Brasil cierra acuerdo con mineras por desastre ambiental
En un comunicado, el Gobierno informó que el acuerdo prevé el pago de "132.000 millones de reales (…) a lo largo de 20 años por parte de las empresas involucradas en la tragedia al poder público para que se apliquen en varias partidas.
El Gobierno brasileño presentó este viernes un acuerdo de reparación para que las empresas mineras que provocaron el desastre ambiental de Mariana (estado de Minas Gerais, sureste del país) en 2015 paguen 164.000 millones de reales (casi 30.000 millones de dólares) en indemnizaciones.
En un comunicado, el Gobierno informó que el acuerdo prevé el pago de «132.000 millones de reales (…) a lo largo de 20 años por parte de las empresas involucradas en la tragedia al poder público para que se apliquen en varias partidas, además de otros 32.000 millones de reales para costear las indemnizaciones a las personas afectadas y acciones reparatorias que permanecerán bajo su responsabilidad (en total son 164.000 millones de reales, 28.792 millones de dólares).
La represa de Mariana era responsabilidad de Samarco, empresa controlada por las mineras Vale (brasileña) y BHP Billiton (angloaustraliana) y su rotura provocó la mayor catástrofe ambiental de la historia reciente de Brasil, además de dejar 19 muertos y tres desaparecidos.
Más de 600 personas perdieron sus casas y 1,2 millones se quedaron durante semanas sin acceso a agua potable, ya que la rotura expandió más de 40 millones de metros cúbicos de residuos en la cuenca del río Doce (contaminando 663 kilómetros hasta llegar al mar) afectando a 49 municipios de los estados de Minas Gerais y Espírito Santo (sureste).
Según el Gobierno, el acuerdo busca la reparación «integral y definitiva» de los daños y llega tras dos años de negociaciones, cuando la actual administración identificó que el acuerdo con el que se estaba trabajando hasta el momento era insuficiente.
El monto se irá pagando poco a poco: la primera parcela (5.000 millones de reales, 876 millones de dólares) se pagará 30 días después de la firma del acuerdo, y habrá un cronograma continuo que terminará en el año 2043.
El acuerdo también extingue la Fundación Renova, creada por las empresas para restaurar la cuenca del río Doce, limpiar el río, replantar la vegetación original, etc y que según sus responsables ya desembolsó 38.000 millones de reales en la zona (más de 6.600 millones de dólares).
En líneas generales, el nuevo acuerdo quita a las empresas la competencia de decidir cómo gestionar los fondos para las tareas de reparación socioambiental para convertirlos en «obligación de pago al Estado brasileño y a los estados de Minas Gerais y Espírito Santo, que promoverán las reparaciones por medio de políticas públicas».
Las empresas, no obstante, seguirán con la obligación de retirar nueve millones de metros cúbicos de residuos depositados en la presa de Risoleta Neves, a finalizar el reasentamiento de los vecinos que perdieron sus casas en Bento Rodrigues y Paracatu de Baixo y a recuperar 54.000 hectáreas de selva nativa y 5.000 manantiales de la cuenca del río Doce.
Además, las empresas deberán seguir avanzando en las indemnizaciones a las personas que no pudieron comprobar con documentos los daños sufridos, en general los afectados por la catástrofe de una forma más indirecta.
Según el Gobierno, las empresas tendrán que pagar 35.000 reales (6.100 dólares) a los afectados en general y 95.000 reales (16.700 dólares) a los pescadores y agricultores impactados por el derrame; se estima que más de 300.000 personas tendrán derecho a recibir esas indemnizaciones.
