Destituyen a Gobernadora de Coquimbo por Faltas a la Probidad

La autoridad fue removida de su cargo por mal uso de recursos públicos

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) decidió ayer destituir a la gobernadora regional de Coquimbo, Krist Naranjo, por notable abandono de deberes y graves infracciones a las normas de probidad administrativa.

La autoridad fue removida de su cargo por mal uso de recursos públicos, incluyendo la utilización indebida de un vehículo fiscal para actividades personales y políticas, así como por no rendir cuentas de viajes personales al extranjero.

La sentencia del Tricel subrayó que la conducta de Krist Naranjo «ha sido reprochable, privilegiando intereses personales sobre los generales», en referencia al uso del vehículo fiscal para trasladar a su hijo al supermercado y a la universidad, y para participar en actividades políticas. Este fallo responde a una serie de cargos presentados por 16 consejeros regionales en marzo de 2023, quienes solicitaron la remoción de la autoridad tras constatar varias irregularidades en su gestión.

En su evaluación, el Tricel también tomó en cuenta los viajes internacionales de Naranjo a México, Argentina y Egipto, para los cuales «no presentó los informes correspondientes ni justificación adecuada de los gastos». Además, la tardanza en la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional, con solo un 48,02% del presupuesto ejecutado al 13 de diciembre de 2022, fue considerada como una muestra de gestión ineficiente que afectó negativamente a la comunidad.

La resolución del Tricel ha sido vista como un precedente importante en la región. La diputada Nathalie Castillo (PC) del distrito 5 de Coquimbo, comentó sobre la destitución: «El Tricel ha actuado en consecuencia. En este sentido, Naranjo debe dejar su cargo y por eso ha sentado un precedente: que ninguna autoridad pueda ejercer su rol a costa de abusar del poder».

La sentencia será comunicada al Consejo Regional de Coquimbo, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, al Servicio Electoral y a la Contraloría General de la República, garantizando que se cumplan las decisiones tomadas por el tribunal.

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