Extienden plazo para regularizar viviendas de autoconstrucción

La Sala de la Cámara aprobó, en general y en particular, por la unanimidad de 134 votos a favor, el proyecto que extiende el plazo simplificado de regularización de viviendas de autoconstrucción.

La iniciativa, que pasó a tercer trámite, se originó en una moción de senadoras y senadores. El texto modifica la Ley 20.898, que establece un procedimiento simplificado para regular este tipo de viviendas y edificaciones -conocida como la “ley del mono”-. Específicamente, la propuesta extiende el plazo, desde el 31 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2027.

Las y los autores del proyecto explicaron que la Ley 20.898, publicada en febrero de 2016, estableció procedimientos especiales para la regularización de viviendas y edificaciones sin el permiso respectivo. También para aquellas que no hubieran obtenido la recepción definitiva. Así, dispuso que dichos procedimientos regirían en forma transitoria por tres años, al 4 febrero de 2019.

Luego, dos nuevas normativas volvieron a aplazar la puesta en marcha integral de la citada Ley 20.898. Sin embargo, el escenario continuó adverso, sumando los efectos del estallido social, la pandemia de Covid-19 y la crisis económica posterior. De ahí que se requiera de una nueva renovación.

Del proyecto

La presente modificación a la Ley 20.898 señala que los propietarios de vivienda que no cuenten con los permisos de edificación y recepción definitiva, en forma simultánea, total o parcial, emplazadas en áreas urbanas o rurales, podrán, hasta el 31 de diciembre del 2027, obtener los permisos de edificación y de recepción definitiva, siempre que las viviendas cumplan ciertos requisitos. Entre ellos, se incluyó que la superficie edificada no supere los 90 metros cuadrados.

Sobre los documentos que deberán presentar los propietarios a la dirección de obras municipales (DOM) respectiva, para solicitar el permiso y recepción simultánea, se agregó el formulario único de estadísticas de edificación o certificado de ingreso electrónico de dicho formulario.

También, la copia del certificado de subsidio, en el caso de solicitudes de regularización financiadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Sobre el procedimiento regulado, se definió que éste podrá ser utilizado por propietarios de viviendas que tengan una superficie edificada que no exceda de 140 metros cuadrados. Esto, siempre que su avalúo fiscal no supere las 2 mil UF, emplazadas en áreas urbanas y rurales.

Microempresas y equipamiento social

La regularización de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamiento social contará con el mismo plazo de regularización ya señalado. Esto es, hasta el 31 de diciembre de 2027.

Para este caso, además, deberán presentar a la DOM el formulario de estadísticas de edificación o certificado de ingreso electrónico.

Por otra parte, en las disposiciones generales, cuando se trate de edificaciones que se acojan a los beneficios y pertenezcan a una copropiedad, se deberá adjuntar los acuerdos respectivos de la asamblea de copropietarios, en conformidad a la Ley de copropiedad inmobiliaria. Igualmente, se considerará esta ley para la entrega de subsidios.

Los plazos de vigencia corresponden a aquellos que tienen los propietarios para ingresar las solicitudes de regularización ante las respectivas direcciones de obras municipales, sin perjuicio de que la tramitación culmine en una fecha posterior.

Debate sobre autoconstrucción

El informe de la Comisión de Vivienda lo rindió el diputado Cristián Araya (PREP) en la sesión del 16 de diciembre. En dicha sesión intervinieron Jorge Saffirio (DEM) y Álvaro Carter (UDI). Mientras que en la sesión de hoy, participaron Leonidas Romero (IND), Felipe Camaño (IND), Marcos Ilabaca (PS), Marlene Pérez (IND), Miguel Ángel Calisto (IND), Jaime Sáez (FA), Marta Bravo (UDI), Chiara Barchiesi (PREP), Fernando Bórquez (UDI) y Sara Concha (PSC).

En su mayoría, los parlamentarios consideraron que la extensión de plazo es una medida necesaria para las personas que autoconstruyen sus viviendas. Agregaron que, muchas veces, por desinformación, no acceden a la regularización e, incluso, son sancionadas por ello.

Por otra parte, plantearon que, al regularizar sus hogares, pueden acceder a otros beneficios del Estado, como el mejoramiento térmico o de viviendas del Minvu.

Incluso se recordó que muchos procesos de reconstrucción por incendios, inundaciones y terremotos queda en mano de las personas y no del Estado. En tal plano, se sugirió abrir el debate para que la medida no sea transitoria, sino permanente, para ir en beneficio de las y los ciudadanos.