justicia, las rumas de carpetas son el hábitat de las arañas.
Para Andrés Dintrans, director de Proyectos de “A un toque”, empresa dedicada a la transformación digital público privada, “la situación actual de la dependencia impide la modernización efectiva en los juzgados de policía local. Al final es el público el que sufre por esta indefinición administrativa”.
En resumen, faltan menos de dos años para que comience a regir completamente la Ley de Transformación Digital del Estado de Chile y son muchos los ramos pendientes.
