Lo que todavía muchos no entienden del episodio del millonario sueldo de la ex ministra de estado Marcela Cubillos, es que la educación superior como industria regulada no acepta los mismos códigos éticos que los de cualquier otro negocio, por eso la ley resguarda el interés de su carácter público, diría incluso, estratégico, del ejercicio universitario; el bien superior que supone la educación universitaria, sea ésta impartida por instituciones públicas o privadas, requiere precisamente de importantes aportes estatales, razón por la que prohíbe el lucro y exige una enorme responsabilidad administrativa.
La incombustible candidata a alcaldesa, ex convencional y ex militante de la UDI, no puede pretender distraer el tema de fondo con frases como que estas acusaciones son obra del “octubrismo” o reiterar en forma majadera y arrogante un concepto de libertad que para todos los efectos del caso, no tiene ninguna relación con el asunto en cuestión.
En el supuesto que una universidad libremente pudiera decidir pagar ese sueldo a un funcionario, sin importar que sea por sólo media jornada, que la mitad del tiempo la funcionaria esté en el extranjero, que sus clases se las haga un “medio pollo” o que sus atributos académicos no correspondan a la media de una profesor universitario con estudios de posgrado, publicaciones de papers en revistas indexadas, investigaciones, sólido currículo y experiencia, la cifra constituye una verdadera afrenta precisamente en las condiciones del mercado, como tanto se gusta hablar en su sector. Lo que no resiste análisis, dados los datos disponibles por las investigaciones periodísticas y los análisis entregados por la prensa, es que este tipo de sueldos a todas luces esconden una situación irregular que las autoridades de la Superintendencia de Educación Superior y la Justicia tendrán que investigar. En lo político, además, la condena absoluta de estas prácticas abusivas e indignantes que son un insulto al sentido común político y ciudadano.
Lo claro es que el sueldo que recibió Cubillos por la Universidad, escapa por lejos de la media de lo que ganan de las más altas autoridades de las mejores, más importantes y prestigiosas universidades chilenas, no se condice incluso, con los promedios de sueldos de académicos de universidades internacionales del primer mundo; y como si fuera poco, como tema de fondo, el estado chileno por las vías de la subvención aporta con casi el 50% de los ingresos de la Universidad en cuestión, dineros que por ley están orientados a mejorar la calidad educativa de la casa de estudios.
No se puede lucrar con dineros públicos, mientras el estado abogue por el financiamiento parcial de un bien superior como es la educación universitaria no existe esa supuesta libertad de hacer lo que quieran con el dinero. La universidad, incluso, aunque no recibiere ese aporte estatal debe ser responsable de una buena gestión de sus recursos, dirigiendo sus gastos estrictamente a lo académico y no a pagar sueldos millonarios que, además, como está dicho, están absolutamente fuera de mercado.
Con este episodio queda de manifiesto que un sector de nuestra clase política todavía cree que la educación superior es un bien de consumo, una industria de la cual legítimamente puede haber lucro, y que bajo esa lógica, puede perfectamente convertirse en caja pagadora de favores políticos, recintos de acogida de ex parlamentarios, ex ministros o ex subsecretarios en sus breves períodos alejados de lo público, fuente de financiamiento de campaña y reducto ideológico de una incestuosa elite religiosa y económica.
Al revisar someramente los nombres de las autoridades por ejemplo de la U. San Sebastián, advertimos duplicados cargos además en universidades como en la de Los Andes o la Gabriela Mistral, muchos, académicos de dudosa jerarquía motivados disimuladamente más bien por movimientos religiosos como de los sodalicios de vida cristiana o del Opus Dei, ex funcionarios de los gobiernos de Piñera instalados en importantes puestos, me imagino, habrá también que transparentar, también con sueldos millonarios, y todos financiados con importantes recursos públicos, sin mayor control por parte del estado.
A diferencia de las empobrecidas universidades públicas que reciben incluso a veces menos recursos que las privadas y que están sometidas a un estándar de control de gastos muy exigente, que no les permite competir de igual a igual, si de competencia en el mercado universitario se trata, con sus símiles es que, con esos mismos dineros, pueden comprar favores y vínculos empresariales que ven con buenos ojos los perfiles ideológicos de sus casas de estudio preferidas y el mejor trampolín económico y social para la instalación de un paradigma político, económico y social que sea cómodo para sus intereses corporativos, además con el aporte de los impuestos de todos los chilenos, incluso, por cierto, también de los más pobres.
