Juan Carlos Guajardo y permisología: «Sin un cambio profundo, Chile seguirá enfrentando una carrera de obstáculos para la inversión»

Hace un año el Gobierno presentó el paquete de modificaciones legislativas para enfrentar la denominada “permisología”, que corresponde a la burocracia y solicitud de permisos para desarrollar proyectos de inversión en el país en los diferentes organismos competentes, que frenan el desarrollo de inversiones clave, como las mineras

Para el director ejecutivo de la consultora Plusmining, Juan Carlos Guajardo, el panorama actual de estas reformas en este año estará marcado por la elección presidencial y la necesidad de impulsar la economía.

Según el experto, el año pasado marcó un hito importante con el reconocimiento del problema en la tramitación de permisos.

“Esto fue positivo porque evidenció una preocupación por parte del Gobierno”, señala Guajardo. Sin embargo, advierte que “los avances han sido dispares: mientras los permisos sectoriales han mostrado buen progreso, áreas clave como la reforma ambiental presentan importantes rezagos”, asegura.

“No creo que estas reformas sectoriales puedan marcar una diferencia significativa”

¿Cómo evalúa el avance de la reforma a la permisología y su impacto proyectado para 2025?

El año pasado fuimos testigos de algo importante en cuanto al reconocimiento del problema. Creo que eso es lo que más debemos destacar. La presentación de estos proyectos refleja una preocupación, y eso es muy destacado. Sin embargo, hemos visto un avance un tanto dispar en los proyectos de permisología. Mientras que el proyecto de ley de permisos sectoriales ha avanzado con bastante viento de cola, los otros proyectos han tenido más dificultad.

La reforma del Servicio de Evaluación Ambiental no ha tenido el avance acelerado que sí ha tenido el de permisos sectoriales. Por lo tanto, hay un avance dispar en esta materia. Este debería ser el año en el que se materialicen estos proyectos en leyes, al menos en el caso de los permisos sectoriales.

En el otro caso también es posible que se convierta en una ley, pero va a ser un trabajo mucho más difícil y probablemente con más negociaciones. Ahora bien, otra parte de la pregunta tenía que ver con la efectividad que esto va a tener o puede tener. En eso, nosotros tenemos una visión más bien cauta. Si bien reconocemos lo positivo de identificar esto como un problema, nos parece que todavía son pasos iniciales y que no van a tener la capacidad de resolver el problema de manera más profunda.

¿Cree que los avances en permisos sectoriales son suficientes para mejorar la tramitación de proyectos?

Como digo, son avances parciales. No creo que estas reformas sectoriales puedan marcar una diferencia significativa. Son avances, pero para que el problema de la permisología se resuelva en Chile es necesario un esfuerzo mucho mayor. Apunto principalmente a la necesidad de un cambio en la vocación del Estado para que los proyectos se hagan.

Si lo vemos desde la perspectiva actual, lo que tenemos es que un proyecto tiene que salvar una carrera de obstáculos de 50 kilómetros para poder llegar a la meta. Hay que ir superando permisos, reclamaciones de comunidades, de organismos ambientalistas, el Poder Judicial, etc…

Es toda una carrera de obstáculos para poder llegar. Y lo que vemos ahora con estos proyectos es que tal vez se va a reducir de 50 a 30 kilómetros la carrera o se van a quitar algunos obstáculos, pero finalmente sigue siendo una carrera de obstáculos. Lo que hay que cambiar completamente es la visión y tener la convicción de que los proyectos son beneficiosos. Por supuesto, imponer requisitos y estándares, pero desde una perspectiva positiva, y no reiterar una perspectiva de retos como la que tenemos actualmente.

Chile y su competitividad 

¿Cuáles medidas serían esenciales para mejorar la competitividad del sector?

Yo creo que lo que hay que hacer acá es una verdadera reingeniería. Se necesita una simplificación mucho mayor, una racionalización de los permisos. Debería haber una visión de conjunto de todo lo que significa desarrollar un proyecto en gran escala. Esa visión de conjunto debería traducirse en permisos que sean racionales, acotados y armónicos, de forma que el resultado sea un proceso ágil. Esa es una condición muy importante: la racionalización a partir de un proceso profundo de reingeniería.

Actualmente tenemos una atomización de actores, donde cada uno quiere poner su acento en el tema, y así es casi imposible ponernos de acuerdo y sacar adelante proyectos complejos. Ahí es donde estoy apuntando: a dar vuelta esta situación y ponerlo de una manera mucho más simple. Esto, por supuesto, requiere un esfuerzo de un acuerdo amplio, pero sobre todo de un poder político y ejecutivo ágil que ponga los acentos donde corresponde.

¿Cómo ve la proyección de la inversión minera en Chile contemplando el último catastro de Cochilco por US$ 83.181 millones?

Nosotros tenemos estimaciones, y los grandes números nos indican que estamos más o menos en la misma línea. La pregunta más importante es cuánto de esto va a materializarse.

Este aumento en la cartera de proyectos refleja más anuncios que materializaciones. Cuánto de esto y a qué velocidad se va a traducir en proyectos concretos es lo que verdaderamente importa. Por las razones que comentábamos antes, y otras como factores financieros o políticos globales, no todo se va a concretar. La mayoría de la inversión, cerca del 90%, son proyectos de expansión o continuidad operacional. Estos son muy difíciles de postergar, lo que da cierta certidumbre. Pero también significa que hay pocos proyectos nuevos, lo que hará difícil aumentar significativamente la producción minera en Chile.

¿El panorama electoral podría impactar la inversión minera?

Los grandes ruidos para la industria minera quedaron despejados con el tema del royalty y el rechazo de la propuesta constitucional. Me cuesta pensar que podría haber grandes propuestas de política que alteren significativamente las condiciones para la industria minera. La variable importante será el nivel de gobernabilidad que se logre generar en Chile. Si esta próxima elección permite mayor estabilidad política, eso podría alentar a los inversionistas. Pero si sigue un escenario fragmentado que genere problemas de gobernabilidad, esto podría convertirse en una barrera adicional.