Claudio Valencia, director ejecutivo de 1st Quartile Mining: “No va a ser fácil, ni rápida, la reducción de tiempos en los permisos sectoriales”

El experto advierte que acelerar los tiempos de tramitación en los proyectos mineros es urgente por el estancamiento productivo, la pérdida de competitividad, el aumento de costos y la reducción de retornos. Así, el sector se mantiene pendiente de un adecuado resultado en las reformas a la permisología que se discuten en el Congreso.

Recuperar la senda de la inversión es parte de los objetivos que se han propuesto las autoridades para dejar atrás años de pandemia, inflación y desempleo.

En el caso de la minería nacional -pese a que Chile es el mayor productor de cobre- se busca un giro de timón aún más drástico, ya que ha tenido un estancamiento sostenido en la última década.

El Gobierno a comienzos de año anunció las denominadas “reformas a la permisología”, dentro de un paquete de propuestas legislativas. El objetivo es despejar el exceso de burocracia para la aprobación de proyectos de inversión, un asunto que concierne particularmente al sector minero, responsable de iniciativas a gran escala que buscan instalarse en el país.

El director ejecutivo de la consultora 1st Quartile Minining, Claudio Valencia, analiza cuál es el estado actual de la industria minera y reflexiona sobre los impactos que las reformas podrían tener en el sector.

Premura para el sector

¿Cuán grave y urgente es mejorar los parámetros propuestos en las reformas, que en general refieren a una reducción de los tiempos de tramitación de proyectos?

Acelerar los tiempos de tramitación en los proyectos mineros es urgente por varias razones:

Estancamiento del crecimiento, inversión y productividad: En este punto, el Gobierno ha entendido que existe un estancamiento en el crecimiento económico, la inversión y la productividad nacional, los cuales son impactados negativamente por la enorme permisología existente.

Las autoridades reconocen que el crecimiento es una condición necesaria para elevar el nivel de bienestar de la población, que es clave para permitir la implementación de políticas públicas que apunten a una reducción de brechas de desigualdad y una mayor cohesión social, y, por último, qué es necesario para que nuestra economía logre enfrentar de mejor manera los temas ambientales relevantes.

En pérdida de competitividad, los retrasos pueden hacer que un país o una empresa pierda oportunidades frente a competidores en otras regiones mineras donde los procesos de tramitación son más ágiles. Chile ha ido perdiendo competitividad en las últimas décadas frente a otras jurisdicciones.

En mayores costos de capital y menores retornos sobre la inversión, los costos de los proyectos pueden incrementarse significativamente debido a factores como la inflación, costos de financiamiento, y mantenimiento de personal e infraestructura. Los inversionistas mineros en la actualidad buscan un retorno sobre la inversión de al menos 15% (TIR), en un plazo lo más acotado posible. Si los proyectos se demoran, el retorno cae y se retrasa, lo que puede desincentivar las inversiones en el sector.

¿Por qué hay analistas y expertos que plantean que la reforma podría ser un “gatopardo”, en el sentido que de no consiga realmente reducir los tiempos de tramitación?

Como informó el CNEP, hoy existen más de 400 permisos sectoriales para la minería y se requiere la coordinación y aprobación de una enorme cantidad de instituciones gubernamentales.

En ese sentido, hay que solucionar muchísimos ámbitos que impactan en el retraso de los proyectos y el avance en estas materias es complejo. En general, se ha visto buena disposición en el Congreso para avanzar con el proyecto de Ley propuesto por el Gobierno en enero de este año, pero que por la cantidad de elementos que tiene, se va a necesitar mucho tiempo de trabajo legislativo para su aprobación. El proyecto considera crear una ley marco de autorizaciones sectoriales con 71 artículos, modificar 37 leyes y realizar mejoras a 37 servicios y además redactar 25 artículos transitorios.

En definitiva, son tantos ámbitos involucrados que no va a ser fácil, ni rápida, la reducción del tiempo de tramitación en los permisos sectoriales.

¿Qué experiencias internacionales podría revisar Chile en este periodo de discusión?

En el ámbito internacional, se han implementado diversas estrategias de simplificación de permisos que pueden clasificarse de la siguiente manera: mecanismos de tramitación simplificada o fast track de proyectos, instancias de asesoramiento previas a la tramitación del permiso, oficinas de Grandes Proyectos, plataformas digitales de tramitación o ventanillas únicas de tramitación.

Estas estrategias fueron revisadas por la CNEP en el trabajo “Análisis de los permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile”, y algunas de ellas fueron incluidas en las 20 medidas propuestas por la Mesa público-privada de Royalty Minero.

Visión de inversionistas

Desde la perspectiva de los inversionistas, ¿cómo se han percibido las reformas a la permisología planteadas por el Gobierno?

En general, los inversionistas han percibido como muy positivas las propuestas de reformas que buscan acortar los tiempos de tramitación de la “permisología”.

Hoy, el tiempo de tramitación es extremadamente largo, haciendo difícil el desarrollo de los proyectos mineros. La propuesta hoy en la mesa es reducir en un tercio los tiempos actuales de tramitación.

De acuerdo con el estudio “Informe levantamiento línea base proyectos de inversión minera y propuesta de monitoreo” realizado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), hoy un proyecto minero metálico nuevo puede tomar 84 meses (7 años) para la tramitación del EIA y los permisos sectoriales. Si el proyecto nuevo, además, cuenta con relaves u obras hidráulicas asociadas puede tomar 138 meses (11,5 años). Si se le suma el tiempo previo de estudios de exploración, ingeniería y posterior construcción, podemos llegar fácilmente sobre los 15 a 20 años para un proyecto greenfield. Cabe destacar, que la mayoría de los grandes proyectos mineros futuros considera este tipo de obras.

Adicionalmente, de una revisión de proyectos ingresados al SEA entre 2018 y 2022, la CNEP detectó grandes retrasos en algunas instituciones para las revisiones de algunos permisos sectoriales específicos, que finalmente terminaron incidiendo en el tiempo total de tramitación.

Más competidores para Chile

¿Se podría considerar que Chile ha perdido competitividad frente a otros distritos mineros por la falta de eficiencia a la hora de tramitar proyectos de inversión

Efectivamente, Chile ha sufrido un deterioro en su competitividad, aunque creo que no se le puede atribuir todo el problema a la falta de eficiencia a la hora de tramitar los permisos.

Entre 2018 y 2023, la disminución de producción de cobre alcanzó casi el 10% y la participación mundial se redujo de 28,6% a 23,7%. El costo de operación C1 promedio hoy se ubica en el límite del 3er cuartil de costos de la industria mundial.

Respecto de la evolución del costo de los proyectos, hoy la inversión para obtener una tonelada de cobre equivalente en régimen, en promedio, cuesta 3,5 veces más, en términos reales, que lo que costaba en el año 2006.   Lo anterior, se puede atribuir en parte a la menor ley del mineral, pero también a un aumento de las complejidades y exigencias socioambientales que los nuevos proyectos tienen que hacerse cargo en la actualidad.

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El Periodista