Estación Central no descarta acudir a instancias superiores si no comparte “criterios” de la Seremi de Vivienda respecto a edificios fantasmas

Carolina Casanova, secretaria regional ministerial de Vivienda y Urbanismo de la RM, aclaró que su repartición está trabajando en los criterios para que la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Estación Central decida sobre los permisos para cuatro polémicos edificios conocidos como «fantasmas».

Según la seremi metropolitana, el análisis será detallado y cada caso se evaluará de manera individual, en base a la normativa vigente y las indicaciones de la Contraloría General de la República.

Mientras tanto, en Estación Central, dicen las autoridades que una vez que reciban esos “criterios” también los analizarán caso a caso y que batallarán hasta el final para impedir que las decisiones afecten el sentido común, la calidad de vida y el entorno de los vecinos y vecinas del sector.

No descartan que, tras la comunicación de la Secretaría Regional Ministerial, hagan nuevas consultas a la Contraloría o judicialicen el asunto porque, señalan las inmobiliarias no pueden hacer y deshacer en la comuna.

Una de las herramientas que usarían sería la acción judicial de “mera certeza” para que un magistrado declare o se pronuncie acerca de la existencia o inexistencia, alcance o modalidad de este derecho emanado de la obligación de representar los intereses de todos los habitantes de la comuna.

Máxime cuando la Contraloría y la Seremi han destacado que los edificios se erigieron sin permiso ni respeto a los normas urbanísticas vigentes.

Comisión trabaja los criterios

Consultada por El Periodista, Carolina Casanova respondió respecto a las presiones de las inmobiliarias que buscan acelerar la aprobación de los permisos. Explicó que la DOM deberá seguir las conclusiones del análisis técnico que lidera su equipo. El trabajo de esta comisión, compuesta por abogados y arquitectos, implica revisar las condiciones originales de los proyectos, cotejar las modificaciones realizadas y comparar con las obras construidas.

«Nos corresponde establecer el criterio con el que se debe actuar: comparar el proyecto original con lo construido y ver qué está permitido. La DOM debe atenerse a los resultados de este análisis», aseguró Casanova.

En Estación Central dicen, por ahora, que no aceptarán ningún criterio que no cumpla con los requisitos establecidos.

El rol de la Contraloría

La Seremi señaló que, a raíz de una solicitud de aclaración por parte de Estación Central respecto a los edificios conocidos como «guetos verticales», su repartición consultó a la Contraloría General de la República. Este organismo indicó que las normativas urbanísticas vigentes y anteriores no permitían la construcción de estos edificios en ese contexto.

Según Casanova, la Contraloría dejó claras las normas a seguir y, con base en ellas, su equipo ya está trabajando para resolver el tema «en el menor plazo posible». Agregó que su principal preocupación son las 400 familias afectadas, por lo que el objetivo es brindarles certeza jurídica.

Ese argumento, sin embargo, es rechazado por el municipio ya que de los 4 edificios, uno será hotel y en los otros 3, muchos departamentos han sido adquiridos por inversionistas privados o fondos de inversión para arrendarlos. Negocio muy lucrativo debido a que la oferta de viviendas cada vez será menor en la Región Metropolitana y mayor el precio de los alquileres.

“No sabemos de dónde sale el número de 400 familias afectadas”, señalan en Estación Central, un dato -aseguran- que “han usado los interesados para generar una preocupación social donde no la habría”.

Las autoridades de la comuna, sin embargo, señalan hoy en privado que el estudio debe considerar el impacto en el entorno y a muchos vecinos y vecinas que no han visto que las inmobiliarias cumplan con las mitigaciones que aminoren su presencia. “Y son mucho más que las supuestas 400 familias”, dicen.

Si bien saben que los edificios no pueden ser demolidos, como se pidió en algún momento, tampoco están dispuestos a aceptar que esto genere un precedente de que se puede construir, sin respeto a las normas y luego presionar para lograr los permisos. Para ello muestran el intenso lobby a favor de una rápida entrega de los permisos, en el que han participado medios de comunicación, parlamentarios en ejercicio o que han dejado de serlo, así como las constructoras y sus abogados.

«La falta de definiciones genera incertidumbre, y es nuestra responsabilidad dar solución. Puede que las decisiones no dejen contentos a todos, pero estamos aquí para resolver y asegurar procesos transparentes», señala Casanova, quien realiza un trabajo que será sometido a los ojos de toda la ciudadanía, tanto de Estación Central, como fuera de la comuna.

Por ahora y tras el dictamen de la Contraloría, parece que todavía queda un largo trecho judicial y legal antes que se resuelva el conflicto de los llamados edificios fantasmas o guetos verticales.