La Corte Suprema, mediante un informe de 31 páginas firmado por su presidenta subrogante, Gloria Ana Chevesich, solicitó al tribunal de alzada de Santiago que rechace el recurso de protección interpuesto por el exministro Sergio Muñoz, destituido en octubre por el Senado.
La resolución también pide que Muñoz sea condenado a pagar las costas del juicio, según lo informado por Interferencia.
El documento describe el recurso como un texto con un “defecto insalvable” en su argumentación, calificándolo de “origen incomprensible”. Además, señala que Muñoz no fue sancionado disciplinariamente por la Suprema, sino investigado por la Comisión de Ética, cuyas actuaciones él mismo aprobó durante su ejercicio como ministro.
El recurso presentado por Muñoz alega la vulneración de derechos constitucionales, como la igualdad ante la ley y la integridad síquica, lo que la Suprema desestima por falta de evidencia concreta y claridad en los argumentos.
Según el informe, Muñoz contradice sus propias acciones, recordándole su participación en decisiones relacionadas con el caso, como el rechazo de investigaciones disciplinarias o solicitudes de acceso a expedientes similares.
El análisis también advierte sobre una posible intención de Muñoz de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para buscar una compensación económica o revertir su destitución, aunque el proceso podría extenderse por años.
La destitución de Muñoz fue aprobada por el Senado en dos capítulos de una acusación constitucional por notable abandono de deberes, vinculados a conflictos de interés y la inacción frente a irregularidades en el desempeño de su hija, jueza de garantía.
