Cristián Cifuentes, Analista Senior de CESCO: “La excesiva burocratización de los permisos en nuestro país está afectando negativamente el desarrollo de los proyectos”

Uno de los aspectos que mejor domina el analista Senior del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), Cristián Cifuentes, es el Catastro de Inversiones que realiza Cochilco. La razón es evidente: antes de incorporarse al think tank minero, se desempeñó por largos años en la Comisión Chilena del Cobre y estuvo involucrado directamente con la elaboración de dicho reporte.

El vigente catastro de inversiones indica que la cifra asciende a US$ 65.712 millones, para el periodo 2023-2032. Una cifra no despreciable, pero que puede levantar más de alguna duda: ¿cuánto de ello realmente se concretará?

De acuerdo con Cifuentes, la metodología del catastro de inversiones de Cochilco es clara cuando se quiere hablar de “probabilidad de materialización”, por ende, podría ser relativamente sencillo interpretar cuál o cuáles proyectos son factibles de desarrollar: “Estos corresponden a aquellos proyectos en condición base y probable, que alcanzan un 60% de la cartera inversional. Sin embargo, es importante destacar que la cartera inversional de Cochilco considera algunos proyectos de litio dentro de estas categorías, los que actualmente se encuentran más expuestos al avance de las políticas públicas necesarias para su materialización, específicamente la Estrategia Nacional del Litio”.

El analista de CESCO añade que “actualmente existen algunos proyectos “críticos” a la hora de responder con las expectativas de aumento productivo en Chile, entre los cuales se encuentran proyectos como Optimización desarrollo Mantoverde y Santo Domingo, ambos de Capstone Copper; Los Bronces Integrado, de Anglo American Sur; Proyecto C20+ (Ex Collahuasi Expansión 210 ktpd), de Anglo American y Glencore; y Nueva Centinela, de Antofagasta Minerals”.

¿Una nueva etapa?

Ahora zanjado el tema del royalty y las incertidumbres constitucionales, ¿Qué ambiente se percibe para las inversiones mineras? ¿Pueden destrabarse algunas?

Si revisamos las inversiones que circulan actualmente en diversas etapas de ingeniería en el sector minero, es seguro decir que ninguno de esos proyectos tenía sujeto su avance a la discusión del royalty, ya que sus avances o desarrollos tienen variables mas cercanas a temas de permisos o mercado, por ende, hablar de “destrabar” es una expresión un poco errada. Sin embargo, el zanjar el tema royalty tendrá un impacto más de futuro, en el sentido de que ha sentado las condiciones base para que otros inversionistas ingresen al país en busca de desarrollar inversiones mineras a las que conocemos actualmente.

El debate sobre las reformas a la permisología se tomó buena parte del año, pero pareciera que ha ido perdiendo fuerza. ¿Qué importancia tiene concretar estas reformas?

Según muchos analistas, la búsqueda de la electrificación del mundo en base a energías renovables no convencionales duplicaría el consumo de cobre hacia el 2035, llegando a una demanda muy cercana a los 50 millones de toneladas, donde las tecnologías de transición energética representarían aproximadamente la mitad del incremento. Sin embargo, abastecer este crecimiento esperado de la demanda está en gran riesgo debido a una oferta bastante acotada por la falta de desarrollo de proyectos de cobre.

Chile no está ajeno a estos problemas, la excesiva burocratización de los permisos en nuestro país está afectando negativamente el desarrollo de los proyectos, entregando poca estabilidad. El poder desarrollar una reforma que apunte a la eficacia de los procesos de permisos, pero sin atentar contra la eficiencia, es importante para poder desarrollar un sin número de proyectos que están en etapas tempranas de avance y que actualmente entran en la categoría de baja probabilidad de materialización en los tiempos presupuestados por las compañías.

Posibles riesgos en la reforma a la permisología

¿Cuáles serían las reformas a la permisología más sensibles para agilizar las inversiones?

Se observan un par de temas que podrían tener un grado de complejidad: el primero tiene que ver con la viabilidad del “silencio administrativo” que, si no se aborda de forma correcta, podría entregar aún más incertezas y retrasos, sobre todo si los proyectos llegaran a Tribunal Ambiental o a tribunales ordinarios. Ejemplo de estos son aquellos proyectos que han sido aprobados ambientalmente por la autoridad, pero que por ejemplo no se consideró el proceso de consulta indígena, porque así lo definió en su momento el SEA, y posteriormente han sido llevados a tribunales donde se solicitó retrotraer la aprobación del proyecto exigiendo consulta, retrasando los avances. Con el silencio administrativo, pueden ocurrir casos similares.

El segundo tema tiene que ver con la “inclusión de criterios de proporcionalidad en la tramitación”. Esto permitiría establecer procedimientos que reemplacen autorizaciones por declaraciones, en razón del “riesgo de cada obra, instalación o actividad de un proyecto”, afectando la eficacia de los procesos, y sin abordar el tema más importante: una definición adecuada según tamaño de iniciativa o compañía que solicita los permisos sectoriales. Es un hecho que muchas operaciones de mediana envergadura se han visto afectadas por permisos sectoriales excesivos y no dimensionados a las realidades de los solicitantes.

Confusión v/s seriedad

Recientemente un grupo de ONGs publicó una carta pidiendo que se le quite la urgencia a la reforma a la permisología, concretamente, la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, ¿cómo se entiende esta declaración?

Es normal que los grupos ambientalistas confundan reformas que buscan acelerar las inversiones con reformas que buscan dejar de lado la eficacia y seriedad de los proyectos, y quienes creemos que es necesario mejorar ciertos procesos estamos confiados que la modificación a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente busca modernizar los procesos. De todas formas, los riesgos que nombré anteriormente están explícitos en la molestia de las ONGs.

Otro tema no menor, y lo destacan las ONGs firmantes, es que en múltiples oportunidades, y durante anteriores administraciones, se analizaron las complejidades existentes en materia de permisos sectoriales, y dichos análisis convergían en una falta de relacionamiento entre servicios y una necesidad de modernización de los mismos, por lo que son un punto importante a revisar y solucionar. En el anuncio del Ejecutivo no se abarca explícitamente este tema y creemos que es clave el fortalecimiento institucional para acelerar procesos de manera de no afectar la legitimidad de estos.

El Presidente Boric cuando anunció las reformas indicó que “sí o sí” se iban a hacer con pleno respeto al medio ambiente… ¿Cómo ha visto Ud. el avance de las reformas?

Creo que las reformas propuestas van en el camino correcto, permitiendo acelerar las tramitaciones sectoriales y las ambientales, sin afectar la eficacia de dichos procesos regulatorios. Si bien hay aspectos que aún es necesario analizar en profundidad, vemos que impactarían positivamente a la competitividad de nuestro país. Sin embargo, estos procesos de reforma nunca son rápidos, por ende, mientras más tarden, seguirán entregando un cierto grado de inestabilidad a los inversionistas.

Impulsar la producción de minerales críticos

Una cosa es el rol que puede jugar el Estado para agilizar las inversiones, es decir, enfrentar el problema de la permisología. Por parte de las compañías, ¿qué acciones se están realizando por mejorar la productividad?

El rol de las empresas mineras se ha focalizado en mejorar procesos, en busca de mejorar la productividad. Entre los esfuerzos está la automatización de procesos, el uso de inteligencia artificial en las operaciones, la creación de equipos interdisciplinarios al interior de las operaciones, con el fin de identificar los espacios de mejora en la productividad.

Si bien las empresas han hecho esfuerzos en mejorar la productividad, la competitividad de la industria minera es una dificultad para el futuro de la actividad en Chile. Más allá de las regulaciones, hay problemas que afectan al sector directamente, y uno de ellos es el desempeño de la ejecución de los proyectos mineros.

Uno de los principales problemas en los proyectos ha sido el aumento de la intensidad de capital, esto quiere decir, la inversión necesaria para instalar una tonelada de producción de cobre fino en un proyecto minero. Esto se debe a varios factores, entre ellos: envejecimiento de los depósitos, retraso de proyectos, aumento en los costos de ingeniería, infraestructura adicional, y nuevos requerimientos en temas sociales y medioambientales.

Los sobrecostos y atrasos son factores críticos en los proyectos mineros y tienen implicancias relevantes como: éxito o fracaso de proyectos, viabilidad financiera, confianza de stakeholders, y crecimiento de la industria. Es importante que las compañías focalicen sus esfuerzos en identificar las causas, desarrollar una gestión efectiva de los recursos, con miras a solucionar los hallazgos, mejorar la comunicación interna e impulsar un modelo de colaboración dentro de las operaciones.

Es importantísimo mantener y fomentar una cultura de lecciones aprendidas y mejoramiento continuo para proyectos futuros, promoviendo la gestión de conocimiento, la colaboración entre empresas mineras y proveedoras, permitiendo una cultura de adopción de soluciones innovadoras.

Finalmente, hay que entender que la ventana de tiempo para impulsar la producción de minerales críticos, esenciales para la transición energética y la descarbonización, es estrecha y la demanda proyectada hace que Chile pueda mantener su posición de liderazgo. Pero es responsabilidad del sector público y privado asumir este desafío con seriedad y asegurar un futuro donde Chile se consolide como referente mundial.