Amnistía Internacional denuncia irregularidades en excarcelación de presos en Cuba
El compromiso del Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel implicaba la salida de prisión de 553 personas, pero a las organizaciones opositoras sólo les consta la excarcelación de 171 presos políticos.
Las «irregularidades» y la «falta de transparencia» han marcado el proceso de excarcelación de presos anunciado a mediados de enero por el Gobierno de Cuba, según la ONG Amnistía Internacional, que ha exhortado a las autoridades de la isla a dejar en libertad a todas aquellas personas detenidas de manera arbitraria y perseguidas por su disidencia.
El compromiso del Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel implicaba la salida de prisión de 553 personas, pero a las organizaciones opositoras sólo les consta la excarcelación de 171 presos políticos. De hecho, como ha recordado la directora de Amnistía para las Américas, Ana Piquer, no existe siquiera un listado de las personas beneficiadas de estas medidas.
«Cientos de familias han vivido entre la angustia y la esperanza, pendientes de una llamada telefónica o notificación, sin ningún criterio o elemento que les permita saber si sus familiares van a ser liberados», ha lamentado Piquer, que teme una utilización «deshumanizante» de los presos «como fichas de cambio en un juego político».
La promesa de las liberaciones coincidió con el anunció de Estados Unidos de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, decisión esta última revertida por la actual Administración norteamericana.
Las excarcelaciones han permitido a algunos presos políticos, como José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Luis Robles y Donaida Pérez Paseiro, abandonar la cárcel, pero todos ellos han denunciado ser víctimas de nuevas restricciones pese a estar en libertad. Amnistía Internacional ha lamentado que no haya voluntad de «garantizar una libertad inmediata e incondicional» de otros destacados disidentes como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo, Loreto Hernández, Roberto Pérez Fonseca o Saylí Navarro.
«Ellos y todas las personas detenidas solo por levantar su voz deben ser puestos en libertad», ha reclamado Piquer, que aspira en última instancia a que el Gobierno derogue las «leyes represivas» y ponga fin a las «prácticas sistemáticas de represión contra la disidencia».
