Por solo 66 votos a favor, 54 en contra y 14 abstenciones, la Cámara rechazó hoy la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus.
El ministro contó con el apoyo de la oposición, especialmente de Chile Vamos, quienes mayoritariamente se opusieron o abstuvieron.
El libelo había sido presentado transversalmente por diez diputadas y diputados de los comités DC, PPD, PS, FA, PC-FRVS-PAH y Mixto Radical Liberal. Esto, por el supuesto incumplimiento significativo y reiterado de los deberes y obligaciones propias de un ministro de la Corte Suprema.
Pero no todo el oficialismo votó a favor de que la acusación llegara al Senado. A raíz de esto, tanto el impulsor de la iniciativa, el diputado DC Erik Aedo como el socialista Daniel Manouchehri, criticaron a los legisladores que no respetaron su palabra y dijeron que desde la cárcel «operó el lobby de Hermosilla y su banda».
Tramitación de la AC
Ante la Sala expuso el diputado Erik Aedo (DC), en representación de los acusadores. Señaló que las acusaciones constitucionales son siempre un proceso difícil, porque implican que alguien vulneró un mandato de la Constitución. Añadió que las y los legisladores están en “la encrucijada de definir (…) cuál será el estándar de honestidad y transparencia que exigimos, como ciudadanos, a nuestras autoridades. Decidir si esperamos que los altos cargos nos mientan “mucho, poquito, o nada””.
Agregó que el actuar del ministro Jean Pierre Matus no es un error, sino que este “decidió mentir de manera reiterada en medios de comunicación (…) que no había comunicaciones por WhatsApp con el señor Hermosilla”.
“Podemos no hacer nada, hacer vista gorda a las faltas a la honestidad y probidad (…) asumiendo, falsamente, que mientras no nos afecte directamente no hay un daño real”, enfatizó el diputado Aedo.
El diputado criticó que la defensa pretenda instalar que esta acusación es una persecución política y que socava el estado democrático. “Realizar acciones que contemplan la Constitución y las leyes, en ningún caso, pueden significar un detrimento de nuestra democracia. Lo que socava el estado de derecho es, precisamente, que un ministro mienta con publicidad y, por tanto, falte a la probidad”, puntualizó.
En representación de Jean Pierre Matus, quien estuvo presente en el hemiciclo, expuso el abogado Luciano Fouillioux. En sus argumentaciones, entregó diversos datos del magistrado, particularmente, los referidos a su carrera profesional. Asimismo, relevó su compromiso con la probidad, como estaría demostrado en diversas acciones al interior del propio Poder Judicial y que constaría en que nunca ha tenido una queja disciplinaria.
Comentó que el notable abandono de deberes es de derecho estricto, tal como ratificaron en la comisión informante todos los constitucionalistas que entregaron su testimonio. Acotó que acá se hace un cargo utilizando un artilugio argumentando una supuesta mentira que no es tal.
“Me consta que el ministro Matus no ha mentido. No tuvo relación que no fuera profesional con Luis Hermosilla”, sino solo asesoró a este último durante la defensa realizada al entonces ministro Andrés Chadwick, acotó.
Recordó que el magistrado nunca desconoció sus conversaciones con Hermosilla y que solo cometió un error respecto del medio en que se realizaron los contactos. Dicho punto lo remarcó el propio Matus en el espacio de la duplica. Por otra parte, ambos resaltaron que el hecho se reconoció tan pronto se le informó que la vía de comunicación fue por chat.
Fouillioux criticó que los acusadores agreguen como nueva causal el que no se inhabilitara en una causa, aduciendo cierto compromiso con una de las partes. Al respecto, reveló que en dicha acción el resultado de la Sala fue unánime. Se trató, así, de un caso donde participó un abogado con quien no guardaba relación comercial ni de sociedad, sino con quien había tenido “una comunidad de techo”.
El abogado Fouillioux afirmó que acá hay una persecución política. Aclaró que Matus presentó – en un acto que es de carácter voluntario- el mayor número de personas inscritas como relacionadas. Y que, en dicho listado no están ni Hermosilla ni Chadwick, porque no guarda ninguna relación con ellos. Matus agregó que tampoco hubo intervención de ninguno de ellos en su nombramiento.
A favor de la acusación, la diputada Lorena Pizarro (PC) recordó que el ministro Matus, poco tiempo después de ser nombrado, agradeció la gestión de Luis Hermosilla. “Estamos hablando de un juez que facilitó la impunidad de violadores de derechos humanos al aplicar la media prescripción, contraviniendo las normas internacionales de derechos humanos”, planteó.
Añadió que no se trata solo de si tuvo contacto con un lobbista, sino que “lo grave es que lo omitió en sus declaraciones. Tener ministros que le mienten al país daña la confianza en nuestras instituciones y en definitiva fragiliza la democracia”.
Por su parte, el diputado Roberto Arroyo (PSC) recordó que a la Cámara no le corresponde pronunciarse sobre el fondo de la acusación. En cuanto a la procedencia del libelo, si bien es cierto no logra establecer acciones del magistrado sobre alguna causa en particular, sí logra señalar acciones que “carecerían de los niveles éticos que la población espera de los ministros del máximo tribunal del país”.
Por tal razón, argumentó que se debe ser riguroso y “dar una fuerte señal” ante los actos que son inaceptables por parte de quienes deberían dar garantías a la ciudadanía de la fortaleza de las instituciones.
Desde el comité PS, el diputado Jaime Naranjo, si bien valoró la presencia del ministro Matus en la Sala, informó que respaldan la pertinencia de la acusación. Dijo que, actualmente, existe una profunda crisis en la sociedad chilena que ha generado una desconfianza en las instituciones. Desde su perspectiva, las razones éticas también son pertinentes para justificar este libelo. Sobre el punto, estimó que asumir la carrera judicial es como “asumir un camino hacia la santidad”, donde “tiene que haber coherencia entre lo que se piensa, dice y hace”.
En una posición contraria, el diputado Luis Sánchez (PREP) indicó que los hechos que se imputan al ministro Matus son serios. “Pero, en este caso, no es posible establecer que el ministro Matus haya faltado a la verdad”.
Señaló que ningún antecedente levantado en la comisión revisora da a entender que el ministro se haya pronunciado en su actividad jurisdiccional en favor de los intereses de Hermosilla y sus representados.
A su vez, Miguel Ángel Calisto (IND) recordó que la declaración de inhabilidades anticipadas no es una obligación legal ni ética, sino una práctica de transparencia que facilita el proceso judicial.
Planteó que “los hechos que se imputan en los tres capítulos no constituyen notable abandono de deberes (…) No hay elementos sólidos que sustenten esta acusación”, indicó.
El diputado Leonidas Romero (IND) también manifestó que, desde la bancada RN, no encuentran argumentos suficientes para acusar al ministro. “Tengo suficientemente claro que debe haber un barrido a toda acción corrupta y contraria a la probidad al interior de las instituciones públicas”, sentenció. Sin embargo, llamó a ser serios y responsables, analizando caso a caso. “Es necesario guardar los equilibrios correspondientes con el propósito de que esto no se vuelva una cacería de brujas”, remarcó.
Finalmente, desde la UDI, el diputado Henry Leal sostuvo que no está acreditado ese notable abandono de deberes. “Se plantea que hubo una mentira pero, a mi juicio, creo que no se comprobó esa mentira”, puntualizó.
Añadió que sería una injusticia de esta Cámara dar curso a una acusación tan grave. “No podemos actuar con esa irresponsabilidad. Veo poco sustento jurídico de los hechos. A mi juicio, esa culpabilidad aquí no se ha demostrado. Los hechos se tienen que probar. Esta acusación no es igual a la de los ministros Vivanco y Muñoz, donde ambos sí incurrieron en faltas graves”, sentenció.
