Desarme Moral y Operativo: ¿Qué Fuerzas Armadas queremos?

A mediados de los años 60, la izquierda chilena validó la vía armada como el camino más efectivo para alcanzar el poder, en una interpretación radical de la lucha de clases. Como diría más diplomáticamente Carl von Clausewitz, aceptaron “la continuación de la política por otros medios”.

Para hacer la guerra, sin embargo, era necesario crear las condiciones. La estrategia consistió en tensionar el ambiente político y obtener el respaldo popular mediante la agitación social y la desestabilización institucional. Así, en pleno gobierno de Eduardo Frei Montalva, la izquierda chilena, inspirada en el éxito de la Revolución Cubana y aprovechando el descontento de los sectores asalariados, impulsó la ocupación ilegal de tierras, fábricas e industrias. En paralelo, surgieron grupos armados como el MIR y, posteriormente, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que recibieron instrucción en Cuba con el objetivo de formar futuros “generales comunistas” y crear una estructura militar revolucionaria dentro de Chile.

Todo esto parecería historia del siglo pasado… pero no lo es.

Hace solo dos días, un grupo de delincuentes –o terroristas, como corresponde llamarlos– atacó la guardia del Fuerte Aguayo de la Armada, sometió a los centinelas y robó armamento automático.

Un asalto directo a una unidad de Infantería de Marina, en tiempos de paz, dentro de nuestro propio territorio. Y no es la primera vez que ocurre.

Lo preocupante no es solo el hecho en sí, sino lo que simboliza. ¿Cómo es posible que una unidad militar sea vulnerada de esta manera? ¿Se trata de infiltración? ¿De colusión? ¿De mandos que han caído en la trampa ideológica de la Revolución Cultural y ya no creen en la necesidad de la seguridad y la defensa? ¿O acaso el problema es aún más grave y estamos viendo el efecto de años de persecución judicial y política contra quienes visten uniforme, al punto de hacerles dudar del uso legítimo de la fuerza?

A tal punto ha llegado esta situación que hoy los militares portan armas sin munición de guerra o con munición a fogueo, y entrenan con paintball. ¿Es esto serio? ¿Se puede proteger la soberanía y el orden interno con este nivel de restricciones? Volvemos a lo mismo de siempre: ¿qué Fuerzas Armadas necesitamos y queremos? Una pregunta que no solo se debe resolver en el nivel político estratégico, sino también en el operativo y táctico.

Pero también debemos preguntarnos algo más: ¿qué están dispuestos a hacer quienes hoy tienen el uniforme y el mando? ¿Privilegiaremos los sueldos, el puesto, el cargo, el grado jerárquico, la seguridad de tener un trabajo estable o un sueldo seguro por sobre la necesidad de impedir el desmantelamiento de nuestras Fuerzas Armadas? Si es así, el problema no es solo político, sino también moral y de liderazgo.

Cuando en un país los militares se sienten más amenazados por su propio gobierno que por el enemigo, el colapso del orden está mucho más cerca de lo que muchos creen.

No es una exageración: mientras exuniformados ancianos y enfermos son perseguidos judicialmente con total rigor, terroristas condenados reciben beneficios penitenciarios. Pero la persecución ya no es solo contra quienes cumplieron su deber en el pasado, sino también contra los uniformados de hoy. Carabineros y militares han sido procesados y condenados por cumplir su deber en actos recientes, como el control del orden público durante el estallido social de 2019 o en enfrentamientos con grupos armados en la Macrozona Sur. Se ha llegado al punto en que un funcionario debe pensar dos veces antes de defenderse, porque es más probable que termine tras las rejas que el delincuente al que intenta detener.

Algunos llaman a esto ‘democratización’ de las Fuerzas Armadas. Pero lo que realmente significa es su progresivo desarme moral y operativo, disfrazado de modernización. Se impone un relato en el que la seguridad pasa a un segundo plano, la jerarquía se diluye y la disciplina es vista como algo anticuado. Se pretende transformar a las FF.AA. en un simple organismo administrativo, carente de la capacidad de reacción necesaria para defender la soberanía y el orden interno. En el fondo, no es democratización, es desmantelamiento. Y si nadie lo frena, el país pagará las consecuencias.

Y aquí surge una inquietud aún más profunda: ¿realmente nuestras Reglas de Uso de la Fuerza garantizan que los militares y policías puedan cumplir su deber sin miedo a terminar en la cárcel? Porque si no es así, entonces solo estamos entregándoles un uniforme y un arma descargada para que posen en ceremonias y desfiles, pero no para que protejan al país.

También cabe preguntarse qué tipo de formación se está impartiendo en las academias y escuelas militares. ¿Se está enseñando a defender la soberanía con determinación y claridad estratégica, o se están insertando elementos ideológicos que desdibujan la misión fundamental de las Fuerzas Armadas? No es un tema menor. Un Ejército cuya formación prioriza la corrección política sobre la eficacia operativa está condenado a la inacción y al descrédito.

Pero más allá de todo, hay un punto clave: sin respaldo político, no hay respaldo jurídico. Si desde la institucionalidad civil no existe una defensa clara del uso constitucional y legítimo de la fuerza, entonces todo lo demás es una farsa. La pregunta que surge es inevitable: ¿cuál es el verdadero propósito de esta constante erosión de la autoridad de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden?

Cuando en un país los militares se sienten más amenazados por su propio gobierno que por el enemigo, el colapso del orden está mucho más cerca de lo que muchos creen.

Chile ya vivió un período en que la subversión encontró un terreno fértil en la ingenuidad de algunos y la complicidad de otros. Pero esta vez el riesgo es mayor, porque los que ayer atacaban con fusiles hoy gobiernan con leyes.

¿Seremos nuevamente un país que aprende a los golpes?