No le echemos toda la culpa a Kristine Tompkins

Todavía no logro entender por qué no hay miles de personas en las calles defendiendo las aguas de los lagos Carrera (fronterizo con Argentina) y Bertrand, así como de los ríos Baker y Jeinimeni (también fronterizo), ubicados al sur de la región de Aysén.

Es difícil comprender cómo la ciudadanía no reacciona ante esta amenaza, cuando hace algunos años tuve el honor de organizar, el 9 de mayo de 2011, la marcha nocturna más grande de ese entonces contra el proyecto HidroAysén en Santiago, un megaproyecto hidroeléctrico que pretendía intervenir el río Baker con tres represas de contención.

Las aguas de los lagos Carrera y Bertrand, y del río Baker, son conocidas por ser de consumo público domiciliario. Si estas aguas son contaminadas por actividades mineras, no solo se hipotecará el presente y futuro del sur de Aysén, sino también el de los cinco municipios que integran la cuenca del lago Carrera: Ibáñez, Chile Chico, Cochrane, Caleta Tortel y Villa O’Higgins, abarcando toda la Carretera Austral Sur.

Actualmente, estas tierras están siendo amenazadas por la intervención minera ilegal en el Parque Nacional Patagonia. La minera australiana Equus, con el aval del entonces ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, y en negociaciones con Kristine Tompkins, adquirió de forma cuestionable 2.360 hectáreas del parque y excluyó 37.3 hectáreas adicionales para desarrollar el proyecto minero “Los Domos”. Este acto fue ilegalmente avalado por el Contralor General de la República de aquel tiempo, Jorge Bermúdez Soto, y por los senadores ayseninos David Sandoval Plaza (UDI) y Ximena Órdenes Neira (IND-PPD), ambos miembros de la Comisión de Medio Ambiente del Senado en 2018-2019. También figura en esta trama Guido Girardi, exsenador y presidente de dicha comisión en esos años.

La Convención Panamericana de Parques Nacionales, de la cual Chile es socio fundador, establece en su artículo 3 que, una vez declarado un parque nacional bajo la Ley 19.300 de Medio Ambiente, está prohibido desafectar o readministrar estas áreas para permitir actividades que extraigan recursos naturales, especialmente si son incompatibles con su carácter de protección, como la minería.

En caso de concretarse el proyecto, la extracción de oro en las hectáreas afectadas del Parque Nacional Patagonia—ubicadas en el sector Quebrada Honda, anteriormente parte de la Reserva Nacional Jeinimeni—pondría en riesgo el suministro de agua potable y las reservas de agua dulce más grandes del planeta. Este proceso, que incluye la técnica del *fracking* (fracturación hidráulica), emplea millones de litros de agua, mezclados con productos químicos altamente contaminantes como mercurio y cianuro, que podrían filtrarse y destruir la cuenca del lago Carrera.

Una amenaza al futuro de Aysén

De no impedirse esta ilegalidad, el futuro del sur de Aysén se verá gravemente comprometido. La contaminación de las aguas destruirá la denominación de origen y el sello verde de los productos y servicios asociados a esta cuenca, que actualmente son reconocidos a nivel mundial. Además, las comunidades locales, que dependen del turismo y la agricultura, perderán su sustento y calidad de vida.

A pesar de la magnitud de esta amenaza, el riesgo de que la minera Equus tome posesión de las hectáreas en disputa es inminente. La empresa podría comenzar a construir campamentos y contratar personal, aprovechando vacíos legales y permisos de prospección por cinco años, lo que alargaría los conflictos judiciales durante una década o más.

La corrupción como motor del saqueo

Los altos niveles de corrupción detectados en este caso son alarmantes. Las investigaciones realizadas a través de la Ley de Transparencia y Lobby (20.235) revelan cómo políticos de todos los sectores, incluyendo ministros, senadores y contralores, facilitaron esta intervención minera. Kristine Tompkins, presidenta de la Fundación Rewilding Chile, también habría participado en estas negociaciones para asegurar financiamiento del Gobierno de Sebastián Piñera, sacrificando intereses nacionales en favor de la minera australiana.

Un llamado a la acción

La región de Aysén enfrenta hoy una ciudadanía desmoralizada, en gran parte por traiciones pasadas como las de Iván Fuentes, quien deslegitimó los movimientos sociales al priorizar intereses personales. Sin embargo, es imperativo que los habitantes recuperen la fuerza y el orgullo que los caracterizó durante la colonización.

Por ello, el próximo 5 de febrero, presentaremos una carpeta investigativa ante el fiscal anticorrupción Eugenio Campos, exponiendo las ilegalidades cometidas por Felipe Ward, Kristine Tompkins y otros actores clave durante 2018. Esperamos que esta acción marque el inicio de la recuperación de lo que legítimamente pertenece a Aysén y sus comunidades.

La lucha por proteger nuestras aguas y tierras no puede detenerse. No podemos permitir que el Parque Nacional Patagonia, símbolo de conservación y legado de Douglas Tompkins, sea entregado a intereses privados a costa de destruir un ecosistema único y vital para el futuro de Chile.