Casi 80 Estados del TPI defienden a la corte frente amenaza de EEUU
Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para imponer sanciones a altos cargos y trabajadores del TPI por imponer "sin fundamento legítimo, su jurisdicción sobre personal de Estados Unidos y alguno de sus aliados e iniciado investigaciones al respecto, incluyendo a Israel", a través de "órdenes de arresto infundadas" contra Netanyahu y Gallant.
Casi 80 Estados Partes del Tribunal Penal Internacional (TPI), han declarado este viernes su respaldo a la labor de la corte tras la amenaza de sanciones efectuada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concebida como una represalia por la orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como contra su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant, por la presunta comisión de crímenes de guerra en Gaza.
Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para imponer sanciones a altos cargos y trabajadores del TPI por imponer «sin fundamento legítimo, su jurisdicción sobre personal de Estados Unidos y alguno de sus aliados e iniciado investigaciones al respecto, incluyendo a Israel», a través de «órdenes de arresto infundadas» contra Netanyahu y Gallant.
En respuesta, 74 estados firmantes del Estatuto de Roma, el cimiento legal del TPI, se han sumado a la iniciativa impulsada por Eslovenia, Luxemburgo, México, Sierra Leone y Vanuatu, también firmantes del texto, donde reafirman su «continuo e inquebrantable apoyo a la independencia, imparcialidad e integridad del TPI», al que consideran «un pilar vital del sistema de justicia internacional al garantizar la rendición de cuentas por los crímenes internacionales más graves y la justicia para las víctimas».
La orden de Trump representa un «desafío sin precedentes» para el funcionamiento del tribunal, pero también incrementa «el riesgo de impunidad» entre los criminales que atentan contra el Derecho Internacional, un instrumento «crucial para promover el orden y la seguridad mundiales».
Asimismo, los países advierten de que «las sanciones podrían poner en peligro la confidencialidad de información sensible y la seguridad de los involucrados, incluidas las víctimas, los testigos y los funcionarios del TPI», y cualquier cierre de las oficinas del tribunal como consecuencia de las misimas «socavarían gravemente la investigación de los procesos en curso».
«Nos comprometemos a garantizar la continuidad de las actividades del TPI para que pueda seguir desempeñando sus funciones de manera eficaz e independiente», asegura un comunicado refrendado por países como Brasil, Bélgica, Canadá, Chile, Jordania, Nigeria, Portugal, Palestina o Reino Unido.
«En nuestro esfuerzo colectivo por defender la justicia internacional, subrayamos el papel indispensable del TPI para poner fin a la impunidad, promover el Estado de Derecho y fomentar el respeto duradero del Derecho Internacional y los Derechos Humanos», concluyen.
