El gobierno de Gabriel Boric abogó hoy por una rápida solución al proceso de extradición desde Australia de Adriana Rivas, exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet.
Un comunicado publicado en la página de la Cancillería recuerda que Rivas está sometida a procesos judiciales como coautora de los delitos de secuestro calificado contra Reynalda Pereira, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Véliz y Víctor Díaz.
«Nuestro país le asigna una alta prioridad a la extradición de Rivas, tanto desde el punto de vista legal como en el marco de la persecución de violaciones a los derechos humanos, constitutivas de crímenes de lesa humanidad», precisa el texto.
El gobierno chileno plantea la necesidad de que los responsables de graves crímenes rindan cuenta ante la justicia.
Rivas, conocida como “La Chany”, fue secretaria del director de la DINA, Manuel Contreras, y desde 2019 se encuentra detenida en Australia luego de un requerimiento de la justicia chilena por ser coautora de los Casos Conferencia 1 y 2, cometidos contra la dirección del Partido Comunista.
Todos fueron secuestrados por la DINA entre mayo y diciembre de 1976 y trasladados a la Brigada de Exterminio Lautaro, sitio donde se les perdió el rastro.
Entre los detenidos desaparecidos estaba el entonces subsecretario del partido, Víctor Díaz, y la tecnóloga médica Reynalda Pereira, quien al momento de su arresto tenía cinco meses de embarazo.
En agosto pasado el gobierno de Australia decidió conceder la extradición de Rivas, quien ahora tiene 70 años, para que enfrente los cargos que se le imputan, pero su defensa impugnó el fallo y la primera audiencia de revisión se efectuará mañana.
“El Gobierno de Chile espera que este caso, el cual se ha extendido ya por muchos años, sea resuelto a la brevedad posible a los efectos de dar una debida y oportuna respuesta a los familiares de las víctimas en su demanda por justicia”, señaló el comunicado de la Cancillería.
Mientras, el Partido Socialista hizo un llamado a la solidaridad internacional de todas las fuerzas sociales y políticas progresistas de Australia para exigir que se dé curso a la entrega de la exagente del régimen de Augusto Pinochet.
