Justicia argentina reabre causa por atentado atribuido a Montoneros en 1976
La Cámara Federal consideró como "una grave violación a los derechos humanos" el atentado cometido contra un comedor de la entonces Superintendencia de Coordinación Federal de la Policía Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976, en el que murieron "casi dos docenas" de personas, y por ello ordenó indagar al exjefe de la organización Montoneros, Mario Firmenich.
Un tribunal de apelaciones argentino declaró imprescriptible un atentado atribuido a la guerrilla Montoneros en julio de 1976 y ordenó citar a indagatoria al que fue jefe de la agrupación, Mario Firmenich, en un cambio de jurisprudencia sobre los crímenes cometidos por organizaciones armadas, considerados hasta ahora delitos comunes.
«Revocar la extinción de la acción penal por prescripción oportunamente dispuesta y los consecuentes sobreseimientos dictados en este sentido», señala el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
La denominada Cámara Federal consideró como «una grave violación a los derechos humanos» el atentado cometido contra un comedor de la entonces Superintendencia de Coordinación Federal de la Policía Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976, en el que murieron «casi dos docenas» de personas, y por ello ordenó indagar al exjefe de la organización Montoneros, Mario Firmenich.
En un cambio de tendencia inédito, el tribunal de apelaciones pasó a considerar como delito de lesa humanidad este ataque cometido a 100 días del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar (1976-1983), y cuya autoría se adjudicó Montoneros, según consigna la resolución judicial.
Tras señalar que el hecho, que además provocó 112 heridos, «nunca fue siquiera mínimamente investigado por el Estado», la Cámara Federal consideró que no podían ignorarse «las excepcionales características de este lamentable acto criminal (…) sin ofrecer siquiera una mínima respuesta a las víctimas después de más de cuarenta años».
«El objetivo ya no tenía la precisión quirúrgica de un homicidio, sino la espectacularidad de una matanza», resaltó el tribunal en su fallo de 47 páginas.
Bajo esta nueva perspectiva, la Cámara de Apelaciones consideró que «a pesar del tiempo transcurrido, aún es posible avanzar en la investigación en el presente para esclarecer las responsabilidades en este suceso y poner fin al estado de incertidumbre que afecta a las víctimas y sus familiares».
El tribunal revocó así los sobreseimientos que se habían dictado a Firmenich y a otras seis personas -Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Antel Lauletta, Lila Victoria Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznares, y reclamó la indagatoria del exjefe de Montoneros considerando su «pública y notoria posición de mando».
LÍNEA POLÍTICA
El cambio de doctrina de la justicia argentina viene precedido por la postura pública de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que reivindica a las víctimas de las organizaciones guerrilleras de los años setenta y niega los crímenes del terrorismo de Estado.
A finales de agosto, la que fue compañera de fórmula del presidente, Javier Milei, aseguró durante un acto en el Senado que reabrirían «todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia» pudiera hacer «lo que debió hacer más de 20 años» y que «todos los montoneros» tenían que «estar presos por ensangrentar» la nación.
Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fueron las organizaciones armadas más relevantes que surgieron durante una dictadura militar autodenominada Revolución Argentina (1966-1973), en un clima de insurrección caracterizado por decenas de «puebladas» que comenzaron con el Cordobazo de 1969, una protesta estudiantil, obrera y sindical en el segundo distrito más grande del país (centro) contra el Gobierno de facto.
Aquellas sublevaciones debilitaron al Gobierno de facto del dictador Juan Carlos Onganía (1966-1970), hasta que fue derrocado y se abrieron paso a elecciones que ganó el expresidente Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974), que hasta 1972 estuvo en el exilio.
La inestabilidad política del último mandato de Perón se acentuó con su fallecimiento en 1973 y con la asunción en su reemplazo de su esposa María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, y la conformación de la Alianza Anticomunista Argentina, un grupo parapolicial de ultraderecha creado para combatir a las organizaciones armadas.
Con el golpe de Estado de 1976, la última dictadura profundizó la cacería contra estos grupos insurgentes, lo que provocó la detención y desaparición de unas 30.000 personas y la apropiación de unos 500 bebés nacidos en cautiverio.
Con el regreso de la democracia, el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) impulsó el llamado Juicio a las Juntas, que condenó a la cúpula militar por delitos de lesa humanidad, pero también estableció las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que impedían que el resto de los militares fueran juzgados por sus crímenes.
Con la llegada al poder de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), en el marco de una nueva política de Estado que reivindicó la «memoria, verdad y justicia» y derogó las leyes de la impunidad, la justicia argentina retomó en 2006 las causas judiciales contra los represores de la dictadura.
Desde entonces y hasta finales de septiembre, las condenas por crímenes de lesa humanidad alcanzaron a 1.187 personas, con el dictado de 328 sentencias que también absolvieron a otros 192 acusados.
