Según una investigación de CIPER, funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales y la exministra Marcela Sandoval advirtieron a la Presidencia sobre las posibles consecuencias políticas y comunicacionales de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende, operación que involucraba a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora Isabel Allende, ambas propietarias del inmueble.
De acuerdo con el reportaje de Diego Ortiz y Macarena Segovia, la advertencia se realizó en al menos tres reuniones entre junio y noviembre de 2024, antes de que el Presidente Gabriel Boric firmara el decreto que autorizó la compra por casi mil millones de pesos. Pese a estos reparos, el asesor de la Presidencia, Leonardo Moreno, indicó que se trataba de un «tema comunicacional» que sería manejado por La Moneda. No hubo alertas sobre la posible inconstitucionalidad de la transacción.
Actualmente, la compra es investigada por presunto fraude al fisco. Entre los testigos e imputados que han declarado ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, figuran la ministra Fernández y la senadora Allende, quienes se acogieron a su derecho a guardar silencio. También han prestado testimonio funcionarios de Bienes Nacionales, del Ministerio de Cultura y de la Contraloría.
Desde la Presidencia han señalado que colaborarán con la investigación, aunque en un inicio negaron haber recibido advertencias formales sobre los problemas que podría generar la operación.
