Experta en política minera sobre permisología y reforma al Consejo de Monumentos Nacionales: “Queda poco margen de negociación este año”

La encargada del área regulatoria de la consultora Plusmining, Fiorella Ulloa, analiza los desafíos que enfrentan los proyectos mineros y el panorama político en el que se presentan las modernizaciones a la obtención de permisos.

“En la Región de Antofagasta existe un 68% de retraso en los proyectos de inversión”, advierte.

En enero de este año el Gobierno anunció una gran reforma a la llamada “permisología”, por medio de proyectos de ley sobre cambios al Sistema de Evaluación Ambiental, así como a los permisos sectoriales no ambientales. Este último fue recientemente aprobado por la Cámara de Diputados y, en la actualidad, es analizado en el Senado.

También a principios de año se anunció la intención de abordar otras dos temáticas relevantes para revertir la “permisología”: las Concesiones Marítimas y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Esto fue reafirmado durante la Cuenta Pública del Presidente Boric, pero no se habían conocido novedades hasta ahora que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer que se presentarán indicaciones al respecto.

Diversas industrias han destacado como una de sus preocupaciones sobre la agilización de los proyectos y sus aprobaciones, entre ellas la minería. En específico, la reforma al CMN ha capturado la atención, institución que ha sido cuestionada por sus plazos de evaluación por distintos actores, incluyendo un sumario de la Contraloría General de la República.

Fiorella Ulloa, encargada del área regulatoria y política de Plusmining, comenta: “Al analizar el último informe publicado a principios de año por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad sobre la ruta crítica de los permisos para proyectos mineros, se observa que tanto el permiso de concesión marítima como los permisos otorgados por el Consejo de Monumentos Nacionales forman parte de esta ruta debido a su extensión e imprevisibilidad”.

La especialista explica que se trata de muchos permisos y muy complejos. “En el caso del permiso de concesiones marítimas, aunque es posible gestionarlo en paralelo con otros trámites, el proceso puede extenderse desde dos años y medio hasta cuatro años. Por su parte, los permisos para realizar excavaciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, que se solicitan al Consejo de Monumentos Nacionales, pueden requerirse en hasta tres etapas de un proyecto. Primero, en la fase inicial de prospección; luego, si el proyecto ingresa a evaluación ambiental; y, finalmente, en caso de hallazgos imprevistos durante las etapas de pre-construcción y construcción, lo que en este último caso implica la paralización de la zona”, advierte.

¿Cuáles son las consecuencias de estas paralizaciones?

Se han reportado retrasos en los proyectos de inversión ingresados al SEIA en todas las regiones, junto con el promedio nacional. En la Región de Antofagasta, que concentra gran parte de los proyectos mineros del país y cuenta con el mayor monto de inversión comprometida, el 68% de los proyectos presenta retrasos.
La industria minera opera con una planificación a largo plazo, por lo que cualquier interrupción imprevista en la construcción representa pérdidas de millones de dólares. Además, el sector depende en gran medida de la estabilidad y la certeza; cuando se introduce incertidumbre, el riesgo de inversión aumenta considerablemente.

Reforma al CMN: atacar la discrecionalidad

El Gobierno anunció modificaciones al Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Cuáles cree que podrían ser los cambios necesarios para mejorar esta coordinación entre el desarrollo de proyectos y la protección al patrimonio?

El principal obstáculo en el procesamiento de permisos del Consejo de Monumentos Nacionales es la falta de criterios, estándares y procedimientos claramente definidos. Uno de los problemas más comunes es el retraso en las aprobaciones, ya que no existen plazos ni procedimientos reglamentados que guíen el proceso.

Además, la falta de un criterio uniforme da pie a un alto grado de discrecionalidad, lo que no solo genera variaciones en las evaluaciones, sino que también abre la puerta a posibles influencias políticas. Esto incrementa la incertidumbre, especialmente cuando no se cuenta con un estándar para valorar los hallazgos arqueológicos o patrimoniales. Sin un criterio claro, resulta difícil determinar si vale la pena posponer proyectos significativos por ciertos descubrimientos.

La Contraloría sumarió al Consejo de Monumentos Nacionales por demoras de casi 900 días sin respuesta de algunos proyectos. ¿Qué le pareció este sumario? Para contextualizar más, existen 3.752 casos pendientes al 31 de mayo.

En general, el Gobierno habla de falta de recursos y falta de dotación, de que no hay suficientes personas y no dan abasto para poder evaluar los proyectos. Puede ser que haya una falta de recursos, pero para mí tiene que ver netamente con un tema de criterios.

También hay una desactualización tanto de los protocolos como de los reglamentos que datan de hace más de 30 años. Entonces, obviamente los proyectos van a tener ese tipo de atrasos.

¿Cree que este sumario pueda hacer alguna diferencia?

No, no lo creo. En temas de permisología, la evidencia de los problemas está en todas partes. Aunque se publiquen sumarios y exista presión, el verdadero desafío es acelerar la solución. Ahora, la presión ha aumentado porque, además de la industria minera, otras industrias han destacado que la permisología es un obstáculo serio para el desarrollo económico de Chile. Un buen ejemplo es el proceso de modernización del Consejo de Monumentos Nacionales hacia el Consejo de Patrimonio. Para implementar este cambio, aún deben realizar una consulta indígena, la cual, según lo que se estima, podría recién finalizar el próximo año.

En general, ¿cómo ve los avances de estos proyectos?

Con la actual contingencia política, el margen para negociar es limitado, lo que probablemente impactara la agilidad en el avance de los proyectos.

En cuanto al Consejo de Monumentos Nacionales, es positivo que se busque descentralizar la toma de decisiones hacia las regiones, con el objetivo de descongestionar la carga en Santiago y agilizar el procesamiento de permisos.

Sin embargo, si no se resuelve la falta de criterios, estándares, reglamentos y procedimientos, esta medida es insuficiente. La descentralización, sin uniformidad en los criterios, generará diferencias en las evaluaciones entre regiones, afectando la certeza y consistencia en la toma de decisiones.