Durante esta tarde, y tras la aprobación en la sala de la Cámara de Diputados de un acuerdo que manifiesta el rechazo a la política gubernamental de adquisición de inmuebles patrimoniales, además de la solicitud de antecedentes al Presidente Gabriel Boric para esclarecer las irregularidades en la fallida compra del inmueble de la familia Allende, y tras haber ponderado los antecedentes, los jefes de bancada de Chile Vamos, Ximena Ossandón (RN), Gustavo Benavente (UDI) y Jorge Guzmán (Evópoli), resolvieron presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
La acción busca que el pleno del TC califique las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 60 de la Constitución, el cual prohíbe explícitamente a los parlamentarios en ejercicio celebrar contratos con el Estado de Chile. En este caso, se busca determinar responsabilidades respecto a la senadora Isabel Allende (PS).
Al respecto. el diputado Gustavo Benavente, jefe de bancada de la UDI manifestó: “Creemos que es importante que como Chile Vamos, nos hayamos tomado el tiempo suficiente para realizar una presentación sólida jurídicamente y que tenga todos los elementos necesarios para que la acción sea acogida favorablemente por el TC. Como Chile Vamos actuaremos en conjunto en materias de fiscalización y en otras acciones, dando muestras de gobernabilidad para los chilenos”.
Mientras que su par, la diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada de Renovación Nacional señaló: “Tenemos certeza que la senadora Allende ha incurrido en una causal de cesación en el cargo y por eso, luego de reflexionar y hablar con expertos, sin la obligación o el frenesí de llegar primeros a una carrera, iremos al TC luego de un proceso reflexivo y con certezas, de manera responsable para no terminar blanqueando una conducta que parece totalmente en conflicto con el marco constitucional y la probidad en la función pública”.
Finalmente, Jorge Guzmán, jefe de bancada de Evópoli, en tanto agregó que “Es de responsabilidad ejercer todas las acciones que nos entrega la ley para que existan sanciones por la vulneración evidente a la norma constitucional por parte de la senadora Allende y la ministra Fernández. No hacerlo es ser cómplice de un ilícito constitucional demasiado evidente y que debe ser sancionado en conformidad a la ley. Anticipar el resultado del Tribunal por su composición política es debilitar fuertemente la institucionalidad del país. Confiamos en el actuar apegado a la Constitución por parte del Tribunal Constitucional”.
