En sesión especial, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará este miércoles 11, a contar de las 15:00 horas, el proyecto de ley (boletín 17286) que determina un reajuste salarial para el sector público.
La instancia sesionó ayer en doble jornada, con el objeto de recibir las exposiciones del Ejecutivo, gremios de trabajadores y otras organizaciones locales, para, posteriormente, pronunciarse respecto del contenido de la norma, tanto en general como respecto de su articulado.
Al momento de la votación de la idea de legislar, el texto se aprobó por 12 votos a favor y 1 en contra. El mismo resultado se logró en el resto de los artículos que no fueron objeto de indicaciones.
El resto del proyecto se aprobó tal como había sido ingresado a trámite, salvo un artículo, correspondiente a normas misceláneas incluidas en la iniciativa. Este dice relación con un aspecto vinculado a la clasificación del bosque nativo.
En su punto central, la norma, que será informada en Sala por la diputada Gael Yeomans (FA), otorga un incremento total de 4,9% para los trabajadores. Se pagará en tres etapas, hasta junio del próximo año.
De tal forma, los salarios para el sector se incrementarán en un 3,0%, a contar del 1 de diciembre de 2024. Luego, a contar del 1 de enero y junio de 2025, el incremento será de un 1,2% y 0,64%, respectivamente. Así se completará el mencionado 4,9% total.
Aguinaldo y bonos
El proyecto contempla, además, el pago de un aguinaldo de navidad, que será de $68.865 para aquellos trabajadores cuya remuneración líquida percibida en el mes de noviembre del 2024, sea igual o inferior a $1.025.622. Para quienes perciban una remuneración líquida que supere tal cantidad en esa misma fecha, el monto será de $36.427.
La iniciativa incluye el aguinaldo de fiestas patrias; los tradicionales aguinaldos de navidad y de septiembre del sector pasivo; así como los bonos de escolaridad y vacaciones, los que se reajustarán vía IPC. Todos estos beneficios se incorporan desde este año con carácter de permanente. Previamente, se incluían, año a año, en cada proyecto de reajuste.
El proyecto, que también contempla un bono invierno para las y los jubilados, incluye una serie de aspectos misceláneos que deben entrar en vigencia al 31 de diciembre próximo. Entre otros, destacan el aporte para los servicios de bienestar, aporte a las universidades, beneficios de incentivos al retiro de los funcionarios públicos, perfeccionamientos de normas al teletrabajo, modificación de la planta de Gendarmería, entrega de un bono para personal de carabineros, bono de desempeño laboral para asistentes de la educación y una asignación de estímulo en materia de salud.
Acuerdo que viabiliza el reajuste
En su fundamentación, el proyecto señala que el país dejó atrás la pandemia y sus consecuencias. Es así como, en 2023, la economía completó el ajuste que requería, retomando una senda de crecimiento.
A ello se suma la reducción de la inflación, gracias a las políticas monetarias y fiscales implementadas. De hecho, la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 alcanza un 4,2%, cifras que debieran estabilizarse más durante el próximo año.
Este escenario dio pie al reajuste, elaborado tras un proceso de negociación con la Mesa del Sector Público. La entidad es encabezada por la Central Unitaria de Trabajadores y está compuesta por las más relevantes organizaciones laborales del país. Dicha instancia acordó con el Ejecutivo los beneficios económicos y una agenda de trabajo futura.
Adicionalmente, contempla otros acuerdos, como la revisión de las contratas no renovadas, la conformación de un comité de ausentismo bipartito para reducir el ausentismo laboral y la fijación de plazos en la agenda legislativa para establecer una jurisdicción que resuelva los conflictos laborales en el sector público. A ello se agrega un cronograma de trabajo vinculado a aspectos más sectoriales.
Ejecutivo y gremios
Durante la mañana de ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó el proyecto ante las y los diputados. Destacó que la economía logró equilibrarse y volvió a una senda de crecimiento. Reconoció que el ritmo dista del que imperó en Chile a fines de los 90 y principios de los 2 mil, pero insistió en que va por un camino correcto.
Sostuvo que lo anterior permitió alcanzar un acuerdo favorable con los gremios. Valoró, así, la apertura y disposición al diálogo de las organizaciones.
En tanto, David Acuña, presidente de la CUT, resaltó los beneficios económicos y laborales que incorpora el proyecto. Asimismo, valoró que el reajuste se esté dando por sobre el IPC y que se logren pisos mínimos para los trabajadores. Lo anterior, en temas como bonos y mecanismos de incentivo al retiro permanentes.
Por su parte, Carlos Insunza, coordinador de la Mesa del Sector Público, relevó que el acuerdo fue suscrito por 15 de las 16 organizaciones que la componen. Confidenció que el protocolo suscrito es integral, porque no solo aborda una mejora salarial, sino que también suscribe acuerdos laborales con proyección y estabilidad.
En la sesión de la tarde expusieron representantes de la Tesorería General de la República, la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus); la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada (Confusam); la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile y representantes del Movimiento de Mujeres del Sector Público.
Las y los dirigentes plantearon una serie de inquietudes frente a compromisos sectoriales pendientes o incumplidos, aspectos que el Ejecutivo se comprometió a revisar, con el objeto de buscar prontas soluciones.
