¿Puede el Minvu validar lo ilegal? Fuerte presión sobre Seremi de Vivienda y Estación Central para apurar permisos de «edificios fantasmas» tras reelección del alcalde Felipe Muñoz

La posibilidad de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) regularice los llamados «edificios fantasmas» de Estación Central, construidos sin respetar las normativas urbanísticas de le época ni las actuales, ha desatado una controversia que cuestiona el sistema de planificación urbana en Chile y plantea serios dilemas éticos y legales.

Tras la reelección del alcalde Felipe Muñoz, conocido por su férrea oposición a los “guetos verticales” en la comuna, se anticipa un escenario de confrontación entre las autoridades municipales, organizaciones civiles y las inmobiliarias que intentan legitimar cuatro proyectos cuestionados, autorizados durante la administración de Rodrigo Delgado mediante prácticas irregulares en la Dirección de Obras Municipales (DOM).

Actualmente, estos funcionarios enfrentan una querella por prevaricación administrativa interpuesta hace tres años en el 6° Juzgado de Garantía de Santiago por seis ciudadanos: Patricio Herman (columnista de El Periodista), Miguel Lawner, Miguel Prieto, Antonio García, Alejandro Verdugo y Jonás Figueroa. La investigación está a cargo de la Fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong.

Permisos a medida

La historia de los «edificios fantasmas» en Estación Central remonta a prácticas irregulares que permitieron la construcción de torres en zonas prohibidas y sin las debidas evaluaciones de impacto urbano.

La municipalidad ha denunciado que funcionarios de la DOM concedieron muchos permisos mediante sobornos, agravando problemas de densificación, insuficiencia de servicios y deterioro del entorno en la comuna.

El Minvu en la mira: ¿luz verde a lo ilegal?

Frente a este complejo escenario, el Minvu de la Región Metropolitana estudia la posibilidad de otorgar permisos retroactivos a los edificios en cuestión, una medida que, según los críticos, sentaría un grave precedente.

La Seremi de Vivienda, Carolina Casanova, afirmó que cada proyecto se evaluará individualmente a través de una comisión técnica, aunque esta postura ha generado rechazo entre las autoridades locales y la comunidad de Estación Central.

Su resolución parcial, que hasta ahora se desconoce, estará basada en el dictamen de la Contraloría, que no dijo qué hacer -como señalan las inmobiliarias y menos obliga a otorgar los permisos-, sino que entregó la interpretación legal de la anómala situación creada en Estación Central.

La municipalidad y diversas organizaciones han advertido que, de aprobarse la regularización, se abriría la puerta para que cualquier inmobiliaria ignore las normativas y luego busque validación retroactiva. El alcalde Felipe Muñoz, quien renovó su mandato con un sólido apoyo, ha reiterado su compromiso de proteger la calidad de vida de los vecinos y oponerse a proyectos que comprometan la infraestructura y los servicios de la comuna.

El municipio asegura que en algunos casos ni siquiera se han solicitado las recepciones finales y que otras presentan diversos incumplimientos normativos. Pese a ello las autoridades de Estación Central han sido blanco de diversas presiones, principalmente a través de insertos pagados, notas y reportajes en diferentes medios de comunicación. Además, abogados vinculado a las inmobiliarias, como David Cademartori y Christian Espejo, han realizado visitas insistentes y no agendadas previamente al municipio, con el objetivo de reunirse con funcionarios, sin respetar los pasos necesarios que contempla para estos efectos la Ley del Lobby cuando se trata de la Dirección de Obras.

A pesar de todo ello y del artículo publicado hoy en El Mercurio (“4.000 departamentos paralizados enfrentan al Grupo Biba y Estación Central, pugna llega a seremi de Vivienda”), en la comuna dicen que “ninguna de estas presiones nos apartará la estricta observancia de la ley”.

De acuerdo con la opinión de los técnicos del municipio la contraparte empresarial y sus publicaciones, entre ellas la referida, contienen imprecisiones técnicas flagrantes y no reflejan “más que la opinión sesgada” de quienes las promueven.

Por ello, aseguran, que solo están obligados a revisar las solicitudes actuales y futuras a partir de lo señalado en el dictamen de la Contraloría que, entre otro aspectos, señala que las modificaciones a los proyectos en ningún caso pueden ser más permisivas que los permisos otorgados originalmente (en este caso -además- declarados ilegales), cuestión que las inmobiliarias involucradas omiten o pretenden desconocer.

La Seremi ha dicho, claramente, que los permisos presentan “una ilegalidad normativa urbanística” y que “el permiso original no se condice con lo que se ejecutó”. Por eso está estudiando colectivamente qué hacer, espera tenerlo antes de fin de año, pero que no puede asegurar que va a aceptar los 4 casos en pugna.

“Estamos a la espera de lo que señale la Seremi de Vivienda y Urbanismo en esta materia, lo que en su oportunidad será revisado exhaustivamente. Somos categóricos en señalar que este municipio está por dar fiel cumplimiento a los dictámenes de la CGR, y por cierto, a la normativa que nos rige”, aseguran en el municipio.

Ver Contraloría insiste en que edificios fantasmas incumplen normas urbanísticas

Vecinos en pie de guerra

Para los residentes, los problemas derivados de estos edificios son evidentes: sobrepoblación, acceso limitado a servicios básicos y un entorno cada vez más degradado.

“La comuna está saturada; estos edificios empeoran el acceso a servicios, el transporte está colapsado y el entorno se deteriora”, afirma un vecino. Además, los proyectos en su mayoría están en manos de inversionistas que buscan rentabilizar el alza de arriendos, situación que agudiza el rechazo de los habitantes.

La ampliación de la querella presentada por el municipio demanda una investigación exhaustiva y sanciones a los responsables, señalando que permitir la operación de estos proyectos bajo un esquema de «legalización retroactiva» sería un acto de impunidad.

¿Un permiso imposible?

La decisión del Minvu es crucial para el futuro de la regulación inmobiliaria en Chile. Otorgar estos permisos podría legitimar prácticas ilegales y profundizar el deterioro de la calidad de vida en Estación Central, exponiendo un sistema de planificación urbana que, según las denuncias, privilegia los intereses de las grandes inmobiliarias sobre el bienestar de las comunidades.

Dada la situación de facto creada entre 2016 y 2018 durante la gestión del alcalde Rodrigo Delgado, no se vislumbra una solución a corto plazo de este problema que, entre otros perniciosos efectos debido al hacinamiento, ha deteriorado la salud física y mental de los vecinos, particularmente afectando a la infancia y a aquellos que se encuentran en la tercera edad, todo lo anterior, sin que las empresas inmobiliarias hayan propuesto indemnizaciones o mitigaciones que restablezcan los daños ocasionados.

Estación Central acudiría instancias superiores