Defensor Nacional (s): “Los fiscales y las policías tienen el deber de determinar el momento adecuado e idóneo para poder ejecutar una medida intrusiva”

El Defensor Nacional (s), Osvaldo Pizarro, se refirió al allanamiento del departamento de la diputada Karol Cariola (PC) en el marco de una investigación en su contra –hecho que coincidió con el día en que nació el hijo de la parlamentaria- y aseguró que “los fiscales y las policías tienen el deber de determinar el momento adecuado e idóneo para poder ejecutar una medida intrusiva”.

En esa línea, el jefe del servicio agregó que “es el juez quien tiene el deber legal y constitucional de verificar que la petición de una medida intrusiva del Ministerio Público, sea proporcional, razonable e idónea para el fin investigativo que se quiere perseguir”, para luego aseverar que “esos mismos principios de proporcionalidad, razonabilidad e idoneidad también deben ser considerados” al momento de la realización de la diligencia.

“La ejecución de esa medida, tanto en la oportunidad como en la manera de realizarla, efectivamente puede ser cuestionado al alero de estos principios de proporcionalidad, razonabilidad o idoneidad y corresponde precisamente al Poder Judicial y al juez que esté de control en esa investigación poder determinar si efectivamente esto se ajustó o no -tanto en su forma como en su fondo, desde la medida propiamente tal hasta su ejecución- a estos principios que son básicos y esenciales”, explicó Pizarro.

El directivo detalló también que, en el caso particular de la diputada, “se debatió a nivel del tribunal de garantía respectivo y se estimó como legal y proporcional, razonable e idónea” la diligencia en cuestión. “De ahí que esos antecedentes investigativos no fueron sancionados procesalmente en el fondo con una nulidad”, indicó.

Aclaró, además, que si bien la Defensoría Penal Pública no es interviniente en el caso, “este debate ya fue resuelto y, por lo tanto, no queda más que respetar la decisión judicial que en esa oportunidad ya fue tomada”.

PRISIÓN PREVENTIVA

Durante la conversación, el Defensor Nacional (s) abordó también el tema de la prisión preventiva y enfatizó que “es una medida de última imposición frente a otro tipo de medidas cautelares”.

“Ello, porque resulta ser concordante con nuestra legislación, con nuestro Código Procesal Penal, que establece un principio que es la presunción de inocencia, en el sentido de que alguien sólo puede ser tratado como culpable desde el momento que exista una sentencia condenatoria en su contra y, en caso contrario, la prisión preventiva debe ser extremadamente razonable y medida”, argumentó.

Asimismo, reiteró que “nosotros, como Defensoría Penal Pública, sostenemos que la prisión preventiva tiene una imposición desmedida”, puesto que “desde los últimos 10 años (….) esta medida cautelar se utiliza de manera desproporcionada respecto de la finalidad para la cual fue impuesta”.

Sostuvo también que, de acuerdo con las estadísticas de la Defensoría Penal Pública, del total de personas a las que se les impone una prisión preventiva, en promedio de los últimos diez años, sólo el 28,1 por ciento recibe una pena privativa de libertad. “Es decir, sólo el 28 por ciento de esas personas, a las que se les priva la libertad durante su proceso investigativo, terminan cumpliendo efectivamente una sanción”, recalcó Pizarro.

Respecto de las consecuencias de ello, el Defensor Nacional (s) afirmó que “privar de libertad a una persona tiene –necesariamente- la exposición a un contacto criminógeno que es altamente complejo. Y no sólo eso, sino que, además, el hecho de que una persona esté privada de libertad la deja en una posición bastante compleja, no sólo desde lo humano, sino que no tiene ninguna posibilidad de recibir o ser objeto de un proyecto de reinserción social, laboral o educacional, porque esta persona sólo está privada de libertad, a diferencia de una persona condenada, que tiene más opciones de poder optar a este tipo de proyectos”, concluyó.