Permisos y prácticas indecentes

A propósito de la incisiva campaña de prensa en contra de la permisologia, con el argumento de que en Chile es muy difícil obtener permisos para iniciar proyectos de inversión, sin reconocerse que en ocasiones los retrasos se deben a incompetencias técnicas de los privados, ciertos actores del mercado han optado por no solicitarlos, a sabiendas que, según ellos, esa omisión es una simple falta que no afecta a nadie, pues el bien superior es el crecimiento económico: así opera el abusivo neoliberalismo.

Un ejemplo de ello lo observamos con la denuncia formulada por un emprendedor de Mejillones en contra de la empresa Spence, subsidiaria de la minera australiana BHP, la más poderosa del mundo, que utiliza para su proceso extractivo el recurso agua de mar de la desaladora Caitan SpA. En efecto, la estación de bombeo de la anterior vulneró el Plan Regulador Comunal (PRC) de Mejillones, lo que fue denunciado por el director de obras municipales (DOM) al Tercer Juzgado Civil de Antofagasta, pues la instalación carecía de un permiso y por lo tanto no disponía de una recepción de obras.

Y por si fuera poco, la edificación clandestina se instaló en un terreno fiscal, asunto que fue corroborado por la Seremi de Bienes Nacionales, es decir, BHP ha estado usufructuando ilegalmente de este vital insumo desde el año 2020, fecha en que inició su operación. La ley en estos casos ordena la demolición, pero nadie de la municipalidad de Mejillones ni de región de Antofagasta se atreve a ejercer sus atribuciones.

Una muestra más del desorden institucionalizado que admite las pillerías que se cometen en el territorio, lo observamos con el abyecto episodio de las dunas de Concón y por ello es muy recomendable que los lectores conozcan el informe legal del 2 de marzo de 1994, elaborado hace 30 años por el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Pedro Pierry, quien posteriormente ejerció el cargo de juez de la Corte Suprema. Consideramos que el máximo de gente debe leer este informe relacionado con lo sucedido en estas dunas milenarias, pues allí se deja en evidencia los malabares ejercidos por la empresa Sociedad Urbanizadora Reñaca S.A. (Reconsa) dueña de 674 hectáreas localizadas entre Reñaca y Concón, compradas a vil precio al ex Instituto de Normalización Previsional (INP) de la dictadura de Pinochet.

El artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) impide la edificación de viviendas en los terrenos rurales y le corresponde a la Secretaría Regional de la Vivienda y Urbanismo de cada una de las 16 regiones del país cautelar que las subdivisiones y construcciones en ese tipo de terrenos, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-regional.

Solo se admiten las viviendas con precios de hasta UF 1.000 que se rijan por las disposiciones fijadas en dicho artículo de la LGUC, pero la opinión pública sabe que por desidia del Estado, apelándose impropiamente al DL 3.516, se han construido infinidad de viviendas fuera de los límites urbanos, actividades comerciales ilegales que son consecuencia del lobby ejercido por quienes se desenvuelven en este tipo de negocios. Debido a dictámenes de la Contraloría y fallos de la Corte Suprema, actualmente se está tramitando una ley en el Congreso Nacional para permitir la edificación de viviendas, con algunas exigencias, en los territorios rurales.

Asociado a lo anterior, hemos sabido que un avispado privado intenta desarrollar un proyecto inmobiliario fuera del límite urbano de la comuna de Olmué, 5a. Región de Valparaíso, disfrazándolo como un desarrollo turístico para la tercera edad. El inversionista informa a la prensa que su «sustentable» iniciativa considera 60 cabañas, 2 edificios de 4 pisos c/u (sic), con piscinas, canchas de pádel, bowling, salas de reuniones, quinchos, multi canchas y diversos juegos para sus ancianos residentes.

Como el hombre sabe de negocios, para obtener un mayor lucro, eligió para su proyecto un predio rural, que tiene un reducido precio en el mercado y no ha solicitado un anteproyecto en la DOM. Solo se ha dedicado a promocionarlo con suma perspicacia como una imperiosa necesidad para la comuna, esperando que la municipalidad finalmente se lo apruebe. Los vecinos de la mendaz «explotación turística» se han opuesto a la misma con variados razonamientos, sobre todo del tipo ambiental, haciendo valer la condición agrícola del terreno, y por ello, si él está tan convencido de los atributos del proyecto, debería ejecutarlo en un terreno urbano, y por ende idóneo, de la comuna de Olmué.

Con estos pocos ejemplos se demuestra fehacientemente que ni el libre mercado ni las instituciones públicas funcionan y, como conocedor de la naturaleza humana y del comportamiento atropellador de aquellos que tienen el poder económico, este columnista estima que todo seguirá igual, salvo que se produzca un milagro.