La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, en sesión especial, declaró no ha lugar a la admisibilidad de la acusación constitucional presentada en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Se pronunciaron 67 votos a favor, 76 en contra y 7 abstenciones. Conforme con ello, culminó su proceso de tramitación en la Corporación.
Cabe mencionar que, al inicio de la sesión, la secretaria de Estado comunicó que no apelaría a la denominada “cuestión previa”. Esto es, la impugnación del estricto cumplimiento de los requisitos formales para la presentación del libelo. Según especificó, prefería ir directamente a la discusión de las acusaciones.
Como consecuencia de lo anterior, el proceso continuó conforme a lo definido por la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Ella establece que, si el informe de la comisión que evaluó el libelo recomienda rechazarlo, cuestión que aconteció, se dará la palabra a un diputado que la sostenga. Así, tomó la locución uno de los acusadores, el diputado Luis Sánchez (PREP).
Los acusadores
El diputado Sánchez hizo un repaso por situaciones de violencia que ha sufrido el país. Mencionó que el Gobierno suele sostener que las cifras han bajado. Sin embargo, subrayó que “las cifras de homicidio no han bajado”.
En esa línea, planteó que, en los últimos 24 meses, la violencia homicida ha aumentado sin precedentes. Especificó que “Chile es uno de los países más peligrosos del mundo”. Puntualizó que solo el 36% de los chilenos se siente seguro de caminar solos en la noche.
Por otra parte, planteó que la crisis tampoco se ve mucho mejor en materia de inmigración ilegal. Aquello, señaló, refleja las limitaciones de las policías y de las políticas de control fronterizo.
“Hubo errores en los gobiernos anteriores sí, pero el Gobierno que hoy está ejerciendo el cargo es el de Gabriel Boric y la ministra que hoy está en el cargo es Carolina Tohá y lo que pretenden sostener algunos sectores políticos es que no se les puede exigir, supuestamente, lo imposible. Nosotros estamos completamente en desacuerdo”, remarcó.
Recalcó que se trata de “un equipo que es incapaz e incompetente para enfrentar estos enormes desafíos”. Y explicó que la acusación se presentó en respuesta a que el Presidente no removió del cargo a la ministra. “Es un medio de control político y jurídico que se hace indispensable e inevitable”, sentenció.
Expuso que hay una clara relación de causalidad entre las omisiones y las decisiones del Gobierno con el agravamiento de esta crisis bajo el mandato de la ministra Tohá. “La ministra Tohá debe responder por las decisiones que ha tomado y las omisiones en las que ha incurrido durante su gestión. No se trata sólo de evaluar el contexto heredado de gobiernos anteriores sino que se deben exigir respuestas concretas al Gobierno que hoy detenta el poder y que ha demostrado una incompetencia manifiesta”, puntualizó.
Defensa de la ministra Tohá
En representación de la ministra expuso el abogado Juan Ignacio Piña (ver acá defensa presentada). Entre sus primeras palabras recordó que esta medida no solo es un control político, sino que, además, implica imponer una sanción gravosísima.
Luego, planteó que la acusación hace dos propuestas distintas. Una apunta a supuestas acusaciones respecto de sus funciones u omisiones que no dicen relación con su directo actuar. Lo segundo, acotó, es proponer un nuevo estándar para las acusaciones constitucionales indicando que no es un elemento de último ratio, situación que, tanto la tradición como los invitados a la comisión desmintieron, reconociendo que se deben cumplir con ciertos estándares de gravedad para su verificación.
El abogado sostuvo que los acusadores no hicieron atribuciones concretas a la ministra. En este plano, recordó que la responsabilidad es por infracciones de deberes propios, lo que no acontece en la generalidad del libelo. Más bien, acota, se hace una descripción de la situación de la seguridad pública en el país. Y, sobre la base de ello, se apela a una interpretación abierta de las causales constitucionales. “Es la primera vez que se escucha una norma de interpretación constitucional sin tomar en cuenta la norma constitucional”, apeló.
Comentó que el libelo solo tiene dos menciones directas a la ministra Tohá. Una de ellas refiere a la dictación de una resolución exenta referente al Protocolo de Reconducción. Este documento, remarcó, no lo realizó la ministra, sino un órgano descentralizado como es el Servicio Nacional de Migraciones. “No solo no lo dicta; no puede dictarlo ni corregirlo si no le gustara”, agregó.
La segunda mención es por, supuestamente, no haber apoyado al general Ricardo Yáñez, quien fue citado a la comisión informante por los acusadores. Al respecto, Piña citó dos testimonios del exdirector de Carabineros donde no solo refutaba las imputaciones a Tohá, sino que, además, reconocía su labor y apoyo, por ejemplo, en mejoras de herramientas policiales, implementación, vehículos, etc.
Finalmente, entre otras variadas argumentaciones, afirmó que se fija un estándar por infracciones que no establece la Constitución; se imputan hechos previos a que empezara a ejercer el cargo; y se realiza un manejo mañoso de las cifras. Sobre esto último, por ejemplo, recordó que es bajo este Gobierno donde se ha concretado el aumento presupuestario más relevante en últimos ocho años en materia de seguridad pública; donde se quintuplicó el número de leyes dictadas sobre la materia; y donde se ha verificado también mejoras en materia de inmigración ilegal.
Evop, Republicanos, RN y UDI
Francisco Undurraga (Evop) dijo no desconocer el flagelo que vive la ciudadanía ni la cantidad de personas fallecidas en este período. Pero estimó que el camino es reflexionar cómo proyectar este país hacia adelante. Asimismo, criticó las acusaciones injustas presentadas en el Gobierno de Sebastián Piñera, aunque pidió no actuar con revanchismo en la materia. Así, llamó a no seguir degradando a las instituciones y “de verdad tomar en serio la democracia”.
Desde el Partido Republicano, José Carlos Meza relató emotivamente la situación que enfrentó su padre en un hospital público. El parlamentario narró que al estar internado previo a una compleja cirugía le señaló tener miedo “de que llegue un narco baleado y su rival quiera rematarlo en el hospital”.
Frente a eso, planteó que la defensa de la ministra puede señalar que las cifras de delincuencia bajaron o que han controlado la situación. Sin embargo, afirmó, esto no sería real. Así, sostuvo que sería necesario “un cambio en el timón” en materia de seguridad.
Camila Flores, desde la bancada RN, observó que el país atraviesa por la peor crisis de seguridad de la historia. “Cada vez que aparece la ministra Tohá o el Presidente Boric celebrando las cifras de delincuencia, comunicando que sus políticas son efectivas, “nos indigna”, sentenció. En este marco, aseguró que, prácticamente, todos los delitos violentos han subido a máximos históricos.
Desde la UDI, Cristián Labbé indicó que si se va a normalizar el nivel de narcotráfico y el miedo de los ciudadanos, están “totalmente equivocados”. Sostuvo que en esta materia tiene que haber una responsable política. “Ella tiene la responsabilidad política de las muertes que han sucedido en Chile (…) Sus capacidades políticas no dan el ancho. El criterio Tohá es lo que los delincuentes celebran. Es hora de que la ministra dé un paso al costado”, remarcó.
PPD, PC, PS y FA
Por el comité del PPD e independientes expuso Jaime Araya, quien presidió la comisión informante. Señaló que la acusación es “irresponsable” y calificó de “terrorismo constitucional” su presentación. También interpeló a los acusadores señalando que “le están dando otros fines a la acusación constitucional”, principalmente electorales.
Igualmente, defendió las críticas en su contra por la dirección de la comisión que analizó el libelo. “He actuado con rectitud”, aseguró, al tiempo que los acusó de querer “inocular odio en la sociedad chilena”.
Alejandra Placencia (PC) sostuvo que la acusación contra la ministra Tohá es una puesta en escena. “Muestra que parte de la derecha no ha tenido nunca la posibilidad de entregar soluciones a los problemas de delincuencia en el país” afirmó.
Acotó que lo único que busca esta medida es evitar uno de los escándalos políticos más importantes de los últimos años. Asimismo, cuestionó la manera liviana de entregar algunas cifras con datos erróneos.
Por el comité del Partido Socialista, el diputado Tomás De Rementería destacó las palabras del exgeneral Yáñez. Además, relevó la inversión en equipamiento para las policías durante esta administración. Junto a esto, puso énfasis en los avances legislativos en materia de seguridad. Todos estos hechos, a su juicio, “han sido un aliciente para el trabajo de carabineros”.
Asimismo, criticó que el objetivo y causa de la acusación sería “darle una lección al Gobierno” y generar un efecto político para “co-gobernar”. “Esta acusación denigra el trabajo parlamentario”, concluyó”.
Para Maite Orsini (FA), es cierto que enfrentamos un momento complejo en materia de seguridad, pero recordó que es una herencia del Gobierno anterior. Sostuvo que este es un problema multifactorial y complejo que no corresponde atribuir a la gestión de una sola persona. “No permitamos que el tema de la seguridad se use de manera oportunista (…) Hago un llamado a la responsabilidad, la acusación constitucional es una herramienta seria y no un arma para dirimir diferencias políticas”, puntualizó.
Comités PSC, AMA, DEM y DC
Por parte del comité del Partido Social Cristiano e independientes tomó la palabra Gloria Naveillan. Evaluó que esta es una acusación política y, si bien reconoció que la crisis de seguridad viene del gobierno anterior, estimó que la actual ministra no ha revertido las cifras de la forma que se espera porque no se han tomado las decisiones necesarias.
A su juicio, no existe una política para el crimen organizado ni para mejorar la sensación de inseguridad. Por otra parte, planteó que la “acusación es contra el cargo que ella ostenta”.
Andrés Jouannet (AMA) indicó que han pasado muchos años deteriorándose la República en Chile, donde los únicos que pierden son la gente sencilla. Sostuvo que el crimen organizado ha avanzado a pasos agigantados, por lo que es necesario ponerse de acuerdo para desarrollar una estrategia en seguridad.
Para Erika Olivera (DEM), la ministra del Interior “no puede permanecer inmóvil frente a la situación actual” y criticó “su desconexión con la realidad evidente”. Dijo que en los 25 meses que la ministra lleva en el cargo, más de 2.200 personas han sido asesinadas.
“Lo cierto es que en las poblaciones la gente vive atemorizada (…) En qué momento las autoridades se volvieron indolentes ante el miedo y la desgracia de miles de chilenos”, acotó. En ese plano, pidió que las autoridades se hagan responsables y “den un paso al costado”.
Desde la DC, Alberto Undurraga indicó que no cabe duda que hay una crisis de seguridad en el país que se debe solucionar. Añadió que los nuevos tipos de delitos, organización de bandas de crimen organizado y la presencia de narcotráfico, está afectando gravemente la calidad de vida de las personas.
Resaltó que la ministra Tohá ha impulsado leyes que ayudan a combatir la delincuencia. También, ha empujado cambios institucionales, construido acuerdos, incluso, enemistándose con parte de su coalición. “La evaluación de desempeño en sí misma no es una causal de destitución por acusación constitucional”, aseguró.
Fuente: prensa Cámara
