![](https://www.elperiodista.cl/wp-content/uploads/2023/11/Hermosilla-750x430.jpeg)
Fiscalía pide prisión preventiva para Luis Hermosilla
La defensa rechazo el cargo de lavado de activos.
En la primera jornada de la audiencia de formalización, ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la fiscalía expuso los delitos que se le imputan a los cinco implicados y pidió la prisión preventiva contra los abogados Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos.
El tribunal seguirá mañana escuchando los alegatos, pero ya decidió dejar con arraigo y prisión domiciliaria a los dos funcionarios públicos de la causa, Patricio Mejías Esparza, funcionario del Servicio de Impuestos Internos a la fecha de los hechos, y a Renato Robles Iturriaga, funcionario de la Tesorería General de la República.
Los imputados en el llamado caso Audios son acusados por cohecho, soborno, lavado de activos e ilícitos de carácter tributario.
Tras varias horas de audiencia y un receso, se determinó que la formalización contra Hermosilla, Villalobos y el cónyuge de esta continuará mañana.
CDE
El Consejo de Defensa del Estado participó también en esta audiencia de formalización que se desarrolla ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
Representado por el consejero Daniel Martorell Correa y el abogado de la Procuraduría Fiscal de Santiago Rodrigo Álvarez Quevedo, el Consejo interviene en la indicada formulación de cargos en su calidad de querellante institucional, imputando delitos consumados y reiterados de soborno al abogado Luis Hermosilla Osorio, a la abogada María Leonarda Villalobos Mutter y al empresario Daniel Sauer Adlerstein, quien no será formalizado en esta oportunidad.
Por otra parte, por medio de la ampliación de su querella, presentada el pasado 19 de agosto, el Consejo atribuye delitos de cohecho consumados y reiterados a Mejías Esparza y a Robles Iturriaga.
El consejero Daniel Martorell señaló que “el Consejo de Defensa del Estado, en su calidad de querellante institucional, hará valer ante el tribunal los antecedentes y argumentos por medio de los que se configuran delitos consumados de cohecho y soborno, cometidos reiteradamente por los imputados, contraviniendo gravemente la probidad pública y, en consecuencia, mermando la confianza en el correcto funcionamiento de las instituciones. Asimismo, consignará aquellos antecedentes que hacen necesario decretar la prisión preventiva respecto de aquellos imputados para los que se solicitará dicha medida cautelar, por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad”.
La formalización, igualmente, dice relación con otros delitos cometidos, referidos a lavado de activos y delitos tributarios.