Presidente argentino modifica por decreto ley antidumping para productos importados

El presidente argentino, Javier Milei, decretó más de 130 modificaciones de las normas antidumping para productos extranjeros, entre las que se destaca el establecimiento de un plazo de tres años para las garantías de protección de algunos sectores y/o productos, que antes eran ilimitadas, se informó este jueves en el Boletín Oficial.

«Todo derecho antidumping o compensatorio definitivo no podrá durar más de tres (3) años contados desde la fecha de su imposición», indica el artículo 31 del decreto publicado este jueves, que busca fomentar la reducción de precios y la libre competencia, además de garantizar transparencia en el comercio exterior.

Tal como lo explicó el Ejecutivo, los derechos antidumping «son instrumentos que se utilizan cuando el precio de un producto importado se vende por debajo del valor de mercado del país de origen, generando una competencia desleal con los productos locales».

Sin embargo, el Gobierno considera que este tipo de aranceles «son mal utilizados en la Argentina».

«¿Te molesta tener que pagar una plancha o una bicicleta casi tres veces lo que cuesta en Brasil? ¿Una pava eléctrica o un ventilador el doble que en Chile? ¿Un lavavajilla cuatros veces lo que cuesta en Londres? ¿O el porcelanato un 50 por ciento más que en Uruguay? A nosotros y al presidente Javier Milei también», publicó en su cuenta de X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Así inicia un extenso mensaje en el que relata que la administración kirchnerista aplicó «el impuesto país, un cargo doble por IVA y anticipo de ganancias, a los que sumó una batería de medidas para-arancelarias que encarecieron los productos locales».

«Uno de estos instrumentos son las medidas antidumping: el pedido de una empresa de restringir la competencia de afuera imponiendo una barrera arancelaria extra», añadió.

Para Sturzenegger, el decreto es «una manera de darle una pátina de legalidad a lo que no es más que lobby puro y duro», porque «el beneficio del comercio es justamente poder acceder a cosas más baratas».

«El argumento del dumping es: «me venden más barato, destruyen la industria local y luego me cobran lo que quieren». Pero este argumento es un sinsentido ya que solo podría ocurrir si el producto que me venden tuviera un único productor a nivel mundial. Pero hay miles de productores de bicicletas, planchas y ventiladores en el mundo. La realidad es justamente la contraria. Al imponer el antidumping quedamos presa de un monopolio local que nos cobra lo que quiere», enfatizó.

En la idea del Ejecutivo, las leyes de protección a la industria local son mecanismos que la hacen menos competitiva, no genera beneficios futuros «y le mete la mano en el bolsillo a todos los argentinos».

El ministro pone como ejemplos a Brasil, Turquía e India que junto con Argentina «combinan mucho antidumping y muchas tarifas» y generan «una menor calidad de vida para sus habitantes».

Entre los rediseños de las normas destaca el establecimiento de un límite temporal a las medidas antidumping.

«A partir de ahora no podrán durar más de 5 años. Antes eran eternas: bicicletas, por ejemplo, tiene antidumping hace 30 años. Segundo, porque cualquier medida de antidumping deberá contar con una validación de defensa de la competencia y de defensa del consumidor: no se pueden aceptar medidas antidumping si afectan la competencia local de manera sustancial o si afectan al consumidor de manera sustancial», afirma Sturzenegger.

Y añade: «en particular se indica que las medidas antidumping deben tener como referencia los precios internacionales. Hoy se daba el absurdo que una empresa decía: «los chinos venden barato, pongamos un antidumping que me permita cobrar tres veces el precio internacional».

La norma también simplifica aspectos administrativos al designar a la Secretaría de Industria y Comercio como el único canal habilitado para la defensa de los importadores.

Desde la asunción del Gobierno, en diciembre de 2023, esta entidad derogó 107 resoluciones o normas para disminuir trabas burocráticas y promover la libre competencia, como las licencias automáticas y no automáticas, el sistema de gestión de importaciones o la declaración jurada de composición del producto.

También se dieron de baja el programa de control de precios cuidados y un régimen informativo de precios y cantidades.

A mediados de octubre, el Ejecutivo envió al parlamento un proyecto de ley que propone derogar unas 70 normativas consideradas obsoletas o que afectan libertades individuales, denominado «Ley Hojarasca».

En noviembre, El Gobierno anunció la ampliación de 1.000 a 3.000 dólares el monto de importaciones que pueden realizarse por paquete y la eliminación de los aranceles que rigen para los primeros 400 dólares de gastos para compras de uso personal, en otra política que tiende a la apertura de las importaciones.

El equilibrio fiscal es una de las prioridades del Ejecutivo para lograr que aminore la inflación y, en esta sintonía, el Gobierno está abocado a simplificar y desburocratizar la estructura del Estado para que existan menores costos.