Cámara despachó proyecto que perfecciona ley de migración y extranjería

La Sala de la Cámara respaldó y envió a segundo trámite, al Senado, el proyecto que perfecciona la legislación sobre migración y extranjería.

La iniciativa establece una serie de modificaciones a la Ley 21.325. Por ejemplo, señala que el Estado propenderá, en conformidad a la ley, sin desmedro de los derechos de los nacionales, a proteger y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile.

Junto a aquello, establece que, existiendo las mismas condiciones económicas, sociales o de vulnerabilidad, la situación migratoria no será una circunstancia de ventaja con respecto a los nacionales. De todas maneras, se valora la contribución de la migración legal, segura y regular para el desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones.

En términos generales, la norma también establece nuevas prohibiciones de ingreso al país, por ejemplo, la causal de condena por violencia intrafamiliar. Además, a quienes hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por actos que la ley chilena califique de crimen. O, en los últimos cinco años, por actos que la ley chilena califique de simple delito.

También se amplían las causales de expulsión del país, tanto para extranjeros con permanencia transitoria como residencia definitiva. Junto a esto, se incorporan nuevas causales de rechazo de permiso de residencia y de revocación del mismo.

Modificaciones a Ley migración

Dentro de las modificaciones a la Ley de migraciones, el proyecto también considera medidas para incorporar los datos biométricos de quienes se encuentren en situación irregular.

Igualmente, se modifican las sanciones a los medios de transporte que retrasen o no lleven a cabo medidas de expulsión. Además, se modifica el Código Penal, para aumentar las penas en contra de quienes promuevan la entrada ilegal al país de personas afectadas por una medida de prohibición de ingreso. Del mismo, se apunta a quienes se dediquen al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Otra medida incorporada en el debate legislativo fue establecer la posibilidad de rechazar solicitudes de residencia a quienes hayan sido condenados en reiteradas ocasiones por infracciones, contravenciones o faltas que sean de competencia de los Juzgados de Policía Local.

Derechos de personas migrantes

El proyecto fija un nuevo procedimiento para el ingreso de niños, niñas y adolescentes (NNA) que entran al país no acompañados o sin documentación. En él se establecen mecanismos de colaboración especial con los países de origen para asegurar el respeto de sus derechos.

En cuanto al acceso a la educación, el proyecto señala que ésta no podrá denegarse a causa de su condición migratoria. Sin embargo, se aprobó una indicación que establece que sí se podrá priorizar para asegurar el derecho de los nacionales. Esta situación generó rechazo en el Gobierno, por lo que la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que se buscará una solución en el Senado.

El texto sí agrega que, tratándose de NNA en una condición migratoria irregular, los establecimientos de educación deberán requerir enrolamiento. Mismo requisito se establece en el acceso a la Salud. En este ámbito también se garantiza que será en igualdad de condiciones respecto de las y los chilenos.

La norma, además, obliga a regular los derechos laborales de las personas migrantes en general. No obstante, la ministra también alertó el riesgo de establecer sanciones penales a los empleadores que incumplan lo establecido. Esto, porque la medida agrava la situación al ser un mal incentivo a la informalidad del trabajo de personas migrantes.

En cuanto a la vivienda, establece que quienes se encuentren en una condición migratoria irregular no podrán subarrendar. Tampoco podrán celebrar contratos de arrendamiento de bienes raíces urbanos. En este marco, se establecen multas a las y los arrendadores que incumplan esta norma.

En términos generales, en la mayoría de las intervenciones se valoró la propuesta del Gobierno. Sin embargo, desde sectores de oposición lo calificaron como un pequeño avance, donde aún quedan materias pendientes. Aquí destacaron la necesidad de mejorar los sistemas de expulsión, establecer como delito la migración irregular y crear una zanja en la frontera.

Por otro lado, señalaron de forma transversal que el aumento de la migración plantea cruciales desafíos. Por lo tanto, modernizar la legislación permitirá mejorar la convivencia entre las culturas y la seguridad en el país.

Particularmente, desde el oficialismo, se valoró que el proyecto entregue una mayor protección a los NNA. Empero, se criticó que el texto mantenga ciertos márgenes discriminatorios.

Finalmente, en el tiempo de votación, gran parte del articulado fue respaldado por mayoría. Sin embargo, la Sala rechazó la norma que establecía un procedimiento para quienes no hayan aprobado el examen de conocimientos sobre culturas y educación cívica chilenas.

Además del proyecto de migración, la Sala de la Cámara aprobó una nueva extensión del estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la macrozona sur. Aplica para la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, en la región del Biobío. La prórroga comenzará a regir tras el vencimiento del decreto vigente, el próximo 1 de diciembre.

Según el reporte, hasta el 10 de noviembre, se observa una disminución del 47% de los eventos de violencia rural en la macrozona respecto del mismo periodo del 2023. El descenso llega a un 70%, en comparación al 2021. Por regiones, el descenso se expresa así: 49%, en La Araucanía; 41%, en el Biobío; 56%, en Los Ríos; y 57%, en Los Lagos.

Las usurpaciones en la macrozona sur muestran una disminución del 59% en comparación al 2023 y un 88% respecto del 2021. Los ataques incendiarios, en tanto, se redujeron en un 60% y los bienes incendiados disminuyeron en 70%. Ahora, los cortes de ruta bajaron un 71%, mientras que los eventos con presencia de armas de fuego descendieron un 51%.