Acusaciones constitucionales
Por Patricio Herman Pacheco, presidente Fundación Defendamos la Ciudad.
La justicia ambiental y urbanística se caracteriza por la constante asimetría entre las comunidades y las empresas en las disputas judiciales y administrativas. Esta asimetría se produce, por la dispar disponibilidad de recursos de todo tipo. Si a ello se le suma un patrón que devela que las excepciones se aplican siempre en favor de las inmobiliarias, mineras, eléctricas, etc., la justicia ambiental se desvanece.
Vemos con preocupación lo sucedido en las últimas semanas con el caso audios y su relación con la ministra Vivanco, prácticas impropias y reprochables que inciden en la imparcialidad de distintas causas, particularmente ambientales y urbanísticas.
Una revisión del caso Fundamenta, esclarece una serie de peculiaridades en su tramitación y resolución, que difícilmente son coincidencia, bajo el contexto de lo investigado por la comisión de ética de la Corte Suprema. En efecto, solo en este caso, y cuando la ministra Vivanco presidía la sala, se cambió la jurisprudencia ya asentada de algunos ministros respecto a la procedencia del recurso de casación ambiental, para posteriormente retomar su parecer original en casos venideros. Junto con lo anterior, una interpretación restrictiva del principio de participación ciudadana, entre otros elementos, hacen dudar de la igualdad en la aplicación del derecho.
Más aún, quienes nos desenvolvemos en estas materias, sabemos que el Estudio de los Conos de Sombra del proyecto de Fundamenta está mal elaborado, materia que suponemos será ratificado por la Seremi Minvu, conforme a sus atribuciones, resultando paradójico, entonces, que este caso levantado artificialmente por esa inmobiliaria, teniendo como sustento una simple declaración de una empleada de la misma, sirva de base para la acusación constitucional en contra ministro Muñoz.
También resulta grotesco que estas 2 acusaciones por «notable abondono de deberes» se hayan acumulado en una (sic), en total conocimiento de que se trata de hechos muy distintos.
¿Sabrán los diputados acusadores que el principio de responsabilidad es personal?
Los firmantes tenemos el deber de brindarle nuestro total apoyo al probo juez Sergio Muñoz.
