El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago revocó este martes la cautelar de arresto domiciliario y decretó la prisión preventiva de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga Guerra, imputada como autora de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
La medida del tribunal se adoptó en base a la petición del CDE y querellantes en la causa, estimando la gravedad de los cargos imputados por el Ministerio Público y el riesgo de entorpecimiento de las indagatorias.
Se dispuso que la exalcaldesa fuera trasladada al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel.
La Fiscalía Regional Oriente presentó nuevos antecedentes que revelan un presunto desfalco de más de 30 mil millones de pesos durante su gestión como jefa comunal entre 2016 y 2021.
El CDE acusa a Barriga y los exfuncionarios municipales Ana María Cortés, Luis Japaz, Andrea Díaz, Bastián Báez, María Palma y Andrea Monsalve, quienes habrían participado en actuaciones ilícitas referidas a la gestión desleal del patrimonio municipal y/o de falsedades, ocasionado con ello un enorme perjuicio económico.
De acuerdo con los hechos ocurridos durante la administración de la ex autoridad, los imputados cometieron tales ilícitos utilizando mecanismos como la delegación de atribuciones, sobreestimación del presupuesto municipal y la adulteración de certificados de disponibilidad presupuestaria para realizar distintas acciones defraudatorias, aumentando así el déficit y generando un perjuicio a las arcas municipales, señala la acción del CDE. Lo anterior, bajo el amparo de sus cargos de confianza, posición que les habría permitido evadir todo tipo de controles internos.
Conforme con los antecedentes recabados por la investigación penal, a la fecha, el perjuicio provocado al patrimonio municipal superaría los $30 mil millones.
En la audiencia de revisión de medidas cautelares, el magistrado Hugo Torres Arias, tras ponderar los argumentos vertidos por los querellantes, consideró que existen antecedentes e indicios suficientes para intensificar la medida cautelar de arresto domiciliario total a que estaba sujeta la ex autoridad comunal, por la prisión preventiva al considerar que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Al resolver, el juez Torres Arias enfatizó que: “La función pública, el servicio público, es la actividad más elevada a la que puede dedicarse un ciudadano. Constituye la consagración del ejercicio democrático, en la designación de las autoridades para el gobierno, en este caso, de la comuna”.
Para el magistrado: “Del ejercicio de esta función dependen las expectativas fundamentales de la gente. Por lo tanto, las pesquisa del correcto desempeño de las autoridades, con apego irrestricto a la ley, pero también al decoro, a la sobriedad en el gasto y la administración, es requisito sine qua non, en la persecución de los fines encomendados, porque aquí, en el ejercicio del poder, siempre hay un mandato. En el caso de marras, de los vecinos de Maipú a su alcaldesa”.
Asimismo, el juez consignó que: “Es cierto que delitos como el secuestro, como el robo o la violación, por ejemplo, están asociados a la falta completa de misericordia y compasión que todo acto violento, de fuerza o de abuso representan para la víctima. Pero cuanto más el delito cometido por aquel que revestido de los honores y prerrogativas que le otorga su alto rango, pasando por encima de la confianza pública en la gestión que le ha sido encomendada, distrae intencionalmente recursos, falsea información, posterga los pagos de la manera que se ha narrado, valiéndose –además– de la estructura administrativa que dirige para tornar más efectivo y eficiente su actuar espurio y doloroso”.
“Este reproche merece una valoración en que el comportamiento ético común no basta para exculpar o justificar la conducta. Y estimo que este es el caso. En consecuencia, considerando la cantidad de delitos, los graves antecedentes, los miles de millones de pesos involucrados, considero que la libertad de la imputada constituye un peligro real y concreto para la sociedad y ordeno su ingreso a prisión preventiva”, concluyó.
Finalmente, el tribunal resolvió ampliar el plazo de investigación de la causa en 90 días.
Según el ente persecutor, entre 2016 y 2021, la imputada Barriga Guerra, en calidad de alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, habría realizado diversas maniobras defraudatorias para manipular la disponibilidad presupuestaria de la casa edilicia, consistentes, esencialmente, tanto en la sobreestimación de ingresos como la subestimación de gastos municipales.
Manipulaciones que le habría permitido financiar diversas adquisiciones de bienes y servicios y la realización de eventos y actividades de promoción de su persona y gestión, los que tuvieron costos multimillonarios, dejando impagas obligaciones contraídas por el municipio. Actuaciones que habrían generado un perjuicio fiscal, cuya cuantía es objeto de investigación y que según los antecedentes existentes a la fecha, superarían los treinta mil millones de pesos.
