José Joaquín Jara, docente UC, sobre reformas a la permisología: “El Gobierno ha sido poco ambicioso en las metas que ha establecido”

El paquete de reformas a la permisología que planteó el Ejecutivo a comienzos del presente año busca reducir la burocracia y hacer más eficientes los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión. Para el sector minero, esta discusión se da con cierto apremio. Al menos una década de estancamiento productivo acarrea el país enfrentado además a la creciente capacidad de distritos mineros emergentes.

Un experto en economía minera que ha realizado diversos estudios con respecto a la competitividad minera nacional es el profesor del Departamento de Ingeniería en Minería de la Pontifica Universidad Católica de Chile, José Joaquín Jara.

El docente asegura que “los países compiten por las inversiones en minería, y uno de los factores preponderantes en la toma de decisiones de dónde invertir es la certeza jurídica y los plazos para obtener la licencia para operar. En esa línea, no mejorar la situación actual no solamente puede implicar retrasar la inversión, sino que perderla definitivamente por la priorización de proyectos en otros países por parte de las empresas mineras”.

“No parece suficiente”

Desde la perspectiva de la competitividad de Chile, ¿cómo se han tomado las reformas a la permisología planteadas por el Gobierno?

La propuesta del Gobierno ha sido bien recibida por las empresas mineras; y en general, por todo el sector minero. El tema de permisos es una de las preocupaciones más importantes dentro de la industria, y un factor que afecta la competitividad del país para atraer nuevas inversiones.

No obstante, creo que hay una percepción general en el sector de que, si bien es el camino correcto y una señal a favor o de respaldo para la industria, el Gobierno ha sido poco ambicioso en las metas que ha establecido para esta política pública. El reducir en un 30% los plazos de revisión de los proyectos, cuando muchos de ellos se pueden demorar cuatro, cinco o seis años, o más en obtener una respuesta de los servicios, no parece suficiente para mejorar ostensiblemente nuestra posición competitiva.

Por otro lado, en mi percepción también falta otro elemento fundamental para abordar esta temática, y tiene que ver con la incerteza en los procesos y la necesidad de claridad en los requerimientos para el desarrollo minero. Si bien demorarse cinco años en obtener la aprobación de los permisos para un proyecto minero pareciera un tiempo bastante largo, creo que hoy en día más crítico aun es que esos permisos tienen poca validez cuando pueden ser cuestionados y su otorgamiento revocado o puesto en duda en distintas instancias administrativas y judiciales. Más aún, cuando los criterios aplicados por distintas instituciones, o por distintas oficinas territoriales de una misma institución, no son homogéneos.

¿Cuánta urgencia hay en mejorar los parámetros propuestos en las reformas, que en general refieren a una reducción de los tiempos de tramitación de proyectos?

Es importante, ya que el retraso de los proyectos implica una demora en la materialización de las inversiones de proyectos muy grandes que generan empleo y actividad económica significativa, tanto en las regiones en que se encuentran localizados como en toda la economía del país, debido a sus encadenamientos productivos. Además, en el largo plazo, es una pérdida de actividad producto del empleo de y de las compras locales y nacionales que se realizan para las operaciones.

Pero más importante aún, los países compiten por las inversiones en minería, y uno de los factores preponderantes en la toma de decisiones de dónde invertir es la certeza jurídica y los plazos para obtener la licencia para operar. En esa línea, no mejorar la situación actual no solamente puede implicar retrasar la inversión, sino que perderla definitivamente por la priorización de proyectos en otros países por parte de las empresas mineras.

Ejemplo de ello es lo que está ocurriendo en Argentina, que una legislación específica para atraer grandes inversiones a través de tratamiento especial en términos económicos y de procedimientos (Lye RIGI) está posicionando nuevamente al país como un destino atractivo para la inversión minera; y para proyectos de cobre y litio en particular, los que posiblemente compitan por el capital con los proyectos que están esperando su desarrollo en Chile.

Ahora, es importante recalcar en este punto que mejorar los tiempos para obtener los permisos y la certeza jurídica de estos una vez obtenidos no implica que se reduzcan las exigencias a los proyectos. Simplemente es racionalizar los procesos y establecer claramente los requisitos que se necesitan para aprobar una iniciativa.

¿Se podría considerar que Chile ha perdido competitividad frente a otros distritos mineros por la falta de eficiencia a la hora de tramitar proyectos de inversión?

Este tema es un problema bastante generalizado, existiendo en muchas jurisdicciones mineras, sobre todo en países de ingresos medios o altos. Esto nos quita competitividad frente a otros destinos que tienen menores exigencias ambientales y sociales, usualmente en países en vías de desarrollo o de ingresos bajos.

No obstante, en los últimos años en varios países o jurisdicciones tradicionalmente mineras y de altos ingresos, tales como Australia, Canadá y los países nórdicos, que presentaban situaciones similares a la chilena, se han introducido cambios regulatorios y administrativos para agilizar la aprobación de proyectos mineros de envergadura. Estos cambios usualmente están relacionados a las agendas de minerales críticos para la transición energética.

Mirada Integral

¿Por qué hay analistas y expertos que plantean que la reforma podría ser un “gatopardo”, en el sentido que no consiga realmente reducir los tiempos de tramitación?

Esto posiblemente está relacionado a lo comentado en una pregunta anterior, y tiene que ver con que reducir los tiempos de respuesta iniciales de los organismos públicos no necesariamente implica la obtención de un permiso en un tiempo acotado que tenga certeza jurídica y permita realmente realizar las inversiones necesarias para producir.

Si se acotan los tiempos de respuesta sin mejorar la claridad de los requerimientos necesarios para desarrollar un proyecto, y sin entregar mayores recursos a los servicios que deben aprobar los permisos, posiblemente aumente significativamente la tasa de rechazo de dichos permisos. Por otro lado, si se establecen mecanismos que lleven a una respuesta positiva de los servicios en un tiempo acotado (por ejemplo, a través del silencio administrativo), sin solucionar los problemas de judicialización de los derechos socioambientales, posiblemente aumenten fuertemente los casos en la justicia ambiental.

Por ello, es importante no simplificar la discusión simplemente a un problema de tiempos de tramitación. Lo que se requiere es pensar el tema en forma integral.

¿Qué experiencias internacionales podría revisar Chile en este período de discusión?

Creo que hay una serie de iniciativas que se han propuesto en los últimos años. Como comentaba previamente, lo que han avanzado países mineros como Australia, Canadá y los nórdicos dentro de sus agendas de minerales críticos o estratégicos es interesante; lo que se ha aprobado en Argentina bajo la ley RIGI también es digno de analizar. No obstante, cualquier iniciativa requiere considerar las particularidades de nuestro ordenamiento legal y de nuestra industria minera.