Servel inicia fiscalización al Partido Comunista por actos en favor de Jadue

El organismo ya tiene en su poder la documentación solicitada a la dirigencia de la colectividad.

El Servicio Electoral confirmó el inicio de una fiscalización al Partido Comunista tras la denuncia presentada por la bancada de diputados de Renovación Nacional, representados por Ximena Ossandón, Hugo Rey y Miguel Mellado, quienes solicitaron revisar los antecedentes financieros y contables del PC, ante sospechas de uso irregular de recursos fiscales en actividades que atentaría contra la independencia del Poder Judicial, específicamente en el Caso Jadue.

En el documento de respuesta, el Servel informa que la investigación solicitada “se encuentra en ejecución por parte de la División de Fiscalización y Financiamiento de Partidos Políticos, habiéndose requerido los antecedentes financieros y contables de las actividades ejecutadas al aludido colectivo, información que actualmente se encuentra en poder del Servicio y que está siendo revisada y analizada por el equipo asignado para tal efecto”.

Entre los antecedentes que expusieron en julio los parlamentarios de Renovación Nacional, se mencionó el allanamiento de “Villa Francia”, cuando representantes y directivos del PC criticaron las resoluciones del Poder Judicial sosteniendo conductas de amedrentamiento a jueces; o en el proceso seguido contra Daniel Jadue, donde convocaron a manifestaciones afuera del Centro de Justicia de Santiago, del Anexo Penitenciario “Capitán Yáber” y del propio Palacio de Tribunales, las que concluyeron con desmanes, agresiones y afectaciones al libre tránsito.

Para los diputados, estas actividades vulneran la debida independencia del Poder Judicial y son un serio riesgo para la democracia, ya que son ajenas al ámbito de acción de un partido político y contravienen la función de un Poder del Estado. Por lo mismo, se solicitó escrutar los recursos empleados por el PC en estas actividades, así como los gastos rendidos con el objeto de determinar si hay recursos fiscales comprometidos en estos hechos y aplicar sanciones ante cualquier incumplimiento, e incluso remitir los antecedentes al Ministerio Público si fuere procedente.

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