Caso Hermosilla: Diputada Musante solicita incautación de teléfonos de ministros Vivanco, Matus y exministro Chadwick

La diputada independiente Camila Musante, en el marco del proceso judicial tras la querella por delitos de tráfico de influencia en el Poder Judicial, solicitó este lunes una serie de diligencias entre las que destaca la incautación de los teléfonos de los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, junto con el dispositivo del exministro del Interior, Andrés Chadwick.

Asimismo, solicitó diligencias para el resguardo de su seguridad, y confirmó su apoyo a las acusaciones constitucionales, aunque enfatizó en establecer las responsabilidades penales.

La parlamentaria y querellante el proceso judicial penal por el delito de tráfico de influencias que se encuentran en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, destacó que esta acción “es la única arista para perseguir la responsabilidad penal por el delito de tráfico de influencias de los ministros que se han visto involucrados en los chats con el señor formalizado Hermosilla. Como ya se confirmó que este proceso se inicia formalmente, lo que ahora voy a solicitar son diligencias de investigación”.

En detalle, la diputada Musante (IND) afirmó que “la primera diligencia que voy a solicitar es la incautación de la ministra Vivanco. En segundo lugar, la incautación del exministro del Interior, Andrés Chadwick. En tercer lugar, la incautación del teléfono del ministro Matus. Y esto para comenzar, porque vamos a solicitar todas las incautaciones de teléfonos que consideremos necesarias para despejar las responsabilidades penales que existen respecto de los ministros de la Corte Suprema”.

“Lo que ha aparecido este fin de semana respecto de la ministra Vivanco es gravísimo. A ella se le solicita que integre una sala. ¿Esto quiere decir que Hermosilla también le ayudaba a redactar las sentencias? ¿Que definía quién era culpable o inocente? ¿Esto quiere decir que los ministros de la Corte Suprema no responden ni definen según lo que establece la ley y la justicia, sino que responden quienes los ponen en sus cargos, es decir Hermosilla. Eso es gravísimo y ese es el corazón de esta querella por el delito de tráfico de influencias, que la vamos a ampliar a otros delitos si así consideramos necesarios”, agregó.

Asimismo, confirmó que “también voy a solicitar algunas diligencias que son para mi seguridad y resguardo personal”.

“La semana pasada hice una denuncia ante la PDI por amenazas. Ninguna amenaza nos va a detener en este proceso penal. Hay que tener una claridad absoluta que vamos a llegar hasta al final de las consecuencias, porque detrás de esta querella existe un ideal que se llama justicia. Y la justicia y los ideales son a pruebas de amenazas, de balas y de cualquier tipo de amedrentamiento”, explicó.

En este contexto, sostuvo que “no nos perdamos. Acá hay una investigación penal para que los ministros que cometieron estos delitos vayan a la cárcel como todos los chilenos que cometen delitos. También hay una arista de acusaciones constitucionales para inhabilitarlos en cargos futuros. Pero lo que está realmente de fondo tiene que ver hoy con cambiar el sistema de nombramiento de jueces y de ministros. Para evitar que sean los Hermosillas los que nombren a quienes deciden la justicia en nuestro país, a quienes están a la cabeza de la justicia, como en el caso de la Corte Suprema”.

Por lo anterior, indicó que “presenté un proyecto de reforma constitucional hace cuatro meses y que está durmiendo en la Comisión de Constitución. Y quiero emplazar al ministro Cordero, a quien se lo presenté en una reunión hace meses. Se lo presenté también al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. Les quiero preguntar ¿qué estamos esperando para realizar estos cambios de fondo para cambiar el sistema que permite hoy que sean los Hermosillas los que nombren a nuestros jueces y ministros, a los que tienen que decidir la justicia de los chilenos? ¿Estamos esperando que esto llegue al segundo piso? ¿Estamos esperando que esto afecte al jefe de asesores del segundo piso de la moneda? ¿Qué es lo que tenemos que esperar?”.

“No entiendo cómo el Ejecutivo puede tener un discurso tan audaz y no dar la urgencia, que es la acción que define dónde ponemos las prioridades”, afirmó la diputada.

Consultada respecto a su apoyo a las acusaciones constitucionales que se impulsan en el Congreso contra los ministros en cuestión, respondió que “lo he dicho desde el día uno, yo estoy disponible para las acusaciones constitucionales no solamente de la ministra Vivanco sino también del ministro Matus y de los que correspondan, porque acá estamos viendo la punta del iceberg en este modus operandi -que como bien decía la defensa de Hermosilla-, una verdadera mafia. Chantajeando que van a empezar a nombrar a ministros, a fiscales, a jueces que pueden estar involucrados en este caso”.

En ese sentido, precisó que “una cosa son las acusaciones constitucionales para inhabilitar a estos ministros involucrados para que no puedan ocupar cargos públicos. ¿Pero cómo van a responder por los delitos que cometen? Porque el tráfico de influencias es un delito”.

“Hoy los chilenos ven con mucha impotencia cómo una persona por el robo de un balón de gas tiene que responder ante la justicia y pagar con cárcel. ¿Y qué va a pasar con los ministros de la Corte Suprema? ¿Qué va a pasar si dentro de esta investigación, a propósito de la incautación de teléfonos que vamos a utilizar, descubrimos que redactaban sentencias a gusto del señor Hermosilla? Tiene que responder, pero no ante cualquier justicia sino que ante la justicia penal. Este es el corazón de la acción que estamos llevando adelante”, complementó.

Finalmente, resaltó que “me parece bien perseguir las responsabilidades políticas porque los va a inhabilitar, pero me parece que lo más grave y profundo tiene que ver con quienes administran justicia en nuestro país terminen cometiendo delitos en el ejercicio de su cargo abusando del poder del que tienen. Eso no puede ser. Eso está penado por el Código Penal. Por eso impulsamos esta querella, porque queremos que respondan cómo todos los chilenos que cometen delitos”.