Un paso de transformación para la industria cosmética chilena

La entrada en vigencia de la Ley 21.646 el pasado 27 de enero marca un hito significativo en la legislación chilena, prohibiendo las pruebas en animales para productos cosméticos y de higiene. Sin embargo, el recorrido de esta ley no fue inmediato.

Su discusión comenzó en 2020, y tras varios años de debates, la legislación finalmente fue aprobada en diciembre de 2023. En este tiempo, la presión de organizaciones internacionales y locales, como Te Protejo y Humane Society International, fue clave para posicionar la protección animal en la agenda legislativa del país.

Desde un punto de vista legal, la Ley 21.646 no solo prohíbe el testeo de productos cosméticos en animales, sino que establece un marco regulatorio que afecta tanto a los fabricantes nacionales como a los importadores. Es importante destacar que la ley no tiene efecto retroactivo sobre productos ya en el mercado, lo que implica que los cosméticos previamente aprobados pueden seguir circulando, pero la regulación afectará las nuevas formulaciones y los productos que entren al mercado chileno desde este 2025. Esto genera un desafío tanto para las autoridades como para la industria, que debe adaptarse rápidamente a las nuevas exigencias.

El camino legislativo fue largo. A nivel de políticas públicas, la ley se presentó como un tema de creciente relevancia en el contexto internacional. Países como los de la Unión Europea, que implementaron una normativa similar en 2013, ya contaban con un marco robusto que garantizaba que ningún cosmético comercializado en sus territorios fuera probado en animales. En América Latina, Brasil, México y Costa Rica habían dado pasos similares, pero la aprobación de la Ley 21.646 coloca a Chile en un grupo selecto de países que se alinean con los estándares internacionales sobre derechos de los animales.

A nivel legislativo, el debate fue intenso, pues si bien la normativa ganaba adeptos entre los grupos de defensa de los animales, hubo oposición desde sectores que temían por los costos que implicaría adaptarse a nuevas formas de testeo o que dudaban de la viabilidad de las alternativas científicas. Este es un aspecto clave en el análisis legal de la ley: su implementación requiere una infraestructura de apoyo en términos de investigación y desarrollo de métodos alternativos, como las pruebas in vitro o el uso de modelos computacionales, que deben ser validados para garantizar la seguridad de los productos.

La legislación chilena marca un cambio no sólo normativo, sino también cultural. Sin embargo, para que esta ley sea efectiva, será crucial garantizar la correcta fiscalización del cumplimiento de la norma y el seguimiento a las posibles infracciones, especialmente en un mercado globalizado donde muchas empresas pueden buscar maneras de eludir la legislación. Es esencial que las autoridades competentes implementen mecanismos efectivos para supervisar y sancionar el incumplimiento de la ley, garantizando su eficacia. Además, se debe fomentar la educación y concientización tanto de los productores como de los consumidores sobre la importancia de elegir productos que respeten los derechos de los animales.

Es crucial entender que la ley no solo responde a la necesidad de proteger a los animales, sino también a un cambio de mentalidad en los consumidores, cada vez más exigentes con las prácticas de las empresas. Esto es un factor de presión tanto para los reguladores como para las industrias involucradas. Las marcas que han tomado un rol activo en la eliminación de las pruebas en animales, como Natura y Avon, ya están preparadas para cumplir con estos estándares sin comprometer la calidad o la innovación de sus productos. La certificación Leaping Bunny, es un ejemplo de cómo las empresas pueden liderar el camino hacia un futuro libre de crueldad animal, sin sacrificar la seguridad ni la eficacia de los productos.

En términos legales, la ley es un avance en la protección de los derechos de los animales, pero también es una señal clara de que Chile se está posicionando como un referente regional en términos de regulación ética y responsable. A pesar de los retos que esto supone para la industria cosmética, la ley abre la puerta a la innovación y al desarrollo de nuevas tecnologías que respeten los principios de bienestar animal. En definitiva, se trata de un paso hacia un futuro más responsable, tanto a nivel empresarial como legislativo, que pone a Chile en la senda de los países más comprometidos con la ética en el comercio de productos cosméticos.