Por resolución del 7° Juzgado de Garantía de fecha 15 de diciembre, fue admitida a trámite la querella interpuesta por el abogado Luis Mariano Rendón en contra del fiscal nacional, Ángel Valencia.
La acción penal acusa la comisión por parte de Valencia del delito de «denegación o retardo de servicio», contemplado en el artículo 256 del Código Penal.
El delito lo habría cometido Valencia al no resolver una denuncia administrativa por abuso de poder presentada por Rendón. Esa denuncia se basaba, a su vez, en la utilización del nombre y de medios de la Fiscalía Nacional para defender a Valencia, difundiendo su versión de hechos que le imputó el abogado Juan Pablo Hermosilla.
Al conocer la resolución que admitió a trámite su querella contra Valencia, Rendón señaló: «Valencia no entiende que a mayor jerarquía, mayor es la exigencia de probidad y rigurosidad a una autoridad. A sus irregulares vinculaciones ya asumido como fiscal nacional, al abuso de poder de utilizar los medios de la fiscalía para su defensa personal, suma ahora el total desprecio a la denuncia administrativa que le tocaba proveer. Valencia estaba consciente del peso de esa denuncia, pues ni más ni menos que la Asociación de Fiscales y las asociaciones de funcionarios de Fiscalía manifestaron su repudio a la mala utilización de los medios de la institución para defender a Valencia, validando su versión de hechos que debiesen ser incluso investigados penalmente. En vez de dar curso a la denuncia administrativa correspondiente, intentó echarle tierra. Eso debe ser sancionado».
El jurista agregó que «La vinculación de Valencia, ya pública, con sectores de la mafia político-económica, como el liderado por Luis Hermosilla y con Andrés Chadwick, le restan completa credibilidad para dirigir a la institución llamada a perseguir estos focos delictivos de alto impacto en el país. Es de esperar que esta causa criminal, además de su sanción específica, sea un antecedente para que surja un grupo de parlamentarios dispuestos a requerir a la Corte Suprema, de acuerdo a la Constitución, la remoción de Valencia», concluyó el profesional.
Para investigar la querella contra Valencia, procesalmente corresponde que de acuerdo a la letra a) del artículo 46 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, sea citado especialmente el Consejo Nacional de Fiscalía. Este, con la exclusión del fiscal nacional y presidido por el fiscal regional más antiguo, deberá designar por sorteo un fiscal para investigar a Valencia.
