Denuncian pagos irregulares con facturas falsas en la embajada chilena en Argentina
Un reportaje de Mauricio Weibel, aparecido hoy en Ciper, revela que la exembajadora Bárbara Figueroa detecto irregularidades financieras y elevó la denuncia a la Cancillería, la que abrió un sumario hace más de un año.
Una investigación de CIPER destapó un escándalo de corrupción en la embajada de Chile en Argentina, donde durante años se habrían girado miles de dólares mediante facturas materialmente falsas o documentos sin especificaciones.
La Cancillería confirmó la apertura de un sumario administrativo, pero hasta el momento no ha presentado una denuncia ante la fiscalía, alegando que solo se detectan “incumplimientos de procedimientos administrativos”.
La denuncia fue impulsada en octubre de 2023 por la exembajadora Bárbara Figueroa, quien detectó los primeros indicios de irregularidades en los pagos por las actividades de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973.
Según documentos revisados por CIPER, el dinero de la embajada se habría pagado a proveedores mediante cheques girados contra una cuenta en el Banco Francés de Argentina, y luego entregado en efectivo junto a comprobantes que carecían del código QR de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), requisito para verificar la autenticidad de las facturas en Argentina.
En el esquema de pagos, destacan los nombres de Rodrigo Contreras, encargado de eventos de la embajada, y de Mauro Luis Nanni, un proveedor argentino de la empresa MNL Organización Integral de Eventos, vinculados a facturas falsas. Contreras, quien además es dueño de un restaurante en Buenos Aires, no respondió a las consultas de CIPER sobre su participación en estos hechos.
La Cancillería aclaró que el ascenso de Alberto Rodríguez, quien fue encargado de Negocios en la embajada argentina y aprobó algunos de los pagos investigados, se concretó antes de la apertura del sumario en su contra. Actualmente, Rodríguez ejerce como embajador en Marruecos, y las autoridades chilenas afirman que el sumario en curso no impide que cumpla con sus funciones diplomáticas.
A pesar de la gravedad de los hallazgos, el Ministerio de Relaciones Exteriores solo considera los hechos como “irregularidades administrativas”. Sin embargo, si la indagatoria interna revela delitos, la Cancillería podría presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.
