Fiscal jefe del TPI pide «unidad» a ONU para juzgar «crímenes atroces» en Libia
Así, ha pedido ayuda a la ONU y los países firmantes del Estatuto de Roma --instrumento constitutivo del TPI-- para "garantizar que los sospechosos detenidos sean llevados ante la Justicia mediante un juicio independiente, libre y justo", según recoge la ONU en un comunicado.
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha pedido este miércoles «unidad» a los países miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para llevar ante la Justicia a los responsables de cometer «crímenes atroces» en la localidad libia de Tarhuna, donde se hallaron varias fosas comunes en 2020.
Khan ha indicado durante su intervención por videoconferencia en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad que aún siguen en libertad seis miembros clave de la milicia Kaniyat, que estuvo al frente de Tarhuna desde 2015 hasta el año 2020, cuando las fuerzas gubernamentales la expulsaron de la ciudad, situada a unos 65 kilómetros de Trípoli.
Desde junio de 2020 se han exhumado cientos de cadáveres de fosas comunes de Tarhuna y sus alrededores, presuntamente víctimas de crímenes equivalentes a crímenes de guerra, como asesinato, tortura, violencia sexual y violación, según ha explicado Khan, que ha pedido mostrar una «férrea determinación» a la hora de hacer justicia.
«Hoy, una persona ha dicho algo muy sencillo y muy cierto, que cada hogar de Tarhuna tiene una víctima. Cada persona que ha detallado una pérdida ha sufrido el fin de su universo, y la angustia es palpable y sincera», ha afirmado el fiscal jefe, que se encuentra de visita en Libia.
Así, ha pedido ayuda a la ONU y los países firmantes del Estatuto de Roma –instrumento constitutivo del TPI– para «garantizar que los sospechosos detenidos sean llevados ante la Justicia mediante un juicio independiente, libre y justo», según recoge la ONU en un comunicado.
Khan ha destacado la importancia de seguir colaborando con las autoridades libias para alcanzar sus objetivos y ha citado resultados «positivos» a raíz de varias reuniones con altos cargos del país, entre ellos el fiscal general, para el establecimiento de «un nuevo mecanismo para coordinar las investigaciones y los enjuiciamientos».